La elección de los nuevos representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura será, tal vez, una de las últimas batallas dialécticas del año en el Senado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Todo indica que, como ocurrió hace seis meses, Cristina Kirchner volverá a imponer su criterio y a quedarse con tres de los cuatro escaños correspondientes a la Cámara alta.
“Que ellos, con 35 senadores tengan tres consejeros y nosotros, que tenemos 33, sólo uno, no tiene justificación alguna”, sostiene un senador del Pro, que espera que la Corte Suprema de Justicia cambie esta situación y falle a favor del recurso presentado por el senador Luis Juez (Córdoba) en abril último, cuando la vicepresidenta le arrebató a la oposición un consejero que, por la relación de fuerzas existentes, le correspondía a Juntos por el Cambio.
Las señales que llegan desde la Justicia son confusas. Si bien el senador cordobés obtuvo a mediados de septiembre un dictamen favorable de Eduardo Casal, procurador interino a cargo del Ministerio Público Fiscal; desde el Palacio de Tribunales los jueces supremos no parecieran dispuestos a emitir sentencia antes de noviembre, cuando debe renovarse la dotación entera del Consejo de la Magistratura y el reclamo de Juez devenga en abstracto.
La disputa, tanto la política como la judicial, viene desde que el máximo tribunal declaró inconstitucional, en diciembre del año pasado, la ley que reglamentó el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar y aplicar sanciones a los jueces redactada por Cristina Kirchner y sancionada en 2006.
En el mismo fallo, los jueces dispusieron un plazo de 120 días para que el Congreso dictase una nueva norma. De no hacerlo, se volvería a la ley anterior, sancionada en 1997. Según esa norma, el presidente de la Corte no sólo integraba el Consejo, sino que también lo presidía. Por esta cuestión, el kirchnerismo acusó al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, de haber dado un “golpe de Estado” para “ingresar por la ventana” al organismo.
El regreso a la ley de 1997 fue lo que finalmente ocurrió. El kirchnerismo logró aprobar en el Senado un proyecto con una nueva reglamentación y conformación del Consejo, pero nunca pudo sancionarlo en Diputados. Así, ambas cámaras legislativas debieron nombrar a un cuarto representante en el organismo que selecciona y remueve a los jueces por un mandato hasta noviembre, cuando se produciría la renovación del cuerpo.
Pero a mediados de abril y en una jugada sorpresiva, Cristina Kirchner ordenó dividir en dos el bloque de 35 senadores del Frente de Todos de manera tal que un bloque, bautizado Nacional y Popular, se convirtiera en la primera minoría, mientras que el otro, rotulado como Unidad Ciudadana, pasó a ser la tercera fuerza, detrás de la bancada de la UCR.
Fabián Marelli – LA NACION
Con esta maniobra, la vicepresidenta desplazó al Pro, socio de la UCR en el interbloque de Juntos por el Cambio, a la condición de cuarta fuerza en el Senado y lo dejó con las manos vacías, ya que según la ley que volvió a regir en abril el Consejo de la Magistratura la primera fuerza en cada cámara parlamentaria se alza con dos consejeros mientras que los dos restantes se los reparten la primera y segunda minorías.
Así fue como la renacida Unidad Ciudadana, escudería que había creado Cristina Kirchner a fines de 2017, cuando Miguel Pichetto expulsó a los kirchneristas del bloque peronista y que había desaparecido con la unidad del PJ con su regreso al poder en 2019, se ganó el derecho a nominar un consejero. La designación recayó en Martín Doñate, senador por Río Negro, militante de La Cámpora y, por lo tanto, kirchnerista de paladar negro y de confianza de la vicepresidenta.
“Dudo que la Corte falle a tiempo porque sería escalar más el conflicto; pero, así y todo, si hubiera un fallo a favor del Pro, no hay forma de que pueda aplicarse ahora, por lo que Cristina lo va a interpretar de manera tal que todo siga igual”, se mostraron confiados en el oficialismo.
La esperanza y seguridad que destilan en el kirchnerismo tienen una justificación. A diferencia de los otros embates legislativos contra la Corte, en los que impulsó proyectos de ley que requirieron la construcción en el Senado de cada vez más costosas mayorías; la designación de los consejeros es a sola firma de Cristina Kirchner que, como presidenta de la Cámara alta, tiene la potestad de emitir los decretos de designación de los representantes al Consejo de la Magistratura. Además, los “nuevos bloques” se mantienen conformados desde abril, es decir que ya son preexistentes a esta nueva camada de consejeros a designar.
Por otra parte, desde el macrismo descartaron la posibilidad de entrar en un frenético juego de cambios de la integración de bloques, como hizo Cristina Kirchner en abril, para tratar de ganar el escaño que consideran le corresponde. “La apuesta es a la Corte”, insisten.
Por lo pronto, tras la elección de los representantes de jueces y abogados ocurrida la semana pasada, sólo quedan por nominar los ocho representantes del Congreso al Consejo para el próximo período, que comenzará en noviembre. La puja está abierta y en las próximas semanas habrá novedades.
