Luego de que ayer diéramos cuenta sobre el denominado “Servicio de Seguimiento Periodístico de los principales medios gráficos y sitios web de Tucumán, nacionales e internacionales” promovido por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública (S.E.C.P.) de nuestra provincia, parece ser que desde el Estado ya se estaría controlando a algunas páginas web, al punto de que también habrían comenzado a intimidar a sus autores.
Es el caso de un grupo de Facebook denominado Grupo Anticorrupción Tucumán Observa (G.A.T.O.), cuyo creador es el señor Carlos Salomón, padre de Gabriel Salomón, quien habría fallecido a causa de una mala praxis, por una tuberculosis que no habría sido tratada por el sistema provincial de salud. Este grupo virtual antes se llamaba “Víctimas de la Justicia” e intenta ser un espacio virtual para que la sociedad visibilicen los casos de corrupción y luchen contra ella.
Sin embargo, desde hace un par de meses, está sufriendo llamados al teléfono fijo de su domicilio. Cabe mencionar que la línea está a su nombre, por lo tanto, quien las realiza sabe perfectamente con quién se comunica. De hecho, la última llamada tuvo lugar hace apenas un par de días, pero el promedio de llamadas es de cada 15 días. El dueño del grupo de Facebook, cree que podrían ser de parte del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Esto no sería descabellado, si se tiene en cuenta que en las llamadas que le hacen, le dicen que está infringiendo el artículo 209 del Código Penal y que queda notificado al respecto. Todo muy oscuro y turbio, pero lo más llamativo es que no se trata de una simple casualidad, teniendo en cuenta el contenido del mencionado artículo porque hace referencia a supuestos delitos que alterarán el orden público.
Específicamente, se refiere a “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola investigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”. Con esto, quedaría al descubierto que tanto la Justicia, como el Gobierno, estarían persiguiendo a quienes denuncian hechos de corrupción.
Esto no sería más que la punta del iceberg, ya que daría cuenta de las maniobras que estarían montando desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el gobierno provincial. ¿Cuánto más podrían hacer entonces con los medios de comunicación que critiquen al Poder Ejecutivo y a la Justicia? Ayer lo advertimos: es un asunto de evidente gravedad institucional, debido a que es violatoria de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional y en varios pactos internacionales. Una iniciativa como esta, no tiene lugar en democracia. No es constitucional, y ningún Poder Ejecutivo tiene competencias para crearlo. Lo que se esconde detrás de esto, es evitar la crítica, el disenso e imponer una única verdad que disimule lo malo y ensalce los logros del oficialismo provincial. Y es que se trataría de una especie de ciberpatrullaje mediante la observación persecutoria por medio de la vigilancia de los contenidos.
