La presencia de efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional en el penal de Villa Urquiza generó revuelo dentro y fuera de los muros de la prisión.
Los hombres fuertemente armados se presentaron con el fiscal federal Pablo Camuña cerca de las 8, cuando los internos ya se encontraban levantados. Después de esperar un par de minutos, la comitiva de la Justicia Federal logró ingresar al presidio y, durante más de siete horas, buscar documentación administrativa que podría ser útil para las causas que se iniciaron con la denuncia que realizaron varios de los internos respecto de la presunta venta de drogas dentro de la penitenciaría, que involucra a los guardiacárceles.
Al instante, los celulares de funcionarios del ministerio de Seguridad comenzaron a sonar insistentemente, por lo que la reunión que mantenían para tratar el presupuesto del área tuvo que suspenderse. Luego de una brevísima charla, ordenaron que se abrieran las puertas y que se entregaran todo los papeles que pidieran las autoridades judiciales.
Con esa respuesta, y después de que se acordara que los efectivos no entrarían armados al penal por cuestiones de seguridad, los investigadores ingresaron a las oficinas administrativas. El despliegue de hombres no alteró la paz en las unidades, pero sí elevó hasta las nubes el nivel de curiosidad de los internos.
“Fue todo un revuelo maestro. Todos empezaron a delirar con cualquiera. Fue un espectáculo verlos a correr a varios. Otros pensaron mal y empezaron a convencerse de que no habían hecho nada malo”, informó Carlos en un mensaje de WhatsApp que envió a LA GACETA.
Según confirmaron fuentes judiciales, Camuña, que estuvo presente durante toda la realización de la medida, pidió que se secuestrara una parte de la documentación administrativa y que se digitilazara la otra. “Debemos analizar todo lo que conseguimos antes de sacar cualquier conclusión”, le dijo el fiscal federal a este diario.
La causa
La Justicia Federal está investigando tres causas en las que fue denunciado el personal del Servicio Penitenciario por la presunta venta de drogas en el interior del penal. Pero esta medida se desarrolló en el marco del expediente la que varios internos declararon haber sido torturados por negarse a vender la cocaína y la marihuana que supuestamente les entregaban los guardiacárceles.
La trama de esta historia comenzó a develarse en enero pasado, cuando Gustavo Giri y Atanacio Ledesma denunciaron públicamente que habían sido torturados por negarse a vender drogas en el penal. Tanto la Justicia ordinaria como la Federal confirmaron sus dichos con exámenes médicos. Los funcionarios judiciales locales ordenaron una pesquisa por apremios; mientras que los nacionales, por tráfico de estupefacientes. Todos, con diferentes oficios y planteos, ordenaron que fueran protegidos.
Ambos reclusos solicitaron ampliar su denuncia ante el fiscal federal Camuña, medida que se concretó en mayo pasado. En sus presentaciones, denunciaron que recibían amenazas y que eran víctimas de apremios ilegales por parte de los guardias del penal. El investigador, con la aprobación del juez Daniel Bejas, pidió nuevamente protección para ambos.
El camarista Pedro Roldán Vázquez, que tenía a su cargo a Giri, mediante un oficio pidió que el preso sea trasladado a la seccional 1ª. Al no cumplirse su orden, el magistrado se presentó en el penal. Allí, el reo denunció que había sido castigado, por lo que el problema se agravó aún más. Los dos denunciantes fueron trasladados a un destacamento que la Policía tiene en el sur de la ciudad.
Después de que se conociera el caso, hubo otra grave denuncia: un reo se presentó en la Justicia para confirmar que había sido abusado por un compañero de encierro por no haber aceptado comercializar drogas.
Cambios
Las denuncias que realizaron los reclusos tuvieron sus consecuencias. En la Justicia se vivieron momentos de tensión luego de que se conociera las denuncias. El juez de Ejecución y Sentencias Roberto Guyot quedó en el centro de la polémica y, por los cuestionamientos, debió excusarse en todas las causas en los que estaban mencionados los denunciantes. La secretaría del juzgado, María Nazaret Rodríguez Ponce de León, fue trasladada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
El ministerio de Seguridad también se vio obligado a realizar varios cambios. Carina Assad, investigada por el presunto tráfico de estupefacientes dentro del penal de Concepción, se vio obligada a renunciar a su cargo de subsecretaria de Servicios Penitenciarios luego de que la jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched la denunciara públicamente.
El ministerio de Seguridad de la Nación, al enterarse que la funcionaria renunciante le había mandado un mensaje intimidante a la magistrada, le ofreció custodia permanente.
Los presos que aparecen en el expediente también señalaron a la funcionaria como responsable de haber ordenado la golpiza en su contra. El cargo que dejó vacante nunca fue cubierto.
