El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta nuevas acusaciones de abuso de menores y trata de personas, en medio de una serie de denuncias que sacuden a su país y profundizaron la tensión con el actual mandatario, Luis Arce. Según reveló este martes el medio boliviano El Deber, se lo acusa de haber convivido con cuatro menores de edad durante su estadía en la Argentina, donde residió como refugiado político entre 2019 y 2020, en los primeros años de la gestión de Alberto Fernández.
Angélica Ponce, exdirigente intercultural y cercana al expresidente, viajó repetidas veces a la Argentina junto a otros dirigentes para visitar al exmandatario y fue quien denunció que Morales convivió con cuatro menores de edad en ese período.
Según el medio boliviano, Ponce declaró que en la casa donde se refugiaba Morales, las menores que residían allí parecían desempeñarse como “jefas de gabinete” e incluso “sirvientas”, y afirmó que esta situación era conocida por quienes visitaban el lugar, aunque optaban por no hablar al respecto.
Ponce recordó cómo Morales llegaba a comentar abiertamente que “todos los que querían tener obras le regalaban una niña”, y añadió que ya no es momento de callar. “Nadie puede callar más, Dios nos va a ver,” afirmó.
“La justicia boliviana debe demostrar su compromiso con las víctimas” dijo, y reveló que fue testigo de que Morales compartía la residencia con tres menores de edad y Noemí M., una joven que fue foco de investigaciones previas, luego de que la policía obtuviera fotografías y mensajes de texto que comprometían al exmandatario. Estos mensajes formaron parte de un caso abierto en 2020, cuando Noemí declaró que tenía una relación con Morales. Según informes judiciales, esta relación resultó en un embarazo, que el exmandatario no desmintió.
Ponce fue expulsada en 2022 de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales por presuntamente “difamar” a Morales.
Además de este caso, la Fiscalía vinculó a Morales con otro caso de abuso sexual y trata de una menor de 15 años de la ciudad boliviana de Yacuiba-Tarija, que se alega fue víctima del exmandatario. Esta menor, según las investigaciones, habría viajado frecuentemente a México y a la Argentina para acompañar a Morales, con el consentimiento de sus padres.
La Fiscalía presentó una querella formal el pasado 26 de septiembre, acusándolo de estupro agravado y trata de personas, y emitió órdenes de arresto tanto contra Morales como contra los padres de la joven.
Las autoridades informaron que Morales debía presentarse a declarar en Tarija el pasado 10 de octubre, pero, según su abogado, se negó a hacerlo alegando la violación de sus derechos y afirmó que solo comparecerá en Villa Tunari, su bastión político.
Evo Morales fue declarado refugiado político en Argentina en diciembre de 2019, poco después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia. Morales había renunciado a la presidencia de Bolivia tras las controvertidas elecciones de octubre de ese año y, después una breve estancia en México, se trasladó a Argentina debido a lo que consideraba una persecución política durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, a quien acusaba de perpetrar un golpe de Estado. Durante su tiempo en la Argentina, Morales residió en una casa en el barrio de San Telmo, Buenos Aires.
Protestas
Por su parte, campesinos seguidores de Evo Morales intensificaron este martes los bloqueos de carreteras en Bolivia para evitar su probable arresto por abuso sexual. Según la Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC), se registraron bloqueos en rutas clave que conectan Cochabamba con las principales ciudades del país, como La Paz, Sucre y Santa Cruz.
Los manifestantes, utilizando piedras y otros materiales, interrumpieron el tráfico, y se produjeron enfrentamientos con la Policía en Parotani, donde civiles afines a Morales respondieron con petardos y fogatas, mientras que la policía empleó gases lacrimógenos.
Al menos seis personas fueron detenidas en el marco de estas protestas, lideradas por el Pacto de Unidad, una coalición de organizaciones que respaldan al exmandatario de 64 años. La organización asegura que están movilizándose para “resguardar la libertad e integridad” de Morales, quien calificó las acusaciones como un intento de persecución política.
El gobierno, sin embargo, ha instado a Morales a dialogar, aunque sin éxito hasta el momento. La investigación en curso sigue generando divisiones en el país, reflejando el profundo impacto que el exlíder, convertido ahora en opositor, mantiene en la política boliviana.
