El uso de los aviones oficiales por parte de los mandatarios ha sido siempre un tema polémico, y últimamente más, desde que el presidente Javier Milei anunció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo la intención de restringir los vuelos de los funcionarios nacionales y provinciales.
Luego del escándalo por el uso arbitrario de las aeronaves del Estado por parte de la exvicepresidenta Cristina Kirchner -denunciado por La Nación en diciembre pasado- que derivó en la reapertura de una causa judicial en su contra, el tema no quedó ahí, ya que son muchos los gobernadores que han hecho uso, pero también abuso de este medio de transporte, que debería estar reservado sólo para traslados oficiales o, como en el caso de los aviones sanitarios, para emergencias de salud. Pero no siempre es así lo que ocurre con las aeronaves gubernamentales. El uso arbitrario es la norma, no la excepción, y siempre empeora en años electorales, como el 2023.
No importan los partidos, o los años que llevan en el poder, los mandatarios parecen asumir el uso de los aviones provinciales para sus propias necesidades, o apelar a charters privados cuya financiación no siempre queda clara. Y la lista va desde Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Llaryora, hasta los peronistas más clásicos, como Raúl Jalil, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán.
Luego de un exhaustivo entrecruzamiento de datos oficiales, rutas de vuelos y testimonios de personal aeroportuario, La Nación pudo reconstruir los viajes aéreos de varios gobernadores, aunque no de todos, ya que no todas las provincias poseen avión de la gobernación y de muchas de ellas no se dispone de información oficial. Para ello se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como “Flighradar24″), información de spotters (como la que publica @MODO_S_), fuentes aeronáuticas, agendas oficiales, apariciones públicas y archivo periodístico. Además, cuatro provincias no adhirieron a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que obliga a los funcionarios a proveer a los ciudadanos y los medios cualquier información requerida. Ellas son San Juan, Tucumán, La Rioja y Formosa.
Históricamente, los aviones sanitarios provinciales se utilizaron, además de para traslados de emergencias y uso oficial, para encubrir viajes privados (no oficiales) de gobernadores, funcionarios e incluso de familiares y amigos. Estas irregularidades datan desde que los gobiernos adquirieron sus aeronaves y han salpicado a gobernadores de casi todas las provincias, sin importar su partido político.
Aquellos gobiernos que poseen aviones sanitarios suelen usarlos como primera opción. Y no es para economizar. Al utilizar estos aviones, es muy fácil hacerlos pasar como “vuelo sanitario” y muy difícil controlar el verdadero uso que se le da. La única excepción es cuando se trasladan órganos para trasplantes, los que deben ser coordinados con el INCUCAI, y este organismo lleva un registro que se actualiza en forma permanente.
Fuera de ese caso puntual los controles son prácticamente inexistentes. Y no sólo en cuanto al destino de los vuelos sino también en cuanto a si cumplen con las condiciones mínimas para cumplir con la función original para la que fueron adquiridos. Hay aviones sanitarios provinciales que ni siquiera disponen de los elementos necesarios para un traslado de alta complejidad, o no tienen camilla, les faltan elementos básicos para el traslado de un paciente, no poseen botiquín de medicamentos o los tienen vencidos, etcétera.
Según Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, ONG especializada en transparencia pública, “lo mejor es que la legislatura de cada provincia regule la utilización de las flotas oficiales para que estas no puedan ser utilizadas como transporte personal del gobernador. Deberían establecer, en caso de tener aviones o helicópteros si estos son para traslado del gobernador y funcionarios o son específicamente para uso sanitario. Muchas veces, con la excusa de tener un avión sanitario se compra en realidad un avión para el gobernador, lo que de por sí no tiene nada de malo, son prioridades que se dan en los gobiernos. Las regulaciones tienen que ser bien específicas si es que el gobernador tiene un avión a su disposición. ¿Para que tipo de traslados? Que se limite su uso para cuando está en ejercicio de la función pública, y que se prohíba para actividades personales y para las campañas electorales. En Estados Unidos, por ejemplo, si el Presidente está en campaña suele compartir los gastos del avión entre el partido político y el Estado, de acuerdo a los costos que conllevan los vuelos, la seguridad y la logística. Si bien las fórmulas para los cálculos son complejas, siempre las campañas se hacen cargo de una parte”.
