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Caso Rocío: dos colegios le exigieron cambios a la Dinayf

“Las funcionarias reconocieron las deficiencias en la aplicación efectiva del Sistema Proteccional de Derechos de los niños”, indica el comunicado firmado por las entidades.

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UNA IMAGEN DE LA CHABELA. El asentamiento donde vivió poco más de tres meses la pequeña Rocío. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI

A 13 días de la desaparición y el crimen de la pequeña Rocío Rojas, de 4 años, funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y de otras ramas del Ministerio de Desarrollo Social, recibieron a los referentes de los colegios de Psicólogos y de Profesionales en Servicio o Trabajo Social de Tucumán. En la reunión los profesionales pidieron cambios para encaminar los trabajos referidos a niñez y adolescencia y también que no se exponga a sus colegas, entre otras cuestiones.

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“Se solicitó la gestión de mayor presupuesto para la implementación de políticas publicas integrales de niñez y adolescencia, la reestructuración y el fortalecimiento de la intervención de la Dinayf asignando recursos que eviten la sobrecarga de trabajo de los profesionales, la mejora de sus condiciones laborales y la protección ante situaciones de exposición y riesgo para los colegas; evitando la criminalización o la estigmatización de los mismos”, señala un comunicado firmado por los presidentes Soledad Roldán (de Trabajo Social) y de Roberto González Marchetti (de Psicología).

Los referentes de cada colegio, junto con la secretaria Silvia Costaz , expusieron sus inquietudes ante la titular de la Dinayf, Mariana Cirelli, y frente a la directora de Capital Humano Adriana Andjel. “Asimismo, se planteó el rechazo firme a toda forma de ejercicio ilegal de las incumbencias profesionales y la necesidad de sostener abordajes interdisciplinarios en las intervenciones, así como también el ingreso laboral a través de concursos”, reza el comunicado.

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“Las funcionarias reconocieron las deficiencias en la aplicación efectiva del Sistema Proteccional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) y la necesidad de mayor inversión en el sector, como así también manifestaron su compromiso y el del Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en el corto plazo en acciones que permitan reestructurar la intervención de la Dinayf, vinculadas principalmente a la revisión de los protocolos y dispositivos de actuación, al aumento de profesionales y movilidad”, explicaron los colegiados en el documento.

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Por otro lado, y según informaron, “también se comprometieron a revisar aquellas situaciones irregulares denunciadas por los colegios y a enviar a las organizaciones el listado de los profesionales de las diferentes disciplinas que forman parte de la planta funcional”.

Por último, los referentes aseguraron que seguirán realizando solicitudes al Poder Judicial y a la Legislatura para que “desde su ámbito de responsabilidad aporten a la resolución de la grave crisis que atraviesan niños, niñas y adolescentes en la provincia, con el resguardo de las incumbencias profesionales”.

Está previsto que González Marchetti, Roldán y Costaz se reúnan nuevamente con los funcionarios de Desarrollo Social en 15 días para ver en qué se puede ir avanzando sobre lo que exigen los colegios.

El 5 de abril Amalia Carolina Graneros se presentó en una comisaría y denunció a la madre de Rocío por malos tratos. La mujer, que dijo ser la madrina de la niña, señaló que se había quedado con la pequeña y con su hermanito de un año para protegerlos de su progenitora. Los niños fueron a vivir al asentamiento La Chabela, en Lules.

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El fiscal de la oficina de Violencia Familiar y de Género, Augusto Zapata, ordenó en abril que la Dinayf realizara un informe sobre la situación de los niños y sobre el ambiente donde se encontraban; también envió unas copias del expediente al fuero Civil, para que un juez de Familia interviniera en el caso.

El expediente ingresó el 16 de junio al fuero Civil, y por un error administrativo, llegó a manos de la jueza Claudia López el 28 de ese mes. La jueza ordenó que se realizara un seguimiento de la situación, pero los acontecimientos se precipitaron el 1 de julio, cuando Graneros denunció la desaparición de la niña.

Los fiscales Alejandro Noguera e Ignacio López Bustos, ante la presunción de que la criatura había sido asesinada, ordenaron las detenciones de la madrina, su pareja Hernán Caro y su yerno, Mauro Véliz.

Un arrepentido habría confesado que la pequeña fue asesinada y su cuerpo, quemado. Luego habrían arrojado los restos en distintos lugares de Lules, La Reducción y del lecho del río Colorado.

Recién el 2 de julio el Ministerio Público Fiscal recibió el informe que le había solicitado a la Dinayf.

Sin feria

“La causa seguirá avanzando a pesar de la feria judicial. Ni el fiscal de Homicidios, López Bustos, ni yo nos tomaremos descanso. Fuera de eso, hay que esperar los resultados de las pericias”, señaló

FuenteLa Gaceta
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