Desde el inicio de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo los giros discrecionales a los municipios prácticamente desaparecieron del Boletín Oficial (BO). A diferencias de años anteriores, dejaron de figurar cada mes múltiples decretos por sumas significativas que -según se consignaba- se autorizaban para obras públicas a través del Ministerio del Interior. De todos modos, desde hace medio año, la Provincia viene asistiendo a un único distrito municipal con fondos no reintegrables por un total de $190 millones: Burruyacu. Se interpreta que se busca así garantizar la paz social en Tucumán, dado que los dineros se otorgan para el pago de planilla salarial.
Desde marzo, la Casa de Gobierno gira mensualmente al menos $30 millones para el municipio que administra el peronista Jorge Leal destinados para el pago de la planilla salarial. Burruyacu es una de las seis jurisdicciones que se encuentra fuera del Acuerdo Fiscal Municipal, un convenio semestral (conocido como Pacto Social) mediante el cual los intendentes firmantes ceden todos los recursos que le corresponden por coparticipación nacional y provincial a cambio del pago de que la Provincia garantice el pago de salarios en tiempo y forma, aguinaldo, recursos de funcionamiento y algún dinero para una obra menor.
El primero de los decretos (N° 746/3) data de 21 de marzo. En él se plasma que la Municipalidad de Burruyacu gestiona $30 millones en carácter de aporte financiero no reintegrable “para poder cumplir con los incrementos salariales otorgados por el Gobierno Provincial”. A partir del decreto de fines de abril (N° 1.110/3) se consigna que los dineros están destinados al pago de la planilla salarial, también por $30 millones, algo igual que con los documentos N° 1.553/3 (mayo), N° 1.882/3 (junio) y N° 2.107/3 (julio). En tanto que en el Decreto N° 2.535/3, del 13 de agosto, el monto se incrementa a $40 millones, aunque bajo idéntico concepto.
Consultado, el ministro del Interior Darío Monteros admitió que el Poder Ejecutivo sale al rescate de algunos municipios cuando los intendentes solicitan la ayuda financiera de la Provincia, como fue el caso de Leal. “La gestión del gobernador Osvaldo Jaldo está abierta a asistir a aquellos distritos que lo requieran para atender contingencias financieras”, manifestó. Además de Burruyacu, se encuentran fuera de todo tipo de convenios con la Provincia Concepción (salió recientemente) y San Miguel de Tucumán.
Favorecido en 2023
Hasta el año pasado, la controversia envolvió siempre a los aportes no reintegrables que la Provincia giraba a los municipios y por aquel entonces también tuvo a Burruyacu como protagonista. En los primeros ocho meses de 2023 se habían publicado 53 decretos por aportes no reintegrables para municipios y comunas por un total de $11.853 millones. Según dichos instrumentos, el distrito más favorecido con este tipo de desembolsos fue la Municipalidad de Burruyacu (considerada de tercera categoría) con $1.880 millones, un 15,86% del total de los dineros que se giraron.
En el extremo contrario, sin aportes no reintegrables hasta entonces, se encontraban los municipios de Bella Vista, Concepción, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, que eran administrados por Juntos por el Cambio. En el lote “en cero” también se encontraba Alderetes, distrito del Frente de Todos.
Acusaciones cruzadas
La polémica por la distribución de fondos no reintegrables para municipios del interior escaló a mediados de 2022 luego de un informe publicado por este diario. Intendentes alineados en Juntos por el Cambio solicitaron que se expliquen cuáles son los criterios que se siguen para que distritos de menor jerarquía (escala determinada por la Ley 5.530) reciban más asistencias no reintegrables que otros de mayor jerarquía. Referentes radicales habían criticado entonces que se favorecía a distritos del mismo signo político de modo discrecional. Autoridades del Gobierno respondieron entonces que “no hay ningún tipo de discriminación” hacia distritos administrados por la oposición, remarcaron que se asiste a los municipios a través del Pacto Social y que ese tipo de fondos se otorgan en función de los pedidos y las necesidades de los intendentes, no por la categorización de los distritos.
Nuevo acuerdo y roces
Recientemente hubo también cruces y polémica por los fondos que gira la Provincia a los municipios a través del Acuerdo Fiscal Municipal. Generó malestar en Tafí Viejo y en Yerba Buena, los dos distritos más poblados de Tucumán, el hecho de conocer que Banda del Río Salí (tercero en cantidad de habitantes) sea el municipio más favorecido con recursos públicos. Discrecionalidad y arbitrariedad fueron los términos que eligieron. Incluso se llegó a decir que el criterio del Pacto Fiscal está “apartado de la legalidad”. La Provincia, en tanto, explicó entonces que la planilla salarial es el principal factor que se considera para el envío de recursos y que es un error interpretarlo de otro modo. De todas formas, no se precisaron cuántos empleados tiene cada municipio.