Un ejemplo claro es el del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien pasó de usar el avión de la provincia 67 veces en 2022 a 176 en 2023 (cuando fue candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta), a un costo aproximado -calculado según los promedios del mercado- de $1.508.162 dólares.
El traslado por lo general consistía en llevar al entonces gobernador a su destino, dejarlo, que la nave retornara a la provincia vacía (lo que se conoce en la jerga como “ferry” y que aumenta su costo operativo), y luego volviera a buscarlo. Los vuelos son en su mayoría a Buenos Aires y otras provincias, aunque también lo hizo a Punta del Este el 24 de noviembre de 2022 para visitar al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. La visita duró tres días, ya que regresó directo a San Salvador de Jujuy el 27 de noviembre.
Durante la campaña de 2023 fueron muchas las ocasiones -no menos de 70 tramos- en las que el exgobernador utilizó además servicios de taxis aéreos de distintas compañías, como Pacific Ocean, Royal Class y Aerovida, esta última especializada en servicios de traslados sanitarios, pero el 63% de los vuelos los hizo en el avión provincial. En varias oportunidades, el expresidente de la UCR viajó a la ciudad de Buenos Aires por solo unas horas, para mantener entrevistas con medios de comunicación nacionales. Ahora, fuera de la función pública, las hace por zoom. Consultados por La Nación, en el entorno del exgobernador prefirieron no hacer comentarios.
También hay provincias que vendieron las aeronaves “sanitarias” o nunca las tuvieron y, por ende, sus gobernadores recurren a los taxis aéreos. Tal es el caso del exjefe de gobierno porteño y exprecandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, quien realizó 93 vuelos entre febrero de 2023 y agosto de ese año, fecha en la que perdió las elecciones PASO. Todos sus vuelos se realizaron en aviones privados alquilados, en su mayoría a la empresa Flyzar a un costo aproximado de $ 473.812 dólares. Al ser consultado en LN+ sobre quién financiaba dicho gasto, el propio exalcalde declaró que lo hacía el partido al que pertenece y que toda la información se encuentra en la Cámara Nacional Electoral. De ese informe surge que el equipo de Larreta declaró un gasto de $38.470.000 pesos.
En algunos de esos viajes, Rodríguez Larreta y su aliado Gerardo Morales coincidían en origen y destino pero viajaban en aviones separados porque el exalcalde se movía siempre con una comitiva de varios asistentes.
Flyzar es la empresa contratada por Cristina Kirchner -cuya factura fue pagada por Presidencia- en uno de los vuelos a El Calafate que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió la reapertura de la causa contra la expresidente luego de la información aportada por La Nación. Dicha compañía era también la favorita del exgobernador de la provincia de Buenos Aires -y actual secretario de Turismo- Daniel Scioli. El exmotonauta tiene un largo historial de polémicas y causas en la Justicia por el uso discrecional de aviones privados contratados por la gobernación, la mayoría a FlyZar.
Otro caso llamativo es el del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Si bien asumió hace poco más de tres meses, ya lleva realizados 29 viajes en el avión de la provincia, a un costo operativo calculado en $83.550 dólares.
Otro de los gobernadores del “Norte Grande” a quien se le pudo documentar el uso del avión oficial es Raúl Jalil, jefe de gobierno de Catamarca. En los últimos doce meses, la aeronave provincial realizó 169 vuelos, a un costo aproximado de $625.000 dólares. Además, el 20 de agosto de 2022, según consta en el seguimiento por radar, el LearJet 75 matrícula LV-JWN perteneciente a la provincia hizo en un solo día los tramos Catamarca-Aeroparque-Ushuaia-Aeroparque-Catamarca pero el gobernador no fue parte del pasaje. El avión voló vacío desde Catamarca a Aeroparque y allí lo abordó la exprimera dama, Fabiola Yáñez, hacia la ciudad más austral del mundo. Al no poder justificar ninguna actividad oficial que ameritara el gasto, y ante el pedido de informes que hizo la oposición en la Legislatura provincial, Jalil explicó que el préstamo del avión para el descanso de la primera dama “obedeció a un sistema solidario que manejan con Aeronáutica y un requerimiento de la Presidencia de la Nación”. El costo operativo de ese “acto solidario” a expensas de las arcas provinciales fue de $30 mil dólares.
