“Mañana comenzamos una ronda de diálogo sobre una aplicación que estamos por presentar, con diferentes modalidades para taxis, y queremos que ellos elijan la que más les convenga. La opción que prefieran será la que respaldemos”, afirmó la jefa municipal.
Chahla también señaló que la situación respecto a otras plataformas electrónicas como Uber, Cabify o Didi enfrenta un “vacío legal, que no es exclusivo de San Miguel de Tucumán, sino que es un problema a nivel provincial y nacional, no es un tema nuestro”.
Asimismo, la intendenta explicó que el pago mensual de $4.700 que realizan los taxistas se destinará a un fondo fiduciario que les permitirá reparar sus unidades. “Ese fondo común no solo cubrirá los costos de la aplicación, sino que también ayudará a los choferes a cumplir con la certificación. Si les falta un foco o tienen problemas con el tapizado, les daremos apoyo”, detalló.
“En resumen, crearemos un fondo común con el dinero que ellos mismos generan. Lo que pagan será invertido por el municipio para mejorar sus condiciones”, remarcó Chahla.
Julio Rodríguez, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán, expresó su preocupación por el decreto del presidente Javier Milei sobre la desregulación del transporte de media y larga distancia. Según Rodríguez, la medida afecta la situación local con las plataformas digitales y reiteró el pedido de declaración de emergencia económica para el sector en San Miguel de Tucumán.
El artículo 19 del decreto sobre el Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera establece que “en los espacios de acceso público de todos los puertos, aeropuertos y aeródromos nacionales, podrán ingresar taxis habilitados en cualquier jurisdicción”. Además, permite que “vehículos de empresas prestadoras de transporte, contratados de manera tradicional o a través de plataformas digitales”, también puedan operar en estos lugares.
Rodríguez subrayó que el problema radica en que la normativa se aplica solo a terminales nacionales, sin considerar la legislación vigente en provincias o municipios. “Por eso pedimos a la intendenta Chahla que se aclare la situación para saber dónde quedamos nosotros, los taxistas”, planteó.
En este contexto, el Concejo Deliberante ha recibido una solicitud para declarar la emergencia del sector taximetrero. El pedido, ingresado el 26 de septiembre, se basa en tres puntos principales: suspender las inspecciones oculares anuales de los taxis, extender el plazo de vencimiento de la inspección anual (ya que algunos vehículos no han podido realizarla desde 2022) y ampliar el límite de antigüedad para los modelos 2012, 2013 y 2014.
El documento argumenta que la competencia desleal con las plataformas digitales ha llevado a una situación insostenible para los taxistas, afectando directamente su actividad e ingresos.
Rodríguez concluyó señalando que la medida nacional complica aún más la situación del sector. “La emergencia debe ser declarada. Si esto continúa, podrían desaparecer oficinas como Sutrappa, ya que una inscripción a nivel nacional daría a la Provincia la potestad de adherirse al decreto y legislar tanto para las aplicaciones como para los taxis”, advirtió.
Finalmente, cuestionó: “Necesitamos claridad sobre nuestro futuro: ¿seguiremos siendo taxistas o nos convertiremos en socios conductores de plataformas electrónicas? Si es lo último, la oficina de Sutrappa no tiene sentido”.
