En marzo de este año, la Justicia anuló la libertad condicional de Marcos Fernández (antes Nélida Fernández), por no residir en el domicilio que había fijado.
En el caso de Susana Acosta, se llevó a cabo una nueva audiencia encabezada por la jueza Ana Cecilia Escobar, quien determinó que la condenada no vuelva a prisión como Fernández.
Además, autorizaron el cambio de domicilio.
Ambos recibieron 20 años de prisión por el crimen de Betty Argañaraz, ocurrido el 31 de julio de 2006, y se les había otorgado el beneficio de libertad condicional.
El auxiliar del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo García, expuso que Acosta había declarado como domicilio la vivienda de su hermana en la calle Próspero Mena al 600, pero informes posteriores del Patronato de Internos y Liberados indicaron que se había trasladado a una casa en El Cadillal sin la aprobación judicial correspondiente.
Acosta explicó que tras recuperar la libertad, se hizo cargo de su nieta de cuatro años, debido a que su hija debió trasladarse a Neuquén por motivos laborales. Mencionó que la niña asistía a un jardín de infantes en El Cadillal y que, debido a la escasa frecuencia del transporte público, tuvo dificultades para llevarla desde la casa de su hermana hasta la institución, motivando su mudanza.
La mujer remarcó que diversas instituciones, incluyendo el Patronato, la policía, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Defensa, habían constatado su situación, manteniendo su domicilio bajo constante supervisión.
