Dicen que lo esencial es invisible a los ojos. Con la corrupción parecería que sucede lo mismo. Y es que una vez más, Tucumán Despierta les muestra una nueva contratación por parte del Estado provincial, a favor de una de las empresas de Martín Salas, pareja de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse. Nuevamente, la empresa Logísticas Integrales S.A. o sea “Brillante” resultó beneficiada sin que nadie repare en ello en Tucumán.
Se trata de una verdadera acción de gravedad institucional dónde existiría complicidad de diversos representantes del Estado provincial. Ya no solo se trata de contrataciones millonarias que el gobernador Juan Manzur realiza a través de licitaciones, que no tienen nada de públicas ni nada de transparentes. Y todo sucede ante la vista cada vez más ciega de la justicia local.
Y es que el máximo tribunal de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia, quien tiene de presidenta a la Dra. Claudia Sbdar, no sería ajena de este entramado que se convirtió el sistema de contrataciones de servicios. Y es que la Corte le pagó en tan sólo uno de los contratos, más de 18 millones de pesos por servicios de limpieza, lo que para la fecha en la que la acordada fue firmada (año 2015), el valor del contrato ascendía a la friolera suma de USD 1.044.842.
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Y tal como se señaló en este medio, la razón de este desembolso con destino a la empresa, pasa apenas por la limpieza de los espacios comunes de los tribunales, es decir, pasillos, baños, etc,, pero no incluye a las oficinas. Cabe destacar que la suma está sobredimensionada para el trabajo que realiza la empresa contratada. Pero el problema es de raíz, atendiendo que la ley prohíbe explícitamente este tipo de vínculo.
“No podrán ser admitidos para contratar los deudores morosos de la Provincia y aquellos que no hubieren dado cumplimiento satisfactorio a contratos celebrados anteriormente con cualquier repartición nacional, provincial o municipal en forma reiterada”, reza la norma. La ironía se desprende del hecho de que la empresa de la ministra Carolina Vargas Aignasse y su pareja Martín Salas ganan prácticamente todas las licitaciones a las que se presentan en cada ámbito del Estado, recordamos que esta empresa realiza la limpieza de la Dirección de Rentas de la Provincia, Ministerio de Economía, Ministerio Público Fiscal, Tribunales provinciales y otros edificios públicos.
La ley en cuestión señala también que “asimismo no podrán ser proponentes, contratistas o representantes técnicos de obras públicas quienes desempeñen cargos rentados en la administración provincial o aquellos que desempeñen cargos nacionales o municipales, cuando por su jerarquía y funciones puedan desvirtuar los principios de contratación pública, con excepción de los cargos docentes”.
Es notable la ironía inescrupulosa con que la Justicia incumple su rol de velar por el cumplimiento de la ley, cuando ella misma la viola de forma sistemática con el único objetivo que sería el de favorecer a las empresas de la pareja de la ministra Carolina Vargas Aignasse y de esta forma, la ministra de “Justicia” provincial incrementa a pasos agigantados su patrimonio. Pero el peor ejemplo lo da el titular del Poder Ejecutivo, Juan Manzur, y lo hace de forma reiterada.
Reglamento de Compras y Contrataciones Vigente de la Provincia de Tucumán
La violación de la ley es contundente y la forma de hacerla es notablemente grave considerando el reglamento, que en el Artículo 108, expresa textualmente sobre que no podrán contratar con el Estado “los agentes y funcionarios al servicio del Estado y las firmas integradas total o parcialmente por los mismos”. Cosa que se incumple en la empresa Logísticas Integrales S.A. o Brillante.
Porque el dueño es Martín Salas, que es la pareja de Carolina Vargas Aignasse, que ocupa un cargo de alto nivel como funcionaria provincial, Ministra de Gobierno y Justicia. En lo que hace a las exigencias a cumplir por los oferentes, el artículo 4 dice claramente y de forma contundente quiénes podrán convertirse en oferentes para poder trabajar con el Estado.
“Podrán ser oferentes todas las Personas Físicas o Jurídicas con capacidad legal para obligarse, que “no” se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Art. 108 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial, que constituyan Domicilio Especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que hagan expresa renuncia al Fuero Federal y que manifiesten su voluntad de someterse a los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán”.
