En la semana que se fue para jamás regresar, Tucumán Despierta consigue sacar a la luz nuevamente los trapitos al sol que desde lo más rancio del poder se trata de ocultar. En ese sentido, nuestro medio devela una nueva serie de trapisondas cometidas, en esta ocasión, por parte de un viejo conocido al cual se le ajusta perfectamente el refrán popular que reza acerca de que “El zorro pierde el pelo, pero jamás las mañas”.
Se trata del presidente del Ente Autárquico de Turismo de Tucumán, Domingo Amaya, quien pagó más de 135 millones de pesos a una empresa mendocina en términos de publicidad, pero de forma irregular. Al respecto, cabe señalar que, más precisamente, el ex intendente capitalino realizó dos contrataciones directas con una empresa mendocina denominada “Grupo Obras Servicios y Desarrollos SA”.
Y lo hizo para una supuesta campaña publicitaria en diferentes puntos del país, por el término de 2 meses por una suma superior a los 90 millones de pesos. Sí, en épocas de vacas flacas, Domingo Amaya se da el lujo de gastar esa cantidad en publicidad, al menos, supuestamente. Ahora bien, cabe destacar que esta primera contratación fue aprobada mediante Acuerdo N°2563 de fecha 14 de junio de 2024 por el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Lo cierto es que el TC dejó en claro que, en uno de los párrafos de los considerandos, la Jefatura Contable deja sentado que “…Corresponde advertir al Organismo que, en oportunidad de la autorización del pago de la presente contratación, se debe adjuntar la correspondiente facturación, como así también documentación respaldatoria que acredite la efectiva prestación del servicio…”.
En ese sentido, cabe preguntarse: la misma, ¿Fue presentada? Lo cierto es que, al final, el tribunal acuerda NO FORMULAR OBSERVACION a la Resolución Nº1973/9-(EATT), de fecha 11 de junio de 2024, dictada por el Ente Autárquico Tucumán Turismo sometida a Control Preventivo de Ley. CONDICIONAR la ejecutoriedad del acto administrativo mencionado al cumplimiento de lo señalado en los Considerandos que anteceden.
Ahora bien, en lo que hace a la segunda contratación mediante acuerdo 4223 de fecha 18 de septiembre de 2024, encontramos que Domingo Amaya nuevamente realiza la misma contratación directa de esta empresa, en esta oportunidad por más de 45 millones de pesos por un mes de campaña publicitaria. Pero, como si esto fuera poco y no resultara ya lo suficientemente indignante, lo cierto es que esto es apenas la punta del iceberg.
Esto se debe al hecho de que, en los considerandos, el Tribunal de Cuentas manifiesta: “Analizadas las actuaciones, teniendo en cuenta lo informado por nuestros estamentos, contable y jurídico, y no existiendo objeciones de índole legal, corresponde no formular observación a la Resolución sometida a Control Preventivo, quedando condicionada su ejecutoriedad a que la firma contratada constituya Domicilio Especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán, conforme lo indicado por el Departamento de Contadores Fiscales en su informe transcripto ut supra, lo que será verificado por la Delegación Fiscal destacada”.
Acerca del párrafo anterior, lo cierto es que deja boquiabierto a más de uno si consideramos que el mismo NO FORMULA OBSERVACIÓN PORQUE NO EXISTEN OBJECIONES DE INDOLE LEGAL PARA LA CONTRATACION. El asunto es que uno de los requisitos legales para contratar con el Estado es tener domicilio legal especial en lo que hace a nuestra provincia y, en este caso, en San Miguel de Tucumán.
Entonces, es por ello que cabe preguntarse: ¿Cómo puede ser que tanto el Ente de Turismo como el Tribunal de Cuentas hayan autorizado el pago millonario y la contratación de esta empresa? ¿Cómo puede ser que el Tribunal de Cuentas ya en la primera contratación por más de 90 millones de pesos no haya advertido que esta empresa no contaba con domicilio en Tucumán?
Como, al parecer, el Tribunal de Cuentas estaría algo desmemoriado, cabe recordar que el Artículo 4° del Reglamento de Compras y Contrataciones y Servicios del Estado Provincial, en lo que se refiere a las EXIGENCIAS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES, señala que “Podrán ser oferentes todas las Personas Físicas o Jurídicas con capacidad legal para obligarse, que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Art. 108 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial, que constituyan Domicilio especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán…”.
