Las denuncias penales que interpuso la profesora de inglés Paola Tacacho entre 2015 y 2020 contra su acosador y posterior femicida Mauricio Parada Parejas, por desobediencia judicial y amenazas, arrojó nuevas falencias en el acceso a la justicia y la protección judicial en casos de violencia de género. En ese marco, una funcionaria judicial que se desempeñó como secretaria del ex Juzgado de Instrucción III, al mando del ex juez Juan Francisco Pisa, fue sancionada.
Nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por su desempeño en el caso “Tacacho”, entre otros. La decisión fue emitida en base a las auditorías que se solicitaron en el marco de un sumario administrativo, iniciado en 2020, en los ex Juzgados de Instrucción III° y V°. Además, los miembros del alto tribunal se despacharon con dureza respecto al desempeño de Pisa en el caso “Tacacho”.
Aunque declararon abstracto el pronunciamiento de una sanción dado que fue destituido el 18 de noviembre de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento. Los cuestionamientos van en la misma sintonía con los que esgrimió el Jury al hallarlo culpable, por unanimidad, de haber actuado sin perspectiva de género, de haber incumplido sus deberes como magistrado y de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los vocales Daniel Leiva (presidente), Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campo y Daniel Posse (con su voto) emitieron el 14 de febrero pasado la Acordada 80/22, a la que la familia Tacacho tuvo acceso en las últimas semanas. Decidieron allí suspender por 30 días corridos, sin prestación de servicios y sin percepciones de haberes, a la secretaria judicial Inés Mirian Rodríguez.
Y lo hicieron por considerar que ha sido negligente durante su desempeño como actuaria en el Juzgado que conducía Pisa. El escrito está firmado por cuatro de los cinco vocales (Antonio Estofán estaba de licencia) y consta de 77 páginas. En él se detalla las distintas instancias que atravesó el sumario administrativo que inició Sbdar (entonces presidenta) -de oficio- el 2 de noviembre de 2020.
Por el cual solicita al Cuerpo de Auditores por el cual se solicita al Cuerpo de Auditores de la Corte un informe pormenorizado de las 13 denuncias que hubiera efectuado Tacacho contra Parejas. La investigación fue instruida por Gustavo Romagnoli, vocal de la Cámara Penal Conclusional III. En una segunda instancia, luego de recabar nuevas pruebas, Romagnoli ratificó los cargos contra Pisa y Rodríguez, pero no contra otros dos funcionarios, los cuales fueron absueltos.
A su vez, no se formularon cargos contra funcionarios o magistrados del ex Juzgado de Instrucción de la V° Nominación al hallar que hubo una “tramitación aceptable y razonable” del número total de causas de VG ingresadas por año. Rodríguez estuvo en el ex Juzgado de Instrucción III entre el 11 de mayo de 2000 y el 24 de agosto de 2020, cuando fue trasladada a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
En base a auditorías internas, los auditores señalaron que entre 2009 y 2020 detectaron “un número considerable de causas de violencia de género con una excesiva permanencia en la Unidad (de más de dos años, llegando a los cinco años en algunos casos)”. Se agregó que los auditores detectaron numerosas prescripciones por falta de trámite y carencia de metodología de trabajo específicas para la temática.
También se detectaron grupos de causas con distintos hechos, pero mismos actores (imputados y víctimas) que no fueron acumuladas, entre otras negligencias detectadas en una auditoría preventiva de 2012. Sobre el caso “Tacacho”, en que Rodríguez se desempeñó como secretaria durante la tramitación del caso, los auditores advirtieron la omisión de disposiciones trascendentes, como el pedido de actualización de antecedentes penales como paso previo a resolver el requerimiento de elevación a juicio.
“En el caso, resulta patente que el expediente ‘Tacacho’ tramitó con evidente descuido, pues su resolución se produjo con notorio atraso”, dijeron. Marcaron también que la causa analizada está dentro del 2.951 que ingresaron en 2016 en el Juzgado y dentro de 752 causas específicas de violencia de género que, detectadas por auditoría, pero dentro del grupo de causas que no podían filtrarse por falta de parámetros para identificar este tipo de delitos en los sistemas informáticos.
