El cobro de comisiones por operar con billetes de alta denominación ha causado una reacción generalizada en las redes sociales. Sucede que ante una elevada inflación y ante la decisión, por ahora, de la Casa Rosada de no ordenan nuevas emisiones masivas de pesos han constituido un cóctel difícil para las entidades que manejan elevados volúmenes de dinero.
Esto implica sobrecostos que, por caso, algunos bancos no están dispuestos a absorberlos porque, a mayor cantidad de billetes operando, más personal se necesitará para contarlos. A ello se agrega una mayor disponibilidad de recursos para abonar el servicio de camiones de caudales y también la ampliación de bóvedas, en caso de que sea necesario, para atesoramiento de los billetes.
Con el fin de desincentivar el depósito de esos pesos, algunas entidades financieras han decidido cobrar a una franja de clientes una comisión por el depósito de dinero en efectivo por ventanilla. Esto ha causado las airadas reacciones que pueden observarse en las redes sociales. Un caso particular ha sido la comunicación del Banco Galicia que informó que, a partir del 17 de julio próximo, todos los depósitos en efectivo que se realicen “tendrán una comisión adicional del 5% si el monto en baja denominación (billetes iguales o menores a $ 200) supera el 15% del total depositado”. Tras la polémica desatada el banco aclaró que será sólo para grandes empresas, distinción que no estaba explícita en la comunicación que recibieron la totalidad de los clientes. Desde el Galicia aclararon que esta comisión no se cobra ni a empresas que posean el “Certificado Mipyme” ni tampoco a grandes empresas incluidas en el servicio “Cobranza integrada”, consignó Infobae.com.
Las disposiciones del Banco Central establecen que a los individuos y a las pequeñas y medianas empresas (PyME) no se les pueden cobrar comisiones por depósitos en efectivo, pero en el caso de las empresas no está regulado y, por lo tanto, es política comercial de cada banco fijarlas en este último caso. Asimismo, estas disposiciones deben ser comunicadas por las entidades a sus clientes con un plazo de 60 días de antelación.
