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Con prisión domiciliaria en Córdoba, los estafadores virtuales pueden seguir actuando con total impunidad

AUDIENCIA: se confirmó que los imputados volverían a Córdoba, para cumplir un arresto domiciliario que, en la práctica, no puede ser supervisado y les permite seguir adelante con las estafas virtuales.

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Luego de que, hasta junio, la justicia tucumana recibiera más de 2.500 denuncias por estafas virtuales, en agosto se realizó un importante procedimiento que incluyó varios allanamientos en Córdoba, señalada como la base desde donde se concretan estos delitos, donde se detuvo a una decena de personas que fueron trasladadas a nuestra provincia para ser juzgadas.

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Sin embargo, la ola de de engaños no se detuvo. Por el contrario, los estafadores perfeccionan las técnicas ya conocidas y buscan otras, amparados siempre en la falta de voluntad o de confianza de las víctimas para realizar la denuncia correspondiente, advierte Marcelo Leguizamón, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos.

La tendencia creciente se hace sentir en la city bancaria, donde se cuentan por decenas las denuncias que reciben las entidades crediticias, presentadas por clientes que fueron afectados, además de la gran cantidad de medidas judiciales que siguen a estas presentaciones.

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Mientras tanto los esfuerzos del investigador para que los cordobeses fueran a parar a la cárcel se encontró con la negativa del juez Alejandro Tomas, quien les dictó tres meses de prisión preventiva, pero permitió que cumplieran el arresto en sus casas, a más de 600 kilómetros de Tucumán.

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El fiscal impugnó la medida con una batería de argumentos, comenzando por la clara imposibilidad de controlar que se cumpla la reclusión. También resaltó que fuera de la jurisdicción de la Policía de Tucumán, es muy fácil para los detenidos la fuga, y que aún si no lo hicieran, pueden alertar a sus cómplices aún en libertad, sobre las medidas que está tomando la justicia tucumana.

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A todo lo anterior se sumó el estado de indefensión en que quedaron las víctimas de los estafadores, afectados física y psicológicamente, pero ninguno de esos argumentos convenció a la jueza Patricia Carugatti, quien consideró ajustado a derecho el fallo de Tomas y sólo se limitó a advertir a los imputados que si no cumplían con las imposiciones del arresto domiciliario, este les sería revocado.

El problema de fondo es que, mientras ellos se mueven sin control efectivo en Córdoba, en Tucumán se mantiene la cantidad de estafas. La última que trascendió porque sus víctimas reaccionaron a tiempo para desbaratarla, afectó a una joven a quien le robaron sus datos de WhatsApp para ofrecer entre sus contactos, dólares en venta s $ 170, con una cuenta bancaria para depositar el dinero.

Uno de sus contactos la llamó para confirmar la operación y así se descubrió la trampa, que de inmediato fue puesta en conocimiento de todos los allegados de la afectada, para que eludieran la maniobra, además de aportar sus datos como parte de la denuncia que terminó de abortar la jugada de los estafadores.

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