Los camaristas de la Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron una queja por retardo de la justicia de la fiscal Fabiana León contra los jueces que debe hacer el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y otros 160 acusados por el caso de “Los cuadernos de las coimas”, aunque le dijeron a los magistrados que el proceso “no admite dilaciones” y por eso deben acelerar.
“De momento no se advierte que la demora en proveer la prueba ofrecida por las partes, y denunciada por la fiscal de juicio, configure un caso de retardo de justicia”, dijeron los magistrados. Sin embargo, escribieron que “sin perjuicio de lo expuesto y en abono de lo manifestado por la doctora Fabiana León, entendemos que el trámite procesal en estas actuaciones no admite dilaciones y debe intensificarse a fin de cumplimentar todos los actos procesales reclamados por la nombrada y pendientes de producción”.
Barroetaveña y Petrone aclararon que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 pueden acudir a las videoconferencias para acelerar la realización de semejante juicio oral.
La fiscal León presentó además otra queja por retardo de justicia que tramita ante otra sala de la Casación, pero estos jueces aún no resolvieron si la admiten o no.
Las quejas de León van contra los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que tienen el caso desde hace cuatro años y cinco meses, sin que avancen en fijar fecha para el juicio ni en decidir la admisibilidad de las medidas de prueba.
En una durísima e inusual queja, la fiscal denunció a los jueces que deben realizar el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y más de 160 exfuncionarios y empresarios por el caso conocido como “Los cuadernos de las coimas”. Los acusó de “retardo de justicia”, al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con ese expediente.
Los jueces de la Cámara de Casación de la Sala II son quienes aún deben resolver si llaman la atención al tribunal oral, pero no se pusieron de acuerdo con sus colegas de la Sala IV sobre quién debe intervenir para hacerlo. Pero, luego de la publicación de esta denuncia, decidieron “formar un legajo independiente” (sin perjuicio de que no se resolvió quién es competente) para dar trámite a la queja de la fiscal León y pedirle informes al Tribunal Oral Federal N°7, para que expliquen las razones de la demora. Aun no resolvieron. Sí lo hicieron sus colegas de la Sala I, Barroetaveña y Petrone, en otro expediente similar.
“Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aún contando con 4 colaboradores y poco espacio”, dijo la fiscal León, tras presentar ambos escritos que demandan una rápida respuesta de los jueces de la Cámara de Casación Penal.
El caso Cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa Cuadernos es en realidad varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos –de empresarios y funcionarios– a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
En rigor, las dos “quejas por retardo de justicia” se presentaron en dos casos conexos con el principal: aquel en que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de Gas Natural Licuado (GNL) y en el que se investiga a la empleada doméstica del exministro Julio De Vido por sus fastuosos bienes.
En el primer asunto, del GNL, es en el que resolvieron la denuncia por “retardo de justicia” los jueces de la Sala I de la Casación, Barroetaveña y Petrone.
A la queja por “retardo de justicia” en el caso de la cocinera de De Vido la deben resolver los jueces de la Sala II (Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci) o los de la Sala IV de la Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo), pero hay desacuerdos acerca de a quién le corresponde decidir.
La fiscal León, en ambas causas, viene insistiendo con “pedidos de pronto despacho” para que los jueces le impriman celeridad a la admisibilidad de la prueba y que decidan cuáles son los testigos del proceso. La fiscalía incluso propuso que las causas se juzgan de manera separada, intercalada o sucesiva, pero que avance el juicio oral.
“La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad –y no privilegio– de los jueces. Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad”, dijo la fiscal, que pidió a la Casación que exhorte a los jueces a que pongan fecha de inicio al juicio o al menos que fijen las condiciones para su realización.
