“No vamos a negar el problema, pero estamos trabajando para solucionarlo. De todas maneras, prefiero que los presos estén incómodos unos meses más, antes que haya delincuentes sueltos en la calle”, aseguró el gobernador, Osvaldo Jaldo, al anunciar que se realizará una inversión de más de $ 7.000 millones para la construcción de la nueva cárcel, de cuatro alcaldías y una remodelación en la cárcel de Villa Urquiza. “Y este no es un anuncio más, para llevarle tranquilidad a los tucumanos, todos los expedientes están en trámite y con seguridad las obras comenzarán en marzo”, añadió.
Un informe daba cuenta que las dos fugas que se habían producido el miércoles de dos dependencias policiales diferentes -con las que son cuatro en lo que va del mes- habían dejado al descubierto el agravamiento de la crisis carcelaria. Se informaba además que sólo en la Unidad Regional Capital había 545 detenidos, pero tiene capacidad para albergar a 175.
De ese número, el 98% se encuentra con prisión preventiva o directamente ya fueron condenados. Según una acordada de la Corte Suprema de Justicia, estos reos deberían estar alojados en el penal de Villa Urquiza, orden que no se está cumpliendo.
“Sabemos perfectamente cuál es la realidad. Pero también sabemos que esta será la gestión que se encargará de solucionar este problema”, destacó Jaldo. “Este no es un problema nuevo, desde antes de 2017 que se viene hablando de la crisis carcelaria y no se buscó la solución correspondiente. Nosotros la tenemos y la vamos a concretar en serio. Esto no es un mero anuncio”, añadió.
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El gobernador interino, anunció que además de la construcción de la nueva cárcel de Benjamín Paz, se edificarán alcaldías en Banda del Río Salí y en Las Talitas; que se remodelarán totalmente dos edificios escolares de Delfín Gallo y de Río Seco; y que se recuperará un pabellón de Villa Urquiza. “En total, con fondos nacionales y provinciales se invertirán más de $ 7.000 millones con la que tendremos unos 1.896 cupos para alojar a los detenidos”, explicó.
Un poco de historia
La llamada crisis carcelaria se inició cuando en 2016, los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni presentaron un habeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías por la cantidad de detenidos. En esos días, según los informes, en las dependencias de la fuerza de toda la provincia, habían poco más de 600 detenidos. Los últimos registros indican que en la actualidad hay cerca de 1.200, casi la misma cantidad de población que tiene Villa Urquiza que, según las fuentes consultadas, llega a casi 1.300 reos.
A partir de esa fecha, se realizaron varios intentos por solucionar el problema, pero nunca fueron suficientes. Bajo la gestión de Regino Amado como ministro de Seguridad, se inauguró el pabellón número 10 del penal. Con el correr de los años, se hicieron nuevas ampliaciones que incrementaron la capacidad de la penitenciaría en no más de 300 cupos.
“El esfuerzo que se está haciendo es muy importante. Si bien es cierto que recibimos la ayuda de Nación para la cárcel de Benjamín Paz, las otras obras se hacen con recursos provinciales”, comentó. “Otra ventaja es que las edificaciones, por el sistema de edificación que se utilizará, se harán de manera rápida”, agregó Jaldo.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo informó que la remodelación en el penal de Villa Urquiza ya se está realizando y permitirá ampliar la capacidad a unos 150 detenidos más. “Las escuelas que se utilizarán como centro de detención, después de que fueran analizadas por los especialistas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, son totalmente recuperables. Eso significa que no tendremos que comenzar desde cero”, acotó Caponio.
Jaldo insistió en llevar tranquilidad a los tucumanos con este tema. “Estamos trabajando con todos los trámites correspondientes para que sean analizados por el Tribunal de Cuentas y, en marzo, estaríamos iniciando las obras”, insistió. “No debemos dejar de pensar que esta crisis carcelaria se agravó por la aplicación del nuevo código procesal penal” indicó. Después de revisar su celular durante unos segundos señaló: “con el viejo digesto teníamos 400 condenas al año, con el nuevo digesto, se superaron las 2.000”.
“Pero también quiero destacar la tarea que realizan nuestros policías. Ellos no están preparados para cuidar detenidos, pero lo hacen. Eso habla de la voluntad de servicio que tienen. A ellos también quiero llevarles tranquilidad porque estamos trabajando para solucionar este problema”, finalizó el gobernador interino.
