Una franja fronteriza de 86 kilómetros registra una abierta violación de soberanía de suelos argentinos en la banda del río Grande de Tarija, donde productores cañeros de Bolivia avanzan con usurpaciones, desmontes y atropellos a las comunidades originarias que habitan en las serranías occidentales del municipio de General Mosconi, en Salta.
En una docena de catastros rurales del departamento San Martín, intrusos ya desmontaron cerca de 2.500 hectáreas de selva pedemontana habitadas por un centenar de familias de la etnia aba guaraní a las que aterrorizan con armas de fuego, corren con machetes, matan animales y bloquean el acceso a recursos de subsistencia con total impunidad.
La avanzada sobre las riberas salteñas de El Trementinal, Churqui, San Telmo, Volcán, Algarrobito, Media Luna, Aujoncito, Baúles, Porcelana, Polvareda y Chuschal empezó hace 30 años, cuando llegaron a sedes federales las primeras denuncias del retiro de mojones internacionales que abrió paso a las usurpaciones que hoy, ante un Estado ausente en esa desolada geografía, se traduce en el contrabando explícito de alrededor de 150.000 toneladas de caña de azúcar.
El producto de la plantaciones irregulares es cruzado a Bolivia, en cientos de viajes en camiones que aprovechan el estiaje para atravesar el cauce “a piso” por sectores de poca profundidad, con destino a la planta de Industrias Agrícolas de Bermejo (IABSA), el principal Ingenio azucarero de Tarija.
Así lo describe una nueva denuncia que acaba de recaer en la Fiscalía Federal de Orán tras ingresar el pasado 13 de septiembre a la Unidad Fiscal Salta y ser girada inicialmente a la Fiscalía Federal de Tartagal.
La presentación insiste contra inconcebibles atropellos territoriales y de derechos humanos que llevan años sin ser atendidos por organismos competentes en un descuidado y asolado espacio territorial, cultural, ambiental y productivo de 190.000 hectáreas del departamento San Martín.
La denuncia, de la que ya fueron informadas autoridades de la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la cartera de Seguridad de la Nación, es una muestra más de la ocupación irregular que registran los permeables bordes fronterizos de Aguas Blancas, General Mosconi, Aguaray y Salvador Mazza, donde a lo largo de 180 kilómetros de divisoria -mitad seca y mitad fluvial- bandas del contrabando, la trata, el narcotráfico y otros delitos transnacionales se mueven a su antojo.
En las bandas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija -esa cuña en V que parece una punta de flecha hundida desde Bolivia en los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán y San Martín- la presencia de la Prefectura Naval Argentina es nula.
Muy distinto y controvertido es el papel que en la última década ha detentado la Policía Marítima de Bolivia, que en más de una ocasión desembarcó en las márgenes argentinas en apoyo a usurpadores bermejeños encabezados por Horacio Cruz.
Efectivos de esa fuerza, comandados por un tal “Capitán Suárez, no solo invadieron suelos salteños, sino que además amenazaron con encarcelar a referentes de comunidades aba guaraní reconocidas con personería jurídica por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y representadas en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). Su impotente resistencia al avance ilegal de productores cañeros de Bermejo en tierras de la margen oriental del río Grande de Tarija no solo no es acompañada por el Estado argentino, sino que algunos, al otro lado de la línea divisoria, la tratan de “delito”.
¿Qué hacen los titulares registrales de los catastros de la banda del río Grande de Tarija frente a la abierta invasión de esas tierras? En las denuncias se remarca que muchos de los propietarios de los inmuebles usurpados, desmontados y ocupados por cañaverales viven en el sur del país, segun parece, totalmente desinteresados, ya que desde hace años no se los ve en la zona.
Otros, como la empresa Estancia Volcán SA, reiteran denuncias en sedes de la Policía de Salta, sin que se traduzcan en intervenciones concretas. Un catastro puntual, el 996 del departamento San Martín (Algarrobito), espera una exhaustiva revisión a la luz de la ley 26737 de tierras, que estableció desde 2011 expresas restricciones al dominio extranjero de inmuebles de zonas fronterizas.
Y en lo sustancial, también se considera imperioso que la Comisión Nacional de Límites aborde un urgente control de los hitos internacionales, junto a los actuales propietarios de los catastros de la banda del río Grande de Tarija, a quienes se debería intimar en cumplimiento a leyes argentinas, con presencia también de representantes de las comunidades aba guaraní de la zona, en calidad de controladores.
La Cancillería argentina, en este contexto, debería avanzar seriamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en un esclarecimiento bilateral, indubitable y definitivo sobre el límite internacional marcado sobre el meandroso cauce del río Grande de Tarija que, como lo expone un informe oficial del vecino país, se presta para que usurpadores se arroguen el dominio de una inexistente isla en el territorio aba guaraní de El Trementinal.
