Cuando el mes de la primavera llegó a Tucumán, nadie imaginaba la bomba que estaba a punto de detonarse, nadie excepto un juez, cuya revelación desató la crisis institucional más grande de los últimos tiempos en nuestra provincia. Todo comenzó el día 1° de este mes, cuando Enrique Pedicone, magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción realizó una denuncia contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva.
En la misma, quedó plasmado que el juez del máximo tribunal habría intentado influir sobre el camarista para que “manejara las intensidades” de la causa que tiene al legislador Ricardo Bussi bajo investigación sobre supuesto abuso sexual e irregularidades en cuentas bancarias. La denuncia deja sentado que Leiva realizó el pedido invocando al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador y titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.
Según Pedicone, esta conversación fue grabada en una serie de audios probatorios, al tiempo que Leiva negó el encuentro y el pedido denunciado. Incluso, dijo que la presentación en la Justicia por parte del camarista estaba relacionada con una supuesta preocupación acerca de su suerte luego de que firmara fallos en los que liberó a docenas de presos que tenían prisión preventiva. Este aspecto será clave más adelante, como lo analizaremos.
Al día siguiente, tanto Manzur como Jaldo negaron los hechos y pidieron que sea la Justicia la que investigue. Sin embargo, con el correr de los días, el vicegobernador y presidente de la legislatura Osvaldo Jaldo, decide arremeter contra Pedicone y lo intima públicamente a que entregue las grabaciones ante los Tribunales. Ni lerdo ni perezoso, decide utilizar a la legislatura que preside como la trinchera desde donde le declaró la guerra al camarista.
Para ello, el parlamento solicitó a la Corte Suprema los fallos de Pedicone en relación a la liberación de presos a la que se refirió en su momento el vocal Leiva, en lo que fue una clara maniobra del tipo “escrache” con la intención de dejarlo mal parado ante la sociedad y la opinión pública. Este accionar representa una clara intromisión de un poder de la República en el ámbito de otro poder, pero de todos modos se lo llevó a cabo.
Fue entonces que Pedicone hizo público los audios por medio de la prensa para que la sociedad tenga acceso a esta prueba que acreditarían los supuestos delitos endilgados a Leiva, cuyo abogado, Esteban Jerez, dijo que fueron “fabricados”. Entonces Jaldo, por medio de la Legislatura, decide redoblar la apuesta y hace público también por medio de la prensa un listado enviado por Leiva que consta unas 104 causas relativas a los presos liberados por el camarista.
Luego de esto, Pedicone saca en el Tribunal de Apelación ante la presión creciente y objeta el listado de causas dado a conocer por el Poder Legislativo que encabeza Jaldo. Mientras tanto, desde diversos sectores se empiezan a sumar pedidos de juicio político contra Leiva, como es el pedido de destitución presentado por la gremialista Alejandra Martínez y el letrado Gustavo Morales. Pero Leiva redobla la apuesta al sentir la protección de la legislatura y ni siquiera licencia pide.
Al mismo tiempo, a raíz del listado de fallos dados a conocer a la opinión pública sobre la liberación de presos, representantes de víctimas de delitos piden que sea Pedicone el que sea sometido a un juicio político para ser destituido. Mientras tanto, la gravedad de la situación institucional aumenta cuando en la legislatura el oficialismo le impide a la legisladora Nadima Pecci de Fuerza Republicana hablar sobre este caso apagándole el micrófono.
A todo esto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán jamás emitió una sola palabra respecto de la grave denuncia contra uno de sus vocales que la integran. Desde la presidenta del máximo tribunal, Dra. Claudia Sbdar, para abajo todos habrían pactado un silencio que no hace más que generar mayores suspicacias acerca de su papel en el entramado de relaciones carnales con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo evidenciado en la denuncia de Pedicone contra Leiva.
Como lo señalamos oportunamente desde Tucumán Despierta, la gravedad de la misma, ameritaba algún tipo de declaración de parte de la Corte que no se produjo hasta el momento. El ente que tampoco dijo nada fue la Asociación de Magistrados, por lo que Pedicone terminó renunciando a la entidad que nuclea a los jueces tucumanos denunciando que le daba “náuseas” la falta de apoyo de parte del organismo y lo acusó de “convalidar el ataque al Poder Judicial”.
Como si todo esto no fuera suficiente, desde la legislatura se estaría tramando pasar a la última fase de su plan para acabar con Pedicone. Para ello, recurriría a la estrategia de la destitución, cuyo globo de ensayo tuvo lugar en la semana que pasó con la destitución del juez Roberto Guyot. Y es que, en este caso, se realizó el trámite bajo el argumento de “negligencia en el ejercicio de sus funciones”.
Justamente, esa razón sería la que utilizaría la legislatura para remover de su cargo a Pedicone utilizando el contenido de sus sentencias en la liberación de presos, a pesar que ningún magistrado puede ser juzgado por el contenido de sus fallos. Para ello, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura sería el primer paso, algo que es posible considerando el voto mayoritario que el oficialismo tiene en esta y en todas las comisiones parlamentarias.
Pero la frutilla del postre llegará cuando sea el turno de someter a Pedicone al Jury de Enjuiciamiento, ya que su titular es nada más ni nada menos que el propio Leiva, mientras que su defensor en la causa que lo tiene denunciado, Esteban Jerez, también integra este Jurado en representación de la abogacía de Tucumán. Además, al resto de este órgano interpoderes lo completan legisladores, cuya mayoría responden al vicegobernador y presidente del cuerpo, Osvaldo Jaldo.
Pero, además, en caso de lograr este objetivo, no sólo se convalidaría la defensa de Leiva, sino que se estaría enviando una suerte de advertencia facciosa al resto de los jueces que se atrevieran a poner en evidencia y denunciar la corrupción del Poder Judicial y sus relaciones escandalosas con los otros dos poderes del Estado, los cuales responden a los intereses del poder oficial que encarna el peronismo.
Sobre la cabeza de los magistrados se eleva de forma latente esta nube amenazante, al tiempo que, de consumarse la destitución de Enrique Pedicone, se potenciaría aún más el riesgo de que se produzca una ruptura del sistema republicano de gobierno, es decir, la base misma del Estado de derecho.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Dra. Claudia Sbdar, como los demás miembros del alto tribunal, deberían expresarse sobre este grave suceso, que deja al poder judicial gravemente sospechado, considerando que es un integrante de ese tribunal supremo, el sindicado por Pedicone, de tratar de influir en varios procesos judiciales. Esta Corte ya debería haberse expedido, no por medios periodísticos, pero si administrativamente, como lo establece claramente la ley orgánica del poder judicial, con las sanciones que en esa ley se establecen. Pero curiosamente guardan un misterioso silencio.
¿Estarían protegiendo un sistema ilícito que viene funcionando en esa Corte para proteger al poder político?
Dra. Claudia Sbdar, Ud. como presidenta del máximo tribunal, debe hacerse cargo, los tucumanos esperan su intervención.
¿SERA JUSTICIA?
