Luego de intensos tironeos, que incluyeron hasta una amenaza de allanamiento, la Cámara de Diputados bonaerense aportó ante la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.
La Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía a entregar los nombres argumentando que se trata de datos personales y que la información no tiene relación “con el objeto de la causa” que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau.
La fiscal Betina Lacki venía reclamando la información desde octubre para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos.
Lacki hizo pedidos el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 5 de diciembre, el 19 de ese mes, y el 28 de diciembre insistió con la nómina de todos los empleados de la Secretaría Administrativa, a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.
Esa área tiene el manejo de contratos, subsidios y otros sistemas de financiamiento internos. Según el Reglamento de la Cámara, el secretario administrativo “debe proponer al presidente el presupuesto de sueldos y gastos de la Cámara, y refrendar (en conjunto con el prosecretario administrativo) todos los actos administrativos referentes a su gestión en la Cámara”, entre otras cosas.
Lacki se cansó de esperar y a fines de diciembre directamente amenazó con allanar las oficinas de la Cámara baja. “La actitud reticente de colaborar con la Justicia por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resulta cuanto menos contraria al compromiso asumido del Estado Argentino en materia de corrupción”, escribió la fiscal en ese momento.
Sobre el argumento de no revelar datos personales, expuesto por los abogados de la Cámara, Lacki respondió en otro escrito que “el rechazo no cuadra en ninguno de los supuestos del art. 2 de la Ley de Habeas Data en tanto nos encontramos una investigación penal, lo que obliga al cuerpo legislativo a colaborar con el órgano judicial”.
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Lacki reclamaba el listado completo de los empleados de la Secretaría Administrativa, tanto de planta permanente como de planta temporaria, desde enero de 2021.
La respuesta finalmente aterrizó en Tribunales el 4 de enero, pero recién fue cargada al sistema informático en las últimas horas. Son 8 carillas donde figura el nombre y apellido de cada empleado, su número de legajo, y la Dirección de la cual dependen.
Aunque aportó los datos, la Dirección de Legal y Técnica reiteró que el pedido de la fiscal “no se corresponde con los hechos que son objeto de investigación”, que comenzó en septiembre con la detención de Rigau y luego derivó en el arresto de Facundo y Claudio Albini.
Además, aclaró que la Cámara de Diputados “posee todas las atribuciones constitucionales para disponer acerca del nombramiento y funcionamiento de su personal sin injerencia de los otros poderes del Estado” y “que resulta una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los altos poderes que forman el Gobierno ejerce su propia administración y aplica e interpreta su propio reglamento”. Dicho de otra manera, el pedido de la fiscal sería “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
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Facundo y Claudio Albini siguen detenidos
Con estas idas y vueltas, la causa judicial se activó en plena feria judicial y su destino es incierto.
Mientras avanza con los contratos de Diputados, la fiscal Lacki apuntó a otro circuito de recaudación y la semana pasada le pidió información al Senado bonaerense sobre un total de 39 personas.
Esas personas (21 hombres y 18 mujeres) fueron identificadas por el Banco Provincia tras un análisis de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos que frecuentaba Rigau. Las imágenes revelaron que el puntero del PJ se cruzaba con un hombre y una mujer que también retiraban dinero con tarjetas de débito ajenas.
La fiscal ya tiene la dirección personal de esas 39 personas. En los próximos días, podría ordenar allanamientos o citarlos a declarar.
En cambio, la situación de los tres detenidos no se modificaría hasta febrero. El abogado defensor de los Albini, Gustavo Galasso, apeló la prisión preventiva ante la Cámara de La Plata, pero no se resolvería durante la feria. La defensa de Rigau, en tanto, apunta a conseguir la prisión domiciliaria. Tampoco habría novedades en enero porque antes se realizará una pericia médica, prevista para la primera semana de febrero.
