El diputado nacional y referente bancario Carlos Cisneros, se metió de lleno en la polémica entre el Tribunal de Cuentas y las autoridades de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Sin mayores rodeos, adujo que se trata de una revancha personal del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, en contra del interventor de la CPA, José Díaz, a partir de una investigación realizada por este en la entidad crediticia.
El escándalo escaló esta semana, luego de que el abogado Marcelo Lizárraga, apoderado legal y representante del interventor de la Caja, denunciara prácticas autoritarias y maniobras abusivas por parte del titular del TC. Cabe recordar que el organismo de contralor había impulsado juicios de responsabilidad contra el interventor de la CPA y unos 50 empleados que venían cumpliendo tareas en otras reparticiones, en comisión de servicios.
“El problema que tiene Terraf es que su yerno, empleado del Tribunal de Cuentas, estaba comisionado en la Caja Popular desde el período 2012 al 2018 y robó. Y resulta que ahora el culpable de haber descubierto esa irregularidad es el interventor Díaz. De ahí viene la persecución, de ahí viene la bronca de Terraf con la Caja Popular y con Díaz, concretamente porque él cuando llega hace una auditoría en el hipódromo donde estaba el yerno de Terraf administrando. A plata de hoy habrán faltado como $ 200 millones; se utilizaron fondos para pagar a empleados inexistentes”, denunció el diputado nacional. “Se utilizaron los trabajadores del hipódromo para que le arregle o le arme dos comercios que tiene en el microcentro del yerno de Terraf”, insistió.
El referente bancario a nivel nacional reforzó sus críticas hacia el titular del TC. “Lo que quería Terraf de ese listado de comisiones que tomó estado público, era saber qué legisladores, qué intendentes, qué ministros y qué vicegobernador habían pedido esas comisiones. Información que no le corresponde; si solo tiene el objetivo de extorsionar como hizo toda la vida”, fustigó Cisneros.
Cisneros también denunció que el Tribunal de Cuentas no hizo observaciones durante el alperovichismo, cuando hubo puentes caídos y obras públicas con deficiencias. “Si Terraf hubiese sido un funcionario probo, no se hubieran cometido todas las tropelías que se cometieron en esos 12 años de gestión. Si Terraf hubiese actuado como corresponde, no habría habido hospitales, escuelas y puentes caídos”, arremetió.
Según Cisneros, estas denuncias contra el pariente de Terraf están en manos de la Justicia. “Él era empleado del TC, se le hizo una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal y duerme en el sueño de los justos, en esto de pagar favor con favor. Yo se lo dije una vez al fiscal Mariano Fernández, y se llenaba de excusas como son los fiscales y como son los abogados. Hay mucha gente de la justicia y del TC, que ya deberían estar en la casa, cuidando los nietos y disfrutando de sus jubilaciones de privilegio, que no pagan el impuesto a las ganancias y cobran el 82% móvil”, agregó.
Cisneros remarcó que el accionar tribunalicio le ha ocasionado problemas de salud al interventor Díaz y anticipó que el conflicto escalará a la justicia. “Esto va a terminar en una denuncia en la justicia y en un pedido de juicio político. Espero que los legisladores, cuando vaya el pedido de juicio político le den el tratamiento que le tienen que dar, porque después son ellos los que andan llorando por los rincones”, concluyó.
