Continúan las repercusiones en torno del asesinato de Érica, la niña de tres años que habría encontrado la muerte en manos de quienes debieron cuidarla. Desde Tucumán Despierta se hizo hincapié en la desidia del Estado en este caso cuando ningún otro medio importante se hacía eco. Sin embargo, con el correr de los días, el velo se empieza a correr y la responsabilidad estatal va quedando cada vez más clara en este asunto.
Y es que la Justicia comenzará a investigar a funcionarios gubernamentales por la muerte de la niña y al parecer, el panorama pinta complicado para ellos. La fiscala Adriana Giannoni está al frente de la investigación y dirige su trabajo a los funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf). Esto se debe a que podrían ser acusados de abandono de persona y de incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Es que no intervinieron en este caso como debieron y, de ser encontrados culpables, podrían caberles penas de prisión que van desde los 5 hasta los 15 años de cárcel, según indica el Código Penal. Será clave la veracidad del testimonio de los vecinos de la niña asesinada que ya están declarando en Tribunales ante la fiscala y que confirmaron que la niña había sido víctima de malos tratos desde hacía varios meses.
En ese sentido, explicaron que el día previo a la muerte de Érica, realizaron una denuncia en la Dinayf para que la rescataran. Sin embargo, los funcionarios brillaron por su ausencia. Pero, además, estos funcionarios demoraron en asistir a la niña pero también en presentar los informes requeridos por la fiscala. Lo que se presume es que no existían documentos que permitieran comprobar que hacían algo.
Cuando presentaron los informes, se trató de fotocopias sin foliar y sin alguna firma que certificase su autenticidad. Las preguntas en torno de este caso son varias y apuntan las razones que llevaron a que se les diera la custodia de Érica y sus hermanas a sus abuelos cuando ambos tenían antecedentes por violencia doméstica. La Justicia cree también que desde la Dinaif no se realizaron controles sobre el estado de la niña desde que fue entregada a sus abuelos.
Lo más grave se produjo cuando los profesionales del organismo constataron en noviembre que Érica estaba en peligro. Pero no actuaron en el momento y habrían pedido al juez interviniente apenas una medida cautelar. En una débil defensa, los funcionarios de la Dinaif esgrimieron cuestiones legales. De acuerdo a la Justicia, este organismo tiene una importante mora en la entrega de informes en casos de este tipo.
Cuando en casos como el de Érica no puede haber demoras debido a la gravedad de los hechos y porque está en potencial riesgo la vida de menores de edad. Por su parte, la indignación llegó a los vecinos de la pequeña que ayer decidieron manifestarse para pedir justicia por la niña. Para ello, decidieron cortar la avenida Siria, muy cerca del asentamiento donde Érica encontró la muerte luego de una corta vida de sufrimiento.
