El caso de la camioneta extraviada del patrimonio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo. La subdirección de Control de Sumarios de la Fiscalía Municipal rechazó el planteo de nulidad contra el proceso administrativo que había formulado Ana González, ex directora Deportes entre 2016 y octubre de 2019. Además, se citó otra vez a la actual concejala del alfarismo a prestar declaración el próximo lunes, a las 7.30, para brindar explicaciones ante los instructores.
En una primera instancia, González había sido notificada para presentarse el martes pasado en las oficinas de la subdirección de Control de Sumarios. Pero la edil respondió con un escrito en el que, por un lado, requería la nulidad del trámite en curso por no haber tenido oportunidad de controlar la producción de las pruebas; y, por otro, advertía sobre una supuesta persecución política en su contra de parte de la administración de la intendenta Rossana Chahla debido a su rol de opositora (integra la bancada alineada al ex intendente Germán Alfaro y rechazó la aprobación del Presupuesto 2024).
Sin embargo, la Fiscalía Municipal ratificó la continuidad del expediente originado a través del decreto 0199/SC/2024 para investigar “las irregularidades detectadas en la Dirección de Deportes y Recreación (…) en relación a los inventarios de bienes correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022”.
En el municipio refutaron la postura de González, al señalar que el proceso administrativo “se encuentra debidamente fundado” y se encuentra en línea con las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). “El acto atacado no contiene un pronunciamiento definitivo, sino que trata de una medida preparatoria”, consignó la Fiscalía Municipal en el escrito firmado por el abogado Carlos Alberto Terán. Además, se indicó que la citación a declarar a González constituyó “la vía procedimental idónea” para que la ex directora de Deportes acceda a las actuaciones, exponga su postura y ofrezca las pruebas que considere. “No se advierte en tal caso violación alguna al debido proceso ni conculcación de ninguna especie al derecho de defensa de la presentante”, enfatizó el municipio en la nueva convocatoria a la concejal alfarista.
El caso
Aunque obtuvo una banca como edil en 2023, González debe afrontar el sumario porque es empleada de planta del municipio.
En el expediente, se le observan supuestas anomalías en las declaraciones anuales de inventarios de la Dirección de Deportes. De esos tres años, lo que sobresale es el incierto destino de una camioneta Chevrolet LUV, dominio BVT-224.
Las normas imponen a los responsables de área la confección de un inventario de bienes, con las altas y bajas, que debe ser elevado anualmente a la Contaduría General municipal.
Lo que a lo largo de la instrucción declararon los empleados sumariados junto a González es que el vehículo no está, y que incluso hay una planilla con la baja de esa camioneta. Sin embargo, no hay ninguna resolución que formalice ese hecho por parte del área de Patrimonial de la Fiscalía. Tampoco, según la pesquisa, se habrían completado los trámites posteriores a la declaración de baja en la Municipalidad de ese vehículo, como el formulario en el Registro del Automotor.
Tras conocerse el caso de la camioneta extraviada, González afirmó a LA GACETA que el avance del sumario estaba vinculado a su rol como representante de la oposición. “Es un apriete político de la Intendenta. Es la consecuencia de mi voto negativo contra la ordenanza de Presupuesto y de los reclamos que venimos haciendo por las irregularidades y falta de transparencia en la gestión de Chahla”, afirmó por escrito.
La edil sostuvo que la nueva gestión municipal, con esta medida, “puso en evidencia la fragilidad que tiene ante la denuncia de la oposición”. “Responde con falsas denuncias con el fin de amedrentarnos. Es también el camino que eligió la intendenta para sembrar el temor entre todos los que podrían decir que no a su apetencia de poder desmedido”, aseguró González.