El fiscal federal Vehils Ruiz sumó información referida a la denuncia de la Procelac por la presunta extracción de dinero por ventanilla. Plazos.
La investigación de la Justicia Federal por el presunto manejo irregular de fondos en municipios en tiempos electorales sumó un quinto distrito: Alberdi.
Fuentes de tribunales confirmaron a LA GACETA que el fiscal federal Rafael Alberto Vehils Ruiz sumó elementos a la causa, a partir de los nuevos datos aportados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), que promovió la denuncia por la cual se originó el expediente, identificó movimientos sospechosos también en las cuentas de esa localidad del sur tucumano, tal como había sucedido en Banda del Río Salí, Monteros, Lules y Famaillá (además de otros municipios de Catamarca y de Salta).
Precisamente, los cuatro distritos que habían sido parte de la pesquisa desde un principio ya presentaron informes para tratar de justificar la aplicación de los destinos dados a los fondos extraídos en efectivo. Hasta el momento, agregaron las fuentes con acceso a la causa, no se recibió documentación desde Alberdi.
Este municipio, que conduce el peronista Luis “Pato” Campos, quedó en el centro de la polémica esta semana por la difusión de un audio relacionado al narcotráfico. De hecho, el secretario de Hacienda, José Roldán, fue denunciado por el legislador José Cano por sus supuestos vínculos con la comercialización de estupefacientes en esa ciudad.
De todos modos, resta que se determinen algunos datos por parte de la pesquisa. Por ejemplo, el monto de las operatorias detectadas y si las extracciones se produjeron durante la actual gestión, a cargo de Sandra Figueroa, hoy legisladora del PJ y esposa de “Pato” Campos.
Recursos millonarios
Además de la confirmación de Alberdi entre los distritos investigados por la presunta extracción irregular de fondos, los investigadores avanzaron con la recopilación de los informes enviados por los otros cuatro municipios.
Según el expediente, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) activó las alertas por las operatorias de ocho localidades del NOA, ya que concretaron extracciones bancarias por un monto cercano a $40.000 millones sin documentación respaldatoria, entre enero de 2023 y octubre de 2024.
En Tucumán, el pesquisa apunta a Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Lules ($4.217 millones) y Monteros ($3.923 millones). De Catamarca, en tanto, figuran Belén ($624 millones), Icaño ($1.113 millones) y Corral Quemado ($771 millones); y de Salta, San Carlos ($131 millones).
Como consecuencia de estos movimientos de dinero, la Procelac que encabeza Diego Velasco realizó una denuncia para que se dilucide el uso de los fondos.
Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que los cuatro municipios tucumanos bajo la lupa aportaron información para respaldar las operatorias. Hasta hora, el representante del Ministerio Público Fiscal no se abocó al análisis de esa documentación, pero el contenido será valorado cuando sea oportuno desde el punto de vista procesal. Sucede que la investigación se centra en analizar lo denunciado por la Procelac. Una vez que se elabore el cuadro de hipótesis, se cotejarán los informes elevados por los cuatro municipios del interior.
En estos momentos, en la Fiscalía Federal están considerando la posibilidad de que se hayan perpetrado dos posibles delitos. Por un lado, si se utilizaron los millones extraídos de las cuentas bancarias municipales con fines electorales. La otra conjetura es que se hayan llevado adelante maniobras de lavado de activos utilizando fondos públicos.
En caso de que se confirme alguna o ambas hipótesis, el expediente continuará bajo la órbita de la Justicia Federal.
En cambio, si esto se descarta, las actuaciones igualmente serán remitidas a la Justicia provincial o a los organismos de contralor (podría ser el Tribunal de Cuentas o el Concejo Deliberante de cada localidad) para determinar si se trató de meras improlijidades administrativas o si hubo infracciones a normativas locales.
De todos modos, para que ello ocurra, los investigadores deberán terminar de analizar los informes y después avanzar con una etapa de declaraciones testimoniales. Esta instancia de la pesquisa involucra la citación a personas para que expliquen cómo eran esos movimientos. Pero para llegar a ese punto todavía podrían requerirse meses.
En la denuncia inicial, a la que tuvo acceso LA GACETA, la Procelac consideró “pertinente continuar indagando sobre el destino” de los fondos extraídos de las cuentas municipales, a fin de “lograr desentrañar cualquier mecanismo tendiente a ocultar verdaderos contribuyentes de las campañas electorales en cuestión, identificar actividades y personas vinculadas con maniobras ilícitas”. Según la presentación de Velasco, “a partir de los Informes de Inteligencia recibidos se advirtió un patrón de conductas en común”.
