Cambios, críticas y más de $9000 millones de presupuesto para los servicios de inteligencia de Fernández

Su sede central perdura. Las operaciones encubiertas, también. Cambió su nombre, perdió poder y atrás quedaron muchos de sus mejores (y peores) agentes, jubilados o muertos. Pero todavía la rodean el misterio y las sospechas. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ya no es la vieja SIDE, coinciden una decena de críticos y defensores consultados por LA NACION. La casa de los espías se encuentra desarticulada o en transición, según a quién se escuche. En busca de su destino.

Empecemos por lo básico. Su casa matriz sigue a metros de la Casa Rosada. Operativa y en expansión. Hace un tiempo, los espías buscaron ampliarse al edificio contiguo, con suerte dispar. Algunos dueños no quisieron vender; en particular los que estaban a la altura de las oficinas del “señor 5″, que mantiene su oficina en el José Hernández, un edificio de ventanas espejadas sobre la calle 25 de Mayo que se distingue por lo previsible: custodios en la vereda, autos con vidrios polarizados que entran y salen, una bandera y una placa de bronce junto a la puerta principal y varias cámaras de vigilancia.

Más relevante, la AFI cuenta este año con un presupuesto de $9258 millones, un 69,4% más que en 2022, pero 30 puntos porcentuales por debajo de la inflación. De esa partida, algo más de $7000 millones se destinarán a sueldos y asistencia social de su personal. Otros $400 millones a “bienes de consumo” (como vestuario, papel, cartonería y combustibles), de los que $226 millones se van en un inasible “otros”. Al rubro “bienes de uso”, como maquinarias y equipos, se destinan $588 millones, de los que “activos intangibles” se llevan $48,8 millones. Y $1220 millones a “servicios no personales”, como limpieza, pasajes, viáticos, servicios técnicos y profesionales que incluyen otro grisáceo “otros” por $651 millones.

Eso es, claro, lo que se pone por escrito. Porque a esos números del presupuesto nacional a los que accedió LA NACION hay que añadirles millones más en fondos reservados, por un monto secreto, que se destinan a las operaciones encubiertas que contadísimas veces salen a la luz. Como en septiembre de 2021, cuando tres agentes de la AFI terminaron detenidos por la policía porteña mientras seguían a una secretaria de la embajada de Irán que los detectó, a bordo de un Volkswagen Bora. ¿Conclusión? Los tres espías terminaron con una causa penal en los tribunales federales de Comodoro Py.

Para los críticos, ese episodio demuestra cuán mal está la AFI. “Los mandás a espiar y mueven la rama”, ironizó ante la consulta de LA NACION un veterano de esas lides que pidió resguardar su nombre para evitarse el riesgo de una eventual denuncia por violar la ley de inteligencia nacional. Pero para sus defensores -que también pidieron el off the record– aquello fue apenas un “traspié” entre muchos aciertos. “Solo diré que hay operaciones de seguridad nacional que no trascienden”, acotó.

El número exacto de agentes y empleados de la AFI también es reservado. Algunos arriesgan que ronda las 1500 personas, un número que abarcaría a toda su planta, administrativos incluidos, analistas de “inteligencia estratégica” y agentes “de calle”, que se sienten una especie acorralada y en extinción.

“La AFI registró tres grandes pérdidas durante los últimos años”, evaluó una fuente con más de tres décadas en estas lides. “La primera fue la pérdida de personal, que se llevó sus conocimientos al sector privado o a la tumba; la segunda fue la pérdida de confianza, que se agudizó con el anterior gobierno [de Mauricio Macri] cuando se castigó a los de abajo y se protegió a los que dieron las órdenes [de espionaje ilegal], provocando un corte en la cadena de mandos y una enorme desconfianza”, afirmó. ¿La tercera? “La del sentido de misión, que ocurrió con el ingreso de [la primera interventora de este gobierno, Cristina] Caamaño”.

Junto al segundo interventor de la AFI y ahora flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, rechazan esa última “pérdida”. Prefieren hablar de “transición”. “La AFI mantiene ciertos ejes, como la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico, pero ahora refuerza la ‘inteligencia estratégica’, destinada a proveer información de calidad al Presidente sobre asuntos relevantes”, indicó un colaborador de Rossi a LA NACION.

Como muestra basta un botón: en el primer número de la flamante revista de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), sus cinco artículos centrales versaron sobre distintas facetas de ese mismo concepto: la “inteligencia estratégica”. Es decir, en línea con una de las tareas que en Estados Unidos desarrolla la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que la combina con sus roles más “tradicionales”, como las operaciones encubiertas y el intercambio de información sobre amenazas con otras agencias similares de todo el mundo.

