A 13 días de la desaparición y el crimen de la pequeña Rocío Rojas, de 4 años, funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y de otras ramas del Ministerio de Desarrollo Social, recibieron a los referentes de los colegios de Psicólogos y de Profesionales en Servicio o Trabajo Social de Tucumán. En la reunión los profesionales pidieron cambios para encaminar los trabajos referidos a niñez y adolescencia y también que no se exponga a sus colegas, entre otras cuestiones.
“Se solicitó la gestión de mayor presupuesto para la implementación de políticas publicas integrales de niñez y adolescencia, la reestructuración y el fortalecimiento de la intervención de la Dinayf asignando recursos que eviten la sobrecarga de trabajo de los profesionales, la mejora de sus condiciones laborales y la protección ante situaciones de exposición y riesgo para los colegas; evitando la criminalización o la estigmatización de los mismos”, señala un comunicado firmado por los presidentes Soledad Roldán (de Trabajo Social) y de Roberto González Marchetti (de Psicología).
Los referentes de cada colegio, junto con la secretaria Silvia Costaz , expusieron sus inquietudes ante la titular de la Dinayf, Mariana Cirelli, y frente a la directora de Capital Humano Adriana Andjel. “Asimismo, se planteó el rechazo firme a toda forma de ejercicio ilegal de las incumbencias profesionales y la necesidad de sostener abordajes interdisciplinarios en las intervenciones, así como también el ingreso laboral a través de concursos”, reza el comunicado.
“Las funcionarias reconocieron las deficiencias en la aplicación efectiva del Sistema Proteccional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) y la necesidad de mayor inversión en el sector, como así también manifestaron su compromiso y el del Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en el corto plazo en acciones que permitan reestructurar la intervención de la Dinayf, vinculadas principalmente a la revisión de los protocolos y dispositivos de actuación, al aumento de profesionales y movilidad”, explicaron los colegiados en el documento.
Por otro lado, y según informaron, “también se comprometieron a revisar aquellas situaciones irregulares denunciadas por los colegios y a enviar a las organizaciones el listado de los profesionales de las diferentes disciplinas que forman parte de la planta funcional”.
Por último, los referentes aseguraron que seguirán realizando solicitudes al Poder Judicial y a la Legislatura para que “desde su ámbito de responsabilidad aporten a la resolución de la grave crisis que atraviesan niños, niñas y adolescentes en la provincia, con el resguardo de las incumbencias profesionales”.
Está previsto que González Marchetti, Roldán y Costaz se reúnan nuevamente con los funcionarios de Desarrollo Social en 15 días para ver en qué se puede ir avanzando sobre lo que exigen los colegios.
El 5 de abril Amalia Carolina Graneros se presentó en una comisaría y denunció a la madre de Rocío por malos tratos. La mujer, que dijo ser la madrina de la niña, señaló que se había quedado con la pequeña y con su hermanito de un año para protegerlos de su progenitora. Los niños fueron a vivir al asentamiento La Chabela, en Lules.
El fiscal de la oficina de Violencia Familiar y de Género, Augusto Zapata, ordenó en abril que la Dinayf realizara un informe sobre la situación de los niños y sobre el ambiente donde se encontraban; también envió unas copias del expediente al fuero Civil, para que un juez de Familia interviniera en el caso.
El expediente ingresó el 16 de junio al fuero Civil, y por un error administrativo, llegó a manos de la jueza Claudia López el 28 de ese mes. La jueza ordenó que se realizara un seguimiento de la situación, pero los acontecimientos se precipitaron el 1 de julio, cuando Graneros denunció la desaparición de la niña.
Los fiscales Alejandro Noguera e Ignacio López Bustos, ante la presunción de que la criatura había sido asesinada, ordenaron las detenciones de la madrina, su pareja Hernán Caro y su yerno, Mauro Véliz.
Un arrepentido habría confesado que la pequeña fue asesinada y su cuerpo, quemado. Luego habrían arrojado los restos en distintos lugares de Lules, La Reducción y del lecho del río Colorado.
Recién el 2 de julio el Ministerio Público Fiscal recibió el informe que le había solicitado a la Dinayf.
Sin feria
“La causa seguirá avanzando a pesar de la feria judicial. Ni el fiscal de Homicidios, López Bustos, ni yo nos tomaremos descanso. Fuera de eso, hay que esperar los resultados de las pericias”, señaló
