Hace poco más de una semana, el 18 de mayo, la Corte confirmó la destitución del ex juez Juan Francisco Pisa. Lo hizo al hacer lugar al incidente de caducidad de instancia deducido por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia que había decidido el cese del cargo del ahora ex magistrado, quien actuó en el marco de la causa por el asesinato de Paola Tacacho, y en consecuencia dio por perimida la instancia principal.
La noticia trajo alivio entre los familiares de la joven docente, pero la lucha por justicia no se detiene. “Ahora queremos saber qué va a pasar con los fiscales que investigaron y para quienes nosotros pedimos sumarios y destituciones”, afirmó en Salta -lugar donde reside- Mariela, la madre de Paola.
El 30 de octubre de 2020, Paola Tacacho fue asesinada de una puñalada por Mauricio Parada Parejas, en Monteagudo al 500, en pleno Barrio Norte. Tras el crimen, el femicida se quitó la vida con el mismo cuchillo. La víctima había denunciado más de una decena de veces que ese hombre la acosaba. Parada Parejas había sido su alumno de inglés, y la hostigaba constantemente de muchas formas según las denuncias de la víctima y los testimonios de sus allegados.
Tras el dramático crimen, la familia de la víctima solicitó la destitución de los fiscales Mariana Rivadeneira, Adriana Reinoso Cuello, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari; según las denuncias, por incumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos ya que -plantearon- desobedecieron las normativas internacionales para proteger, y para erradicar la violencia de género. Estos fiscales tuvieron en sus manos distintas causas iniciadas por Paola entre 2015 y 2020. Sin embargo, el 28 de marzo de 2022, la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió el archivo de los expedientes. “Consideramos que el criterio procesal con el que han actuado los cinco fiscales en esta serie de causas vinculadas, se dio dentro de sus facultades legales, de su competencia jurisdiccional y con el amparo de las normas vigentes en el momento de la tramitación de dichos expedientes”, expresó en ese momento el legislador Raúl Ferrazano, presidente de la Comisión de Juicio Político.
Sin embargo, hay iniciados sumarios administrativos en la Justicia contra esos fiscales, y están en la sede del Ministerio Público. Ese es el trámite que quiere que avance la madre de Paola. “No tenemos novedades. Antes me recibían, pero ya no. Hicimos pedido de pronto despacho, pero no hay respuestas. Yo quiero que los responsables de lo que pasó se hagan cargo”, dijo la mujer. “No sólo son los fiscales, también está la situación del auxiliar Fernando Isa, que tampoco se resolvió. Insisto, queremos respuestas, es lo que pedimos desde lo que le pasó a mi hija. Paola hizo todo bien, hizo lo que tenía que hacer, hizo las denuncias, pidió ayuda al Estado, se puso a disposición. Y la mataron igual. Ahora quiero que los responsables de no haber hecho nada respondan por esto”, agregó Mariela. “Yo no estoy en Tucumán, voy cuando puedo. Si hubiera vivido allá hubiera actuado de otra manera, pero vamos a insistir. Yo voy a seguir peleando siempre por el recuerdo de mi hija, y porque siento que ella me acompaña”, aseguró.
La familia de Mariela también inició una demanda civil contra la Provincia por lo ocurrido, que será llevada adelante por el abogado Roberto Tejerizo. La destitución de Pisa fue uno de los factores clave para iniciar este proceso. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada el 18 de mayo que ordena remitir las actuaciones de referencia al ministro Público Fiscal para que, por medio de quien corresponda, en nombre y representación de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia se apersone y tome intervención de ley en los autos caratulados por daños y perjuicios en contra de la Provincia: “expedientes tramitados en la Cámara Contencioso Administrativo Sala I; pudiendo contestar demanda e interponer recursos, plantear y contestar nulidades, ofrecer y producir pruebas, oponer excepciones, cuestiones de inconstitucionalidad y todos los actos procesales que sean necesarios, conforme lo considerado”.
La acordada lleva las firmas del presidente Daniel Leiva y de los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos.
“Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer. Así nos lo exige la memoria de Paola. Y así lo quiere su familia y sus amigos que apoyan en todo momento. Jamás pensé que iba a tener que pasar por algo así, pero pasó y ahora vamos a seguir, que nadie dude de eso”, advirtió finalmente Mariela Tacacho, quien reiteró que sólo busca justicia por el crimen de su hija.