“Ese intercambio puede ser sobre células de terrorismo islámico en la región, pero también sobre la aparición de grupos violentos de extrema derecha”, graficaron junto a Rossi. “En poco tiempo tuvimos el ataque al Capitolio y el intento de asesinato del marido de Nancy Pelosi en Estados Unidos, el complot para un golpe de Estado en Alemania, el asesinato del expremier [Shinzo Abe] en Japón, el intento de asesinato de Cristina [Fernández de Kirchner] y lo que ocurrió en Brasil en cuanto asumió Lula. ¡Tenemos que abordar eso!”.

Las normas

Pero la legislación actual acota las maniobras de la AFI. Para bien y para mal, coinciden críticos y defensores. Así fue como el organismo dejó de funcionar como “auxiliar de la Justicia” en sus investigaciones y se sacó de encima las escuchas telefónicas. Todo eso acotó sus márgenes para el espionaje ilegal con, por ejemplo, las “precausas”. Es decir, legajos secretos que se abrían con la complicidad de un juez para “peinar” objetivos como políticos, empresarios o periodistas durante meses para luego, hallado lo que buscaban, destruir esos legajos.

Antonio “Jaime” Stiuso fue un as en esas lides desde el menemismo, al igual que su archirrival, Fernando Pocino, mientras que otros sindican al exjefe del Ejército César Milani como el heredero de ambos en la etapa final de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ya en tiempos de Macri el abordaje fue más torpe, con el grupo “Super Mario Bros” como ícono.

“El ‘modelo Stiuso’ de la AFI como ‘policía secreta’ es lo que quedó atrás”, reconoció un experto ajeno a oficialistas y opositores. “El desafío pasa ahora por articular un verdadero sistema de inteligencia donde cada parte cumpla su rol de manera eficaz y coordinada”.

¿En español? Que la AFI se aboque a las funciones que le asigna la ley, en coordinación con las áreas de inteligencia criminal de la Policía Federal, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario, la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y las direcciones de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, para luego, de ser necesario, tomar medidas propias o alertar sobre sus hallazgos a la Casa Rosada o a la Justicia.

Para sus críticos, entre ellos quienes integran por la oposición la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia –Cristian Ritondo, Miguel Bazze, Alfredo Cornejo, Daniel Kroneberger, Gerardo Milman e Ignacio Torres-, la AFI está lejos de alcanzar ese ideal. “No previene nada, ni el ingreso de rusas embarazadas a la Argentina, ni el arribo de un avión venezolano con tripulantes iraníes, ni nada de lo que ocurre en Rosario con el narcotráfico”, lamentó uno de ellos ante LA NACION.

Cerca de Rossi rechazan esa visión. “Hay límites y roles que impone la ley nacional de inteligencia. ¿Las mujeres rusas? Es un tema migratorio. ¿Avión iraní? Fue una alerta de seguridad vía el FBI, cuyo canal de comunicación regular es la [Policía] Federal. ¿Revolución Federal? Avanzamos hasta donde pudimos, con un primer análisis y una denuncia penal, pero sin ningún ‘servicio de calle’ porque la ley nos prohíbe la ‘inteligencia doméstica’. Puede gustar o no, pero es lo que es”.

La AFI, el sistema nacional de inteligencia con todas sus ramas, sin embargo, no agota las opciones de espionaje en la Argentina. Por unos pocos (o muchos) billetes de dólar invertidos en ciertas consultoras privadas es posible escuchar, hackear o seguir a quien sea. Ejemplos sobran. Uno de los más recientes fue la filtración ilegal de los mensajes que cruzaron jueces, un fiscal y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido. Es decir, una operación de inteligencia que el presidente Alberto Fernández invocó por cadena nacional para iniciar un nuevo ataque contra el Poder Judicial.

Desde el bloque oficialista de la comisión bicameral que preside Leopoldo Moreau defienden, de todos modos, lo que calificaron como los logros de los últimos años. “Hoy, al menos, nadie puede ser señalado como ‘el dueño’ del sistema de inteligencia, como lo fue Stiuso en su momento”, indicó un legislador a LA NACION. “Y la AFI no estará en su mejor momento, pero tampoco le causa problemas al Gobierno, ni nadie puede denunciar que lo están espiando. No es mucho, pero tampoco es poco”.