El Gobierno nacional es el principal responsable de la tragedia educativa que vive Argentina. La decisión de cerrar por un año las escuelas hoy impacta en números que hasta el propio ministro Nicolás Trotta reconoce. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes se desconectaron de la escuela durante 2020 y, seguramente, la cifra es mucho mayor si se consideran a los millones de argentinos que viven en la pobreza y la marginalidad.
El último desatino de una administración que no tiene ningún plan es suspender las pruebas de evaluación “Aprender” previstas para este año. En la lógica de siempre del kirchnerismo, no aceptan que los números le confirmen la realidad. Y como no pueden dibujarlos, se niegan a obtenerlos. Están aplazados, pero el presidente, su vice y el ministro quieren esconder el boletín de clasificaciones.
En Tucumán, no tenemos datos oficiales sobre cual es la realidad en las escuelas. Se sostiene la presencialidad, pero es indispensable evaluar y monitorear que está pasando con alumnos que sufren ausencias, falta de conectividad y de medios para sostenerse en las aulas. Y lo que es más importante, necesitamos acordar una hoja de ruta para enfrentar un futuro incierto y en el que debemos recuperar la centralidad de la escuela en nuestra organización como sociedad.
Las políticas educativas trascienden cualquier gobierno. No son un problema de funcionarios o de gremios. Son la huella que define cual es el presente y el destino de una sociedad. El abandono de la educación, su desprecio o minimización al momento de tomar decisiones, la falta de empatía con la realidad de miles de familias que asisten impotentes al ataque sistemático de los derechos de sus hijos no puede seguir siendo la regla. Desde Juntos por el Cambio exigimos un cambio de rumbo. No toleramos que las escuelas sigan siendo la variable política en una pandemia donde faltan clases y vacunas para todos.
