La obra que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán con fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisios (YMAD) fue una de las más importantes que se hizo durante la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola. No sólo por su ubicación en pleno centro -25 de Mayo 474-, sino también por la relevancia que tiene esta casa de estudios y, sobre todo, por los montos que se utilizaron para llevarla adelante. Sobre esto se expidió ayer ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien declaró por quinta vez en el marco del juicio que se le sigue a Cerisola y a los ex funcionarios universitarios Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones- por el destino que se le dio a los fondos que llegaban por la explotación minera.
Ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, Guzmán enumeró lo que él consideró anomalías o irregularidades, sin poder precisar, por su expertise, que se tratara de delitos. “Soy ingeniero, no abogado”, remarcó. Comenzó diciendo que la obra tuvo un costo de $ 18 millones (a ese momento, año 2009), pero que según sus cálculos, no podría haber costado más de $ 11 millones. “Faltaban planos, plan de trabajo, análisis de precios, pliego licitatorio; encontramos muchas inconsistencias, incluso una sobrecertificación de obra que podría derivar en perjuicios financieros. No se encontraron documentos que permitan justificar los fundamentos de la autorización”, indicó a preguntas del fiscal Pablo Camuña y de la auxiliar Lucía Doz Costa. Pero Guzmán fue más allá: “Hay cálculos en el expediente y no se comprenden los valores a los que llegaron. Están basados en gastos generales directos. No terminé de entender cómo era la metodología. Utilizan parámetros que no son normales. La contratista pidió una redeterminación por más de $ 4 millones y el monto que se pagó es de más de $ 6 millones, diferencia de $ 2 millones. Hay valores que fueron mal calculados”, advirtió.
La “Obra N° 533” resulta de especial interés puesto que por ella es imputado particularmente, además de Cerisola y de Cudmani, Osvaldo Venturino, por haber cometido presuntamente fraude en perjuicio de la UNT, al haber reconocido a la empresa contratista Betón SRL, en el marco de esta obra, mayores costos por el alquiler de un inmueble de calle Laprida 460, el que se utilizó como obrador. También se le imputa a Venturino que, en su carácter de director de Inversiones y Contrataciones de la UNT posibilitó, que en esta obra, se le reconozca a la contratista casi $ 7 millones, excediendo el monto solicitado de $ 4,2 millones, sin que la firma haya acreditado un real perjuicio por la demora en la entrega del inmueble para el inicio del trabajo, al tiempo que se incluyeron cambios injustificados, como la ampliación de contrato, para el reconocimiento y pago de mayores rubros sin justificación en razones de urgencia o interés público.
Causa
La causa se relaciona con presuntos sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la Universidad en inversiones financieras, realizada con sumas llegadas a la UNT entre 2006 y 2009 por las utilidades de la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La Universidad es socia de YMAD en virtud de la Ley 14.771, que indica que a la UNT le corresponde un 40% de las utilidades y debe destinarlo a la terminación de la Ciudad Universitaria proyectada a fines de los años 40 en San Javier. Cerisola, que al asumir su rectorado hizo hacer un plan para reparaciones y obras nuevas en la UNT, mediante tres resoluciones hizo pasar el área Construcciones Universitarias a depender del Rectorado y dispuso que los trabajos no se rigiesen por la ley de Obras Públicas sino por una norma propia. También determinó que con ese plan de obras la Ciudad Universitaria quedaba concluida e hizo cambiar, mediante un acta firmada en 2008 en YMAD, el destino de las utilidades: ya no se utilizarían en la Ciudad Universitaria sino que la mitad se repartiría para las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad.
Origen
En 2010 el arquitecto Ramón Eudal (fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac). La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el entonces juez federal Fernando Poviña.
La audiencia continuará a mediados de mes, los días 14, 15 y 16. Entre los próximos testigos están previstos el ingeniero Luis Rafael Antolini, perito de parte de Cudmani, que trabajó con Guzmán, el oficial contador público Daniel Antonio Fontana y la perita por parte del Ministerio Público Fiscal, Natalia Zárate.
Análisis de otras obras: una moto y la falta de perjuicio económico
En su extensa declaración, el perito ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán también habló de las obras 527 (remodelación de Asunt), 532 (módulos de campo de la Facultad de Agronomía), y 545 (Facultad de Ciencias Exactas). Ante preguntas de Alfredo Falú, el defensor de Olga Cudmani, dijo que no podía asegurar que la UNT hubiera sufrido un perjuicio económico en el marco de las obras. Y a Víctor Taleb, defensor de Luis Sacca, le dijo que él supiera no había habido multas o reclamos a partir de las anomalías que describió. Entre estas destacó “malas foliaturas, falta de certificados de recepción provisoria y definitiva de obra, falta de planos de instalación eléctrica, de aprobaciones, el pliego licitatorio está suscrito por quien sería la licitatoria, lo que es irregular, no se hallaron análisis de pliegos, ni planes, se entregaron anticipos financieros que no corresponden, hay sobrecertificación de obras, no hay análisis de precios conforme al pliego y no había control que derivara en que las obras terminaran en tiempo y forma”. En el caso de la obra 545 advirtió como ejemplo que se había comprado una motocicleta como si fuera parte de las instalaciones. “Nunca lo había visto”, afirmó.
