“Como Estado, lo que queremos hacer es terminar con la clandestinidad”, explicó Carlos Driollet, secretario provincial de Lucha contra el Narcotráfico, en referencia a la situación del cannabis medicinal.
Especialistas explicaron los riesgos de consumir productos cuyo origen se desconoce, una situación que -según ellos- se genera debido a que la ley vigente sólo autoriza a quienes padecen una enfermedad específica a comprar una única marca de aceite (ver nota aparte).
Driollet también habló de los riesgos del mercado irregular y se refirió a la situación de los pacientes que piden intervención estatal. “Quieren que esto funcione, porque no quieren caer en manos de inescrupulosos”, aseguró el funcionario.
Aclaró que su trabajo se rige en base a las normas locales e internacionales que determinan cuáles son las sustancias prohibidas, entre ellas la marihuana. Pero se encargó de separar dos cuestiones: “cuando hablamos de cannabis medicinal hablamos de algo relacionado con la salud pública, no confundamos con narcotráfico”.
Ante los pedidos de modificaciones en la ley nacional, algunos de los cuales requieren que se habilite el autocultivo, el funcionario se mostró en desacuerdo. “Creo que autocultivo para la distribución, no. Porque se pierde el control”, subrayó.
Mientras tanto, desde el Siprosa aseguraron que trabajan en el acotado margen que les permite la ley nacional. “Lo que hicimos fue protocolizar todo lo que sean ingresos de investigaciones al Sistema de Salud del tema de cannabis”, explicó Marina Gandur, jefa del Departamento de Vinculación Tecnológica.
Con cautela, la funcionaria se hizo eco de algunas de las críticas que los especialistas hacen a la legislación vigente. “El problema es que la ley nacional está circunscripta a una sola enfermedad (pero) hay muchos más pacientes. Creo que hay evidencia para ampliar un poco más esto y ver que no se toque con la ley de estupefacientes”, manifestó.