Sin embargo, esta no es más que la primera y gran irregularidad, debido a que existe una segunda: Y es que la empresa en cuestión NO CUENTA con certificado de cumplimiento fiscal emitido por Rentas de la provincia de Tucumán, lo que significa que Domingo Amaya incurrió en otra gravedad en la contratación ya que “…todos los agentes de la Administración Pública, la obligación de requerir el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas a los actos y los bienes objeto de los mismos, previamente su inscripción, registración, celebración, autorización o intervención…”.
Como el lector podrá apreciar en lo que a la investigación que lleva adelante nuestro medio, sacó a la luz que se realizó una contratación directa por una suma millonaria de 135 millones de pesos y no se cumplió con le ley, como tampoco el Tribunal de Cuentas actuó al aprobar sin observación este pago a pesar que el Estado no puede pagar a una empresa sin contar con el correspondiente certificado de cumplimiento fiscal, como tampoco lo puede hacer en caso de no contar con domicilio en San Miguel de Tucumán.
Quién es el dueño de la empresa “amiga” de Domingo Amaya
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Quién es el dueño de esta empresa? Cabe señalar que la empresa “Grupo Obras Servicios y Desarrollos” fue fundada por el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y actualmente se encuentra en manos del piloto de carreras y ex candidato del PRO y todavía empresario mendocino, “Orly” Terranova, quien se habría hecho muy cercano a Domingo Amaya cuando éste militaba en el macrismo.
En ese sentido, cabe recordar que Domingo Amaya es un claro camaleón de la política tucumana debido a que fue alperovichista, alfarista, macrista, manzurista y actualmente oficialista. ¿Y qué decir de los antecedentes de Terranova? Al respecto, es menester señalar que, según el sitio Wikipedia, sus antecedentes no serían los mejores. Y es que el sitio web presenta la carrera política de “Orly” Terranova de manera contundente.
Adhirió al PRO, la justicia electoral recibió dos pedidos de impugnación a su candidatura a concejal por la capital mendocina. En 2013 se generó un escándalo cuando varios funcionarios del partido Propuesta Republicana fueron denunciados por haber otorgado a Publicidad Sarmiento SA, empresa del padre de Orlando Terranova, un contrato por 75 millones de pesos y ya existía una resolución judicial que ordenaba tener en cuenta el artículo 46 del pliego que implica jurídicamente dejar afuera a Sarmiento S.A por presentar documentos falsos. Tras unos meses, Diego Santilli fue denunciado por favorecer a Terranova, luego de que el ministerio de Espacio Público volvió a calificar a Publicidad Sarmiento primera a pesar de que sus dueños fueron procesados por presentar documentos apócrifos en la licitación.
Además, para agravar el cuadro de situación en materia de graves irregularidades promovidas por Domingo Amaya y amparadas por parte del Tribunal de Cuentas, lo cierto es que es necesario agregar que, en medio de la pandemia, la empresa “Grupo Obras Servicios y Desarrollos SA” fue suspendida como proveedora del gobierno de Mendoza por no haber cumplido con la entrega de los bienes detallados en el contrato.
Pero, como para dar cuenta de un escenario todavía más escandaloso, cabe destacar el hecho de que esta empresa también fue beneficiada por la gestión anterior, al punto de que quedó plasmado en el BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – EVENTOS DEPORTIVOS – Decreto 156/2023 y que contó con la aprobación del entonces presidente Alberto Fernández, y también de Agustín Rossi y Sergio Massa.
En aquella ocasión, a la empresa de “Orly” le fue otorgada su solicitud en torno a la exención del pago del derecho de importación y demás tributos que gravan la importación para consumo de gorras, remeras, camperas, paraguas y demás elementos originarios y procedentes de los países participantes en el evento deportivo “GRAN PREMIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA MOTO GP 2023” que tuvieron lugar los días 31 de marzo, 1° y 2 de abril de 2023 en el Autódromo de la Ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero.
En definitiva, la única verdad es la realidad y la misma indica que resulta a todas luces la poca transparencia del presidente del Ente Autárquico de Turismo de Tucumán, Domingo Amaya, pero también de parte del Tribunal de Cuentas presidido por Miguel Chaibén Terraf, el cual permite estas contrataciones contrarias a la ley. Para colmo, cabe resaltar que habría todavía muchas contrataciones millonarias en la lupa de este funcionario provincial.
Y es que todo parece indicar que el ex intendente capitalino estaría pagando favores a quienes serían sus socios macristas de otros tiempos, o, tal vez, de los cuales jamás se alejó y que, al menos en las sombras, todavía podría seguir cobijando en el marco de una serie de espurias tropelías tan propias de un camaleón de la política como Domingo Amaya, un viejo zorro que podrá perder el pelo, pero jamás las mañas.
