El país se conmocionó ayer con la noticia acerca de que la Justicia salteña allanó a un intendente al que investiga por enriquecimiento ilícito y encontró autos de lujo y 200 millones de pesos acumulados, en moneda nacional y dólares. Durante el procedimiento, secuestraron 705.000 dólares en una caja fuerte, dos vehículos BMW, una camioneta Ford, documentación y un arma con municiones.
Te puede interesar también: Allanan a un intendente salteño: tenía $ 200 millones en efectivo y tres autos de alta gama comprados de contado
Si las comparaciones siempre son odiosas, en este caso lo es todavía mucho más si se traza un parangón entre lo que ocurrió en la vecina provincia y lo que sucede en Tucumán. Y es que no cabe en la imaginación cómo es posible que el poder judicial funcione en otras provincias mientras que en Tucumán atrasa tanto. En ese sentido, si para muestra basta un botón, puede mencionarse el caso de Jorge Yapura Astorga.
Y es que, mientras en Salta la justicia actúa en contra de un intendente en funciones, en Tucumán, la titular de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar, mira para otro lado mientras la Sala III continúa sin definir fecha alguna para que tenga lugar el debate oral y público contra el ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista Jorge Yapura Astorga. Esto da cuenta de una clara y explícita protección de la Corte para con este personaje.
Lo curioso del caso es que mientras en Salta a Méndez y su familia se le suma una denuncia por enriquecimiento ilícito, por la compra durante 2021 de dos vehículos importados y una camioneta Ford por la suma aproximada de 56.835.000 de pesos, en Tucumán a Yapura Astorga se lo protege, incluso, junto a su entorno más cercano, cuyos integrantes se encuentran acusados de graves delitos.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Enriquecimiento Ilícito, Coautor De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita son la caterva de delitos que se le imputan a Yapura Astorga, pero también a quienes integran su clan.[/su_note]
En ese sentido, además del ex intendente de Tafí del Valle, deberán comparecer para rendirle cuentas a la Justicia otros siete coimputados de su entorno más íntimo, como es el caso de su ex concubina, Nerina Julieta Mustafá, de su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga, su primo y ex Director Jurídico de la Municipalidad de Tafí del Valle, el abogado Sergio Andres Astorga. Pero eso no es todo.
Y es que el círculo cercano a Jorge Yapura Astorga se completa con la ex secretaria de gobierno de la Municipalidad de Tafí del Valle y actual presidenta del Concejo Deliberante tafinisto, Sonia del Carmen Saavedra; el ex jefe de compras de esta misma entidad, Juan Ramón Silva; el ex Contador General de ese municipio, Julio Antonio Mercado y el ex Tesorero, Oscar Olayo Medina.
En Salta, la justicia dictaminó que “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de cincuenta mil pesos aproximadamente, lo cual torna imposible contar con capacidad económica para poder adquirir los vehículos mencionados en la presente denuncia”. Tampoco los familiares de Méndez podrían justificar con sus ingresos la compra de los vehículos. Exactamente igual que en el caso de Yapura Astorga y su clan.
Continuando con las comparaciones, en la denuncia radicada en Salta, también afirmaron que una organización liderada por el intendente se quedaba con la recaudación de distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento del pueblo. Es decir, el desfalco al Estado, el mismo tipo de delito en el que se inscriben las fechorías del clan liderado por Jorge Yapura Astorga.
En ese marco, cabe preguntarse: ¿Acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo? Al respecto, todo parecería indicar que la Justicia provincial estaría protegiendo a este procesado por corrupción por medio de su silencio e inacción. Y es que siempre es lo mismo con este Poder Judicial tucumano, parecería darle impunidad a esta casta de políticos procesados, en este caso, mediante la protección al legislador oficialista.
Por lo que la Justicia de Tucumán pareciera mirar hacia otro lado y dormir el sueño de los justos, cuando se trata de juzgar a políticos por delitos de corrupción, cuando no debería caber dilación ni postergación posible. Sin embargo, sucede que el juicio oral que deben enfrentar, se encuentra paralizado a pesar de que desde hace un año y dos meses que este debate público quedara firme.
A pesar de múltiples denuncias radicadas en la Corte Suprema, su máxima responsable, Claudia Sbdar, es cómplice por inacción. No en vano, la justicia es una de las instituciones que más descrédito ha ganado en la sociedad al tiempo que ha perdido la confianza de la gente. Esto no sorprende cuando en lo que hace a Tucumán, el Poder Judicial se ha convertido en cómplice de quienes cometen delitos.
En ese marco, lejos de juzgarlos, la Justicia provincial les estaría brindando inmunidad a determinados personajes de la política local, tal es el caso de Jorge Yapura Astorga. En su momento, un fallo unánime e histórico de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme la Elevación a Juicio Oral y Público de Yapura Astorga, por lo que el legislador es un hombre público que se encuentra procesado.
Sin embargo, la titular de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar, no pareciera comprender la gravedad de este hecho, el daño institucional que significa que hoy Yapura Astorga ocupe una banca en la legislatura representando al pueblo, cuando tiene que rendir cuentas del enriquecimiento injustificado de su patrimonio junto a su familia. Es por ello que cabe preguntarse:
¿Será justicia?
