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¿Cambios en seguridad?

Se estarían analizando nuevos nombres dentro de la estructura de seguridad, para lograr detener el delito en nuestra provincia.

Imagen ilustrativa (cafeprensa)
Descacharreo

La inseguridad no brinda tregua en Tucumán y a diario se registran delitos de todo tipo, junto con otro tipo de accionar que no hace más que evidenciar el deterioro social en el que está inmerso la sociedad local. Desde supuestos justicieros por mano propia que se encargan de castigar a ladrones y los abusan sexualmente, pasando por ex miembros de las fuerzas de seguridad que disparan escopetas en medio de disputas por usurpaciones.

La anomia social se ha vuelto un lamentable paisaje en el horizonte de una provincia que ve como la sangre de los inocentes se derrama casi a diario por las calles. Una encuesta reciente dio cuenta de que, aún en medio de una pandemia como la actual, sigue siendo la inseguridad el tema que se encuentra en el tope de la lista de preocupaciones de los ciudadanos locales.

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Luego del brutal asesinato de una mujer en manos de tres motoarrebatadores durante el pasado fin de semana, los políticos apenas realizan movimientos como para que dé la impresión de que se ocupan de esta temática. Intentar profesionalizar a los agentes de las fuerzas de seguridad locales continúan siendo apenas una quimera teniendo en cuenta que son efectivos policiales a los que se les escapan los presos de sus comisarías.

Otro tanto ocurre con la implementación de la declamada tecnología a la hora de combatir el crimen o realizar tareas de prevención. Esta pretensión se da de bruces contra el suelo cuando la semana pasada, el Gobierno local debió salir corriendo a intentar brindarles mejoras a los efectivos de la Policía de Tucumán. Y es que el temor de que se replicara lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires puso tensos a los funcionarios.

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Mientras tanto, se viralizan videos en los que se puede ver a comisarios en medio de fiestas clandestinas, a pesar de la prohibición que rige en nuestro territorio a la hora de llevar a cabo algún tipo de reunión familiar o con amigos. Si las reglas se rompen por parte de quienes debieran hacerlas cumplir, la suerte de la sociedad está echada. ¿Con qué autoridad pueden exigir los funcionarios públicos el apego a las normas?

La violencia de arriba engendra la violencia de los de abajo, reza un refrán, y cuando el país pudo observar algunos de los episodios que cometió la Policía de Tucumán en los últimos años, la frase se vuelve cierta. Y es que casos como el de Facundo Ferreira o el de Luis Espinoza resuenan sin que la Justicia llegue en tiempo y forma para aquellos familiares que perdieron a sus seres queridos a manos de los efectivos de seguridad locales.

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En ese marco, el Poder Judicial se halla más preocupado en poder sortear la tormenta del caso Leiva – Pedicone, que en brindar una solución a esa puerta giratoria en la que se convirtieron las cárceles para los delincuentes y asesinos que hasta se dieron el lujo de volver a sus casas con la excusa de la pandemia. Tucumán y los ciudadanos que la integran merecen representantes institucionales mejores que los actuales para enfrentar el flagelo de la inseguridad.

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