Arreciaba el escándalo por el “caso Chocolate” y la Justicia acababa de confirmar su prisión preventiva. El poderoso subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, intentó entonces insolventarse. Y para eso, avanzó con la venta simulada de un caserón de 481 metros cuadrados cubiertos que posee en un country sobre la ruta 2. Pero generó el efecto contrario: se encendieron todas las alarmas y complicó su situación procesal, según reconstruyó LA NACION en base a documentos públicos y privados y fuentes judiciales.
El caserón es contundente. Se levanta en el lote 13 “d” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011 y durante años disfrutó de sus beneficios –desde las canchas de golf y tenis, al gimnasio, el spa y el Club House– lejos de los focos de atención pública.
Pero la detención de Julio “Chocolate” Rigau mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense sospechados de actuar como “ñoquis”, lo trastocó todo. Fue cuestión de semanas para que la fiscal Betina Lacki pidiera su detención y la de su hijo, Facundo Albini, apoderado del Frente Renovador.
Allí comenzó otra historia, indicaron allegados de los Albini: “De ‘arriba’ les habían dicho que iban a ‘acomodar’ la cosa, pero no ocurrió. Al contrario: terminaron en ‘cana’ y el resto sigue en la suya, como si nada”. Pero lejos de quebrarse y contar lo que sabe, desde su celda en la Alcaldía “Roberto Pettinato” de las afueras de La Plata, Claudio Albini buscó desprenderse de activos que la Justicia podía embargarle y que, de ser condenado, ordenaría decomisarle. Entre ellos, el caserón.
El 23 de febrero, le informó a Sintec SA, la firma desarrolladora de Miralagos, que pretendía cederle su lote a un tercero por apenas US$30.000 cuando inmuebles de similares superficies y características cotizan desde los US$250.000 en ese country, según surge de la información disponible en distintos portales inmobiliarios.
Albini no le informó a Sintec SA sobre la operación por voluntad propia, sino porque se vio obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque al adquirir el lote en 2011, el boleto de compraventa que firmó incluyó una cláusula que le impuso la necesidad de obtener la conformidad de la desarrolladora como condición previa a traspasar la propiedad a un tercero.
¿Quién aparecía como el potencial comprador? Alejandro Rolandi, un profesional de 37 años, sin conexión aparente con los Albini y al que LA NACION procuró contactar por teléfono y correo electrónico durante los últimos días. Al cierre de esta edición, sin embargo, no había respondido esos mensajes, como tampoco lo hicieron los representantes legales de Sintec SA.
Desde que se desató el escándalo tras la detención de Chocolate Rigau en septiembre pasado, el caserón en el country Miralagos había pasado por debajo de los radares públicos, que se concentraron en otra propiedad de los Albini, ubicada en Gonnet, en las afueras de La Plata. ¿Cuál? La casa en que el subdirector de Personal de la Legislatura vivía junto a su hija Celeste –también empleada de la Legislatura bonaerense–, a su yerno y a un nieto, y que antes había pertenecido al jefe de la barra brava de Estudiantes, Rubén Orlando “el Tucumano” Herrera, condenado como puntal de la megabanda del exjuez César Melazo.
Pero la intentona de Albini mientras su nombre dominaba la agenda mediática, sumada al precio vil que declaró para transferir el caserón, fueron demasiado. Los representantes legales de Sintec SA informaron sobre la situación, y la fiscal Lacki reaccionó de inmediato.
“En función de la actitud asumida por Claudio Gustavo Albini, claramente tendiente a eludir el accionar de la Justicia en directa relación a la actividad prevista para la Fiscalía de Estado y demás organismos responsables de defender los bienes y representar los intereses de la Provincia de Buenos Aires, encuentro prudente requerir la inhibición general de bienes”, planteó la fiscal, que extendió el pedido a Facundo Albini, “en razón de su estrecha relación con su padre en las maniobras ilícitas acreditadas” y “la naturaleza de su aporte en la organización criminal”.
Tras cambiar de abogado defensor y designar a Maximiliano Rusconi, los Albini intentaron recusar a la fiscal, pero la jugada tampoco prosperó. El juez de Garantías, Guillermo Atencio, rechazó apartar a Lacki para, a continuación, admitir un planteo de la fiscal. “Resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada”, firmó, “ordenando la inhibición general de bienes de Claudio Gustavo Albini y Facundo Mario Albini”.
Con esa orden, Atencio buscó bloquear la venta del caserón en Miralagos y el resto del patrimonio de los Albini, acusados de integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por al menos $800 millones durante los últimos años, mediante el uso intensivo de “ñoquis” y prestanombres.
Atencio ordenó librar oficios para bloquear cualquier movimiento patrimonial, ya fuera con la venta, cesión o donación de inmuebles, autos, embarcaciones o aeronaves, en tanto que ya había ordenado bloquear las cuentas bancarias, bonos y letras del Tesoro que los Albini pudieran tener. Esos activos, según reconstruyó LA NACION, también podrían abarcar varios caballos de carrera.