Gerardo Zamora, mandamás de Santiago del Estero, es otro gobernador “generoso” con el avión sanitario de su provincia. La Nación pudo probar, al menos, 25 vuelos desde octubre de 2022 a la fecha, de los cuales cuatro fueron en préstamo al entonces ministro Massa: el 18, 19 y 25 de octubre de 2022, y el 5 de marzo de 2023, con destino a la provincia del norte y a Mendoza, respectivamente. Ese mismo mes, el 19 de marzo de 2023, el avión de la provincia viajó a Ezeiza para pasar a buscar a la exMiss Puerto Rico 2009 Mayra Matos Pérez y llevarla a Santiago del Estero el 20 de marzo. Allí, la modelo pasó una semana, según sus propias palabras “para tener una experiencia de vida” en la comunidad de Colonia Jaime.
El total de vuelos que La Nación pudo corroborar solo entre 2022 y 2023 le insumió a Santiago del Estero no menos de $117.880 dólares. El gobernador también quedó envuelto en una polémica este verano por haber utilizado la nave oficial para irse de vacaciones a Pinamar. Consultado por el extraño periplo del avión sanitario que aterrizó en Villa Gesell el 8 de enero, Zamora contestó a este diario que era “una pelotudez”. La capital de la provincia que administra es, según el índice de pobreza difundido por Indec en septiembre de 2023, la tercera ciudad más pobre del país, con un 46,6% de su población que no gana lo suficiente para acceder a la canasta básica mensual.
Siguiendo con los gobernadores del NOA, Ricardo Quintela, reelecto gobernador de La Rioja desde 2019, utilizó -al menos en lo que se pudo comprobar- el avión provincial, un Cesna 650, dos veces en 2022 y solo una 2023. En otras oportunidades prefirió trasladarse en un Lear Jet 45 rentado a la empresa Sundown Jet SA. El costo de los siete vuelos realizados por el gobernador -a los que pudo acceder La Nación– asciende a $55.844 dólares. La Rioja se declaró en default en febrero de este año por una deuda de $26 millones de dólares.
Por su parte, el pampeano Sergio Ziliotto, también gobernador reelecto en 2023 por el Partido Justicialista, utilizó el LearJet 60 matrícula LQ-JVH de su provincia, en lo que va de 2024 en ocho oportunidades, todas para ir y venir de Santa Rosa, la capital provincial, a la Ciudad de Buenos Aires. Sólo entre febrero y lo que va de marzo, su traslado aéreo les costó a sus contribuyentes $29.600 dólares, a razón de $3700 dólares por tramo. Sin embargo, el avión oficial ya lleva recorridos 119 vuelos en los últimos 12 meses, a un costo aproximado de $440.300 dólares.
El caso de Gildo Insfrán, patrón de Formosa desde 1995, es una curiosidad en sí misma. La provincia no cuenta con Ley de Acceso a la Información Pública por lo que reconstruir los vuelos del gobernador a lo largo de sus 29 años en el poder es una tarea casi imposible. Según consta en registros oficiales, la provincia adquirió un avión Cessna monomotor, matrícula LV-BIV para ser utilizado como avión sanitario en 2007.
Sin embargo, según lo citan medios locales, no fue sino hasta 14 años después, en agosto de 2021 -durante la pandemia de Covid19- que se lo utilizó por primera vez para el fin por el que había sido comprado. Fuentes del sector aeronáutico también dieron cuenta de que el gobernador es asiduo cliente de la empresa Baires Fly SA, a quien suele alquilarle los Bombardier LearJet 60 matrículas LV-FUF, LV-CPL y LV-CCO, incluso hasta para irse de vacaciones. En 2013, un informe oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) al que tuvo acceso Clarín registraba 36 vuelos sólo en el primer semestre de ese año. En ese momento, el propio dueño de Baires Fly reconoció contar con el gobernador entre sus pasajeros pero negó ser proveedor de la gobernación. Es que ese tipo de viajes suelen ser pagados por “intermediarios”.
