Inicio Política Local “Brillante”…los negocios de la Ministra Vargas Aignasse y la Corte

“Brillante”…los negocios de la Ministra Vargas Aignasse y la Corte

Como no alcanzaba con Manzur, la Corte Suprema de Tucumán también aporta para que Carolina Vargas Aignasse incremente sus millones.

Claudia Sbdar - Carolina Vargas Aignasse

La Justicia no es ciega ni imparcial cuando de favorecer a la Ministra de Justicia de la Provincia Dra. Carolina Vargas Aignasse se trata. Y se trata del peor de los favores que se pueda hacer de cara al pueblo: el de enriquecerla”. Pero, además, como si eso no fuera suficiente, la favorece beneficiando siempre a la empresa Logísticas Integrales S.A., la que tiene como titular a Martín Salas, es decir, la pareja de la ministra. En realidad, un verdadero prestanombre de su propia esposa.

Así lo demuestra la acordada adjunta en esta nota, mediante la cual queda demostrado que la Corte Suprema de Tucumán contrató por medio de licitación pública a la mencionada compañía. La pregunta que el pueblo tucumano debe hacerse y el Estado provincial responder es por qué siempre sale beneficiada la misma empresa cuyo dueño es Martín Salas, la pareja de la ministra Carolina Vargas Aignasse. Pero el actuar escandaloso no concluye allí.

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Y es que resulta que la Corte Suprema de la Provincia, le dio la extraordinaria suma de $18.284.745 (pesos dieciocho millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco), por un contrato de limpieza, lo que para la fecha en la que la acordada fue firmada (año 2015), el valor del contrato ascendía a la friolera suma de USD 1.044.842 (DÓLARES un millón cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos). La suma escandaliza por el monto, pero esa no es la mayor ofensa al pueblo. Porque la razón de este desembolso con destino a la empresa, pasa apenas por la limpieza de los espacios comunes de los tribunales, es decir, pasillos, baños, etc, pero no incluye a las oficinas.

Cabe destacar que la suma está sobredimensionada para el trabajo que realiza la empresa contratada. Pero el problema es de raíz, atendiendo que la ley prohíbe explícitamente este tipo de vínculo. “No podrán ser admitidos para contratar los deudores morosos de la Provincia y aquellos que no hubieren dado cumplimiento satisfactorio a contratos celebrados anteriormente con cualquier repartición nacional, provincial o municipal en forma reiterada”, reza la norma.

“Asimismo no podrán ser proponentes, contratistas o representantes técnicos de obras públicas quienes desempeñen cargos rentados en la administración provincial o aquellos que desempeñen cargos nacionales o municipales, cuando por su jerarquía y funciones puedan desvirtuar los principios de contratación pública, con excepción de los cargos docentes”, señala finalmente la ley.

Es notable la ironía inescrupulosa con que la Justicia incumple su rol de velar por el cumplimiento de la ley, cuando ella misma la viola de forma sistemática con el único objetivo de favorecer a las empresas de la pareja de la ministra Vargas Aignasse y de esta forma, la ministra de “Justicia” provincial incrementa a pasos agigantados su patrimonio. El modus operandi es harto conocido: licitación a la que se presenta cualquier empresa a nombre de Martín Salas, “gana una y otra vez”. Pero la Corte no es el único eslabón del Estado que cumple con la función contraria a la que fue creada.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia

El Tribunal de Cuentas de la Provincia también contribuye a esto, incumpliendo la ley en los casos en los que avala todas las licitaciones y contrataciones directas que realiza el Estado con las empresas de Carolina Vargas Aignasse y Martín Salas. La Carta Magna de Tucumán, es decir, la Constitución Provincial establece de forma clara en el Artículo 78 que “el Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo y fiscalización del empleo de recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales”.

En esa línea, “goza de plena independencia y autonomía funcional y de legitimación activa y pasiva en materia de su competencia. Dicta su propio reglamento de funcionamiento y de procedimientos para el ejercicio de sus facultades. Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas”. La definición es categórica, pero, una vez más, no se cumple.

Porque este Tribunal de Cuentas de la Provincia avala todo?. Ya el mes pasado, Tucumán Despierta, el único medio que sigue desde el comienzo el incremento patrimonial y como se ve favorecida desde el Estado Provincial  la ministra Carolina Vargas Aignasse y su pareja, Martín Salas, dio cuenta de que el gobernador Juan Manzur le pagó una suma millonaria a la pareja bajo el concepto de “publicidad oficial”. La cifra se ubica en los $2.015.015,40 tan solo por la difusión de la propaganda gubernamental durante apenas 30 días.

La suma millonaria fue a parar a Radiodifusora Independencia S.R.L. En aquél momento, vaya sorpresa, la pareja de Carolina Vargas Aignasse, Martín Salas era el presidente y director de esa empresa. El momento del que hablamos fue el comprendido entre el 23 de mayo al 23 junio del año 2018. Un accionar a toda vista ilegal que el Tribunal de Cuentas dejó pasar e hizo la vista gorda con total impunidad como está claro.

¿Acaso no tendrán claro el Presidente del tribunal, C.P.N. Miguel Chaiben Terraf, el Vocal 1, C.P.N. Marcelo Vidal y el Vocal 2, Dr. Sergio Díaz Ricci que el gobernador le viene otorgando a la pareja pagos millonarios a través de la contratación ilegal de sus empresas por tratarse de una funcionaria de alto rango que integra la administración que Manzur encabeza? ¿Acaso entenderán lo que significan los “Negocios Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública?

No les vendría mal repasar lo que indica el Código Penal con respecto al Art. 265:
“será reprimido con reclusión o de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga”.

 Una vez más, no hace falta que cambie la ley, se necesita que cambien de actitud los que deberían hacerla cumplir.