La semana pasada (miércoles 19 de junio) se realizó una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo un acusado, de 28 años, por los delitos de intimidación pública reiterada en concurso real con estafas (ambas en siete oportunidades).
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representado por la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio. Durante la audiencia se procedió a solicitar la extensión de la medida de coerción por dos meses, cuyo plazo fue aceptado por el juez interviniente.
En base a los fundamentos vertidos en audiencias anteriores, la investigadora señaló que “se trata de hechos que revisten gravedad (se habla de siete hechos en concurso real con multiplicidad de víctimas). Teniendo en cuenta que las víctimas de delitos de estafa tuvieron contacto estrecho con el imputado donde le otorgaron sus datos personales por lo que el imputado en libertad tendría modos de contactarlas por medios telemáticos”.
Según la teoría del caso, entre los días 12 y 21 de diciembre del año pasado realizó llamadas amenazadoras al 911 indicando la presencia de explosivos en el banco ubicado en calle Maipú y en Caja Popular (esquina norte) de esta ciudad capital, a consecuencia de estos hechos debió intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron el protocolo antibombas para los casos. Para ello debieron evacuar a los fines de registrar los establecimientos, lo que provocó, asimismo, tumulto y caos en el tránsito mientras se aplicaban dichos procedimientos preventivos.
En tanto, al momento de efectuar las estafas (entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre de 2023) involucraba la promesa de acceder a subsidios del Gobierno para lo cual las víctimas debían efectuar transferencias.
En razón de esto, se determinó que algunos de los damnificados realizaron pagos por $30.000, $ 255.000, $20.000, $10.000, $20.000, $340.000 y $110.000.
