El barrio privado “Las Pirámides”, erigido sobre un loteo irregular dentro del predio del parque Sierra de San Javier, que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tendría 70 construcciones. Así lo determina el informe que un ingeniero geodesta hizo para la UNT al examinar el relevamiento realizado por un dron hace un mes durante un operativo de la Justicia Federal en el barrio ubicado en el km 28 de la ruta 338, al sur de San Javier, en el límite con Villa Nougués.
Se trata de un barrio enclavado en lo alto del cerro, con vista hacia la zona oeste, por donde pasa el río San Javier. El lugareño Próspero Marcelo Sosa, cuya familia reside en ese sitio desde hace muchos años, reclama derecho de posesión de 4.600 hectáreas de ese terreno, que hasta la mitad del siglo pasado perteneció a la familia Paz Posse, y que en 1948 fue expropiado por la Nación junto con vastos sectores de San Javier, Horco Molle y hasta Tapia para cedérselo a la UNT, que entonces comenzaba su proyecto de la Ciudad Universitaria.
Unas 14.000 hectáreas del predio de lo que iba a ser la Ciudad Universitaria, que quedó inconclusa desde 1952, pasaron a formar parte de lo que se llamó primero Parque Biológico y luego Parque Sierra de San Javier, según publica La Gaceta. Una tercera parte de ese parque es reclamada por Sosa, que está en conflicto con la UNT al menos desde 1998, cuando fue denunciado por usurpación, causa que fue desestimada en 2008 por el entonces juez federal Raúl Bejas, que sobreseyó a Sosa por la falta de seguimiento de la acción penal de la UNT. A partir de entonces Sosa inició su loteo y en 2010 ya comenzaron las primeras construcciones.
Varios de los vecinos del barrio dijeron que ellos se enteraron por avisos clasificados y por internet del barrio en ciernes y que compraron lotes sobre el predio que sabían en litigio, pero que las operaciones se hicieron en escribanía y que tienen boletos de compraventa. “En 2011 vi un aviso de venta de un lote. Me enamoré del lugar, la naturaleza. Era buena gente. El señor Sosa era gente lugareña de años; me mostró un papel, una sentencia que había ganado la posesión, avalado por el juez Bejas. Invertí todos mis ahorros. Hice mi casita, 400 m2. Puse árboles. No sabía nada de que se venía un juicio”, describió Isabel Ortiz. Lo mismo dijeron varios residentes como Gabriela Padovani, Ana Garvich y María Ester Martínez de Úbeda. Ellos dicen ser “compradores de buena fe”.
La UNT supo de la construcción del barrio en 2018, cuando hubo un incidente en el lugar llamado “Salto de la corzuela”, a 2,5 km del predio, cuando hombres armados echaron a excursionistas diciéndoles que se trataba de un predio privado. Los excursionistas hicieron la denuncia ante los guardaparques y en esos días también se supo que se estaban comercializando terrenos para construir viviendas. También se supo que para entonces había unas 31 casas levantadas.
La Universidad, que tiene títulos de propiedad del Parque Sierra de San Javier, inició en 2018 una querella por reivindicación y obtuvo el amparo judicial para que no se siguiese depredando el bosque nativo. Al mismo tiempo pidió que no se brinden servicios básicos como el de energía. Los vecinos dijeron que tienen un medidor comunitario y que el agua les es provista por la comuna de San Javier, que envía un tanque cisterna.
La UNT denunció después que Sosa siguió con el barrio, cortando árboles y abriendo calles, por lo que en 2023 se hizo un operativo judicial y al comprobarse la denuncia, Sosa fue querellado penalmente por desobediencia. Como derivación de esta causa, que está por ser elevada a juicio, en abril pasado el fiscal federal José Agustín Chit comenzó a investigar presunta usurpación y presunto delito ambiental y pidió hacer con Gendarmería el relevamiento.
Pidió que asista la UNT con un dron para “compartir los puntos georreferenciados utilizados para las tomas de las fotografías aéreas aportadas, a los efectos de que la fuerza interviniente realice un análisis comparativo entre la ocupación actual de dicho predio y la que indican las fotografías aéreas presentadas por la UNT, tanto del año 2018 como de 2023, a los fines de elaborar un amplio informe sobre la existencia de nuevas porciones de terreno y la construcción de viviendas”. Se ordenó que se haga un relevamiento de las viviendas construidas y ocupadas, con entrevistas a quienes viven allí, a los que se les solicitó la documentación referida a compras de los terrenos, u otro título que legitime su presencia allí. Asimismo, se determinó confeccionar un croquis del predio.
Se informó entonces que la Fiscalía iba a pedir información sobre los servicios porque “muchas casas tienen medidores de electricidad” y también la comparación con Google Earth de la evolución del barrio, así como se iba a hacer un relevamiento de los habitantes del predio. El grupo de vecinos dijo que hay 56 familias y que se estima que son unas 150 personas.
Las primeras estimaciones del operativo daban cuenta de que había 56 viviendas. Sin embargo, Gendarmería no había podido ingresar a todos los lotes, porque algunos no estaban accesibles. Por ello la UNT realizó el relevamiento aerofotogramétrico con el ingeniero geodesta Julio César Robles. El jueves pasado la Universidad entregó en la Justicia Federal el estudio. Según informó el abogado de la UNT, Máximo Castro, Robles observó que hay varias casas ocultas entre los árboles. En el estudio determinó que hay 70 construcciones, entre las cuales hay un invernadero, dos obradores-galpones y dos viviendas en construcción.