Pero su afición por los taxis aéreos no cesó tras el escándalo: en 2022, según los registros a los que accedió el diario Ahora Litoral, y que fueron corroborados por La Nación, “Don Gildo” realizó al menos 54 vuelos privados, con un costo aproximado, según los valores del mercado, a los $817.000 dólares. Adicionalmente, este medio pudo reconstruir 11 vuelos más, cuyos costos, sumados a los anteriores, superan el millón de dólares. De estos registros se desprende que los años pasan pero la cantidad de charters utilizados por el caudillo del NEA no bajan. Con un promedio de entre 50 y 70 vuelos privados por año, y tomando en cuenta que Insfrán lleva casi tres décadas en el poder, lo gastado en traslado personal por el gobernador de una de las provincias más pobres del país -y que más recursos de coparticipación recibe en relación a los que genera-, resulta en una cifra, cuando menos, obscena.
Muchas denuncias se han presentado en los tribunales provinciales y nacionales, así como también se han solicitado pedidos de informes de las legislaturas y del Congreso Nacional, acerca del uso de aviones oficiales y alquiler de vuelos privados para fines personales de los funcionarios, sus familiares y amigos. Sin embargo, la enorme mayoría continúa sin ser investigada por la Justicia.
Los aviones privados
El uso arbitrario de la flota oficial no es potestad sólo de los gobernadores. El exministro de Economía y excandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, realizó 91 vuelos nacionales e internacionales, entre el 28 de marzo de 2022 y el 9 de noviembre de 2023, con un costo operativo aproximado de $ 2.452.924,20 de dólares. El excandidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, utilizó en la mayoría de los casos, aeronaves de la Agrupación Aérea Presidencial las que, en muchas oportunidades, eran trasladadas de Aeroparque a San Fernando, para mayor comodidad del ex intendente de Tigre durante su campaña presidencial.
Massa también se trasladó en aviones de la Fuerza Aérea Argentina (matrículas T-33 y T-99) y hasta en el avión sanitario de la provincia de Santiago del Estero. Además, en tres ocasiones alquiló un avión privado de la empresa Flyzar. También, al igual que Cristina Kirchner, utilizó uno de los aviones de YPF para ir a Panamá, vía Salta, el 17 de marzo de 2023. Regresó en el mismo aparato dos días después.
Quizás el caso más llamativo sean los viajes que efectuó en la aeronave, matrícula N922DN, propiedad del empresario Francisco de Narváez. El excandidato presidencial, entonces también ministro de Economía, viajó en el avión del empresario desde Ezeiza a París, Francia, el 12 de noviembre de 2022, en el marco de las negociaciones con el Club de Paris.
El “préstamo” de aviones privados por parte de empresarios a políticos en campaña es algo habitual y difícil de comprobar. Según Secchi, “debería en diciembre pasado- que derivó en la reapertura de una causa judicial en su contra, el tema no quedó ahí, ya que son muchos los gobernadores que han hecho uso y abuso de este medio de transporte que debería estar reservado sólo para traslados oficiales o, como en el caso de los aviones sanitarios, para emergencias de salud. Nada de esto ocurre ni ocurrió nunca con las aeronaves gubernamentales. La utilización La tilización Latilización Ltilización tilización tilizacióntilizaciótilizacitilizactilizatiliztilitiltit(UP) “no declara egresos por movilidad, viáticos ni servicio de transporte para las PASO” y, para las elecciones generales, declara un gasto de $3.910.595 en “movilidad y viáticos”. Una cifra irrisoria si tomamos en cuenta los costos operativos antes mencionados. Por el lado de Juntos por el Cambio, la CNE reconoce que “se deberán realizar controles sobre los viajes aéreos durante la campaña”, tarea que está en proceso hasta tanto se termine la auditoría sobre las facturas presentadas por todos los partidos.
Por Guadalupe Vázquez – Federico Teijeiro