“Las Personas Jurídicas deberán acreditar su existencia mediante instrumento suficiente, conforme la Ley de Procedimientos Administrativos N° 4537 y modificatorias”, reza la norma. Pero a este entramado le hace falta un actor más y cuyo papel es clave para que la maquinaria del Estado provincial funcione. Se trata del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que estaría violando todas sus funciones.
¿Acaso el Presidente del Tribunal, C.P.N. Miguel Chaiben Terraf, el Vocal 1, C.P.N. Marcelo Vidal y el Vocal 2, Dr. Sergio Díaz Ricci, desconocen las claras funciones que tiene el tribunal que integran?. Por las dudas se las recordamos:
El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo y fiscalización del empleo de recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales.
Es un órgano constitucional investido de plena independencia y autonomía funcional y de legitimación activa y pasiva en materia de su competencia.
El control se realiza sobre la totalidad del sector público del Estado Provincial. Comprende a los tres poderes del Estado: Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, incluyendo sus organismos descentralizados y entes autárquicos. Respecto de las 93 Comunas Rurales sólo realiza control posterior con Rendiciones de cuenta bimestrales. No tiene competencia sobre las 19 municipalidades.
Asimismo, los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
Tanto el gobernador Juan Manzur, como la Corte Suprema de Justicia de la provincia, vienen otorgándoles a la pareja pagos millonarios a través de la contratación ilegal de sus empresas, por tratarse de una funcionaria de alto rango que integra la administración que Juan Manzur encabeza.
Por acción u omisión, estaría clara la participación del Tribunal de Cuentas, que ampararía estas contrataciones, en vez de controlar y hacer cumplir la ley, rechazándolas de pleno por tratarse de empresas ligadas directamente a la Ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Carolina Vargas Aignasse, pero este tribunal aprueba todas las contrataciones “sin observaciones” y de esta forma se realizan los pagos de las arcas de la provincia a los bolsillos de la ministra y su pareja. En este último caso, el Poder Ejecutivo aprobó la Licitación Pública N° 04/2018 con el que se contrató un servicio de limpieza y mantenimiento diario destinado a la Secretaría de Estado y Hacienda. El presupuesto estimado asciende a la suma de $1.950.181,20.
El Código Penal es claro y contundente en relación artículo 265, que expresa que “será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga”.
Este artículo del Código Penal correspondería aplicarlo a todos los que participan en estas contrataciones.
Ahora la pregunta que se hacen los tucumanos son muchas, citamos algunas:
¿Por qué si estas publicaciones tomaron estado público, la justicia “no actúa”?
¿Por qué la Corte Suprema de la provincia, máximo tribunal para hacer cumplir las leyes, las viola y contrata las empresas ligadas a la ministra Vargas Aignasse por cifras varias veces millonarias?
¿Por qué el Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo de contralor del erario público, aprueba sin observaciones los expedientes, permitiendo de esta forma, que se lleven a cabo estas maniobras ilícitas?
¿Por qué el gobernador de la provincia Juan Manzur, que debe velar por los tucumanos, cuidándolos y protegiéndolos, aprueba todas estas contrataciones?
¿Por qué ningún fiscal actúa de oficio y empieza de inmediato la investigación correspondiente?
Muchos son los interrogantes que todos estos funcionarios públicos tendrían que responder, Tucumán Despierta solicitará en los próximos días entrevistas con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Claudia Sbdar, con las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia, C.P.N. Miguel Chaiben Terraf, el Vocal 1, C.P.N. Marcelo Vidal y el Vocal 2, Dr. Sergio Díaz Ricci, con la Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia, Carolina Vargas Aignasse y demás responsables intervinientes de estas contrataciones.
Publicaremos todo lo que tengan que decir sobre estas contrataciones irregulares, si es que tuvieran algo que decir y si lógicamente somos recibidos. Desde Tucumán Despierta, no dudamos de poder avanzar con este trabajo de investigación, dónde estaría siendo vulnerado el erario público, al fin y al cabo es “información pública”, y todos los ciudadanos tienen derecho a informarse (es un Derecho Humano) y estos empleados públicos, de mayor o menor jerarquía, tienen la obligación de informar sobre sus actos, porque su sueldo es pagado por cada uno de los tucumanos.
