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Corrupción en las rutas del NOA: las denuncias que dieron inicio a una pesquisa con final abierto

Bagayeros, testigos de identidad reservada y agentes reveladores aportaron datos sobre ocho hechos diferentes. Revelaciones

Colectivo incendiado
HECHO GRAVE. Bagayeros quemaron el micro porque llevaban droga.
Dengue consejos

Al menos ocho fueron las denuncias que utilizó el fiscal federal Agustín Chit para comenzar a investigar una red de corrupción que permitía a bagayeros trasladar por las rutas del NOA mercadería ingresada ilegalmente al país y posiblemente drogas.

Transporte Público

Las exposiciones fueron realizadas entre el 21 de febrero y el 25 de agosto. Entre los denunciantes aparecen bagayeros y testigos que pidieron contar todo lo que sabían siempre y cuando sus identidades se mantuvieran en reserva para evitar sufrir algún tipo de represalias. Con sus dichos, permitieron establecer las líneas que llevaron a la detención y procesamiento de 12 gendarmes y de varios civiles.

Pavimentación

Las denuncias fueron:

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– Juan Carlos Sánchez dijo que formó parte de un tour de compras de la empresa “El Illimani” que partió desde Catamarca hasta Orán. Informó que al iniciar el viaje de regreso, el 25 de enero, cada uno de los pasajeros aportó una suma de dinero en cuatro controles. El testigo precisó que pagaron $3.000 en un retén de la policía salteña, después a gendarmes que estaban realizando esta tarea en los puestos de El Naranjo ($3.000) y Molle Yaco ($10.000) y por último, pasando Trancas, $3.000 a los efectivos de la fuerza provincial.

– Un denunciante anónimo dijo que formó parte de una excursión cuyo micro tenía la leyenda “La Victoria”. Explicó que la coordinadora, al que identificó como “Ely”, realizó un pago de $500.000 a los gendarmes del puesto “El Naranjo” y otro idéntico al personal de la misma fuerza ubicado en Trancas para no ser controlados. Explicó que cada uno de los pasajeros debía abonar $20.000 antes de partir para cubrir esos sobornos. También aclaró que en Catamarca, lugar del destino del tour, fue detenido por efectivos de la Policía Federal que secuestraron la mercadería que habían ingresado ilegalmente al país.

Recolección de Basura

– Un testigo de identidad reservada declaró que el viernes 12 y el sábado 13 de abril observó a gendarmes recibir dinero de parte de una mujer que sería la coordinadora de “Olga Tours”. Los sobornos, de $150.000 cada uno, se habrían pagado en la localidad de 7 de Abril, el norte de nuestra provincia.

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– El mismo testigo denunció que el 12 de mayo recibió $100.000 como pago para que dejaran pasar a los micros de las empresas “Mery Tour”, “El Tucumano”, “Ruta 40” y “Ely Tour”. Los investigadores confirmaron que ese día circularon por Trancas los ómnibus de esas firmas.

– También esta persona señaló el 5 de agosto que un tercero le depositó en su cuenta $100.000 por no haber controlado a un tour el 17 de julio. El testigo entregó a las autoridades los $250.000 que le depositaron.

Nuevos Pozos

Escucha telefónica

– A través de una escucha telefónica autorizada, los investigadores analizaron la charla que mantuvo una coordinadora de viajes con un tercero. La mujer, después de afirmar que venían con un micro “cargadito”, le contó que en el puesto de Trancas había abonado $400.000 y entregado un celular a un gendarme para que le permitiera pasar. Pero también dijo que un compañero le había pedido $800.000, pero que nunca llegó a pagar esa cifra por intervención del primero que había arreglado con ella.

– En esta causa también aparece como clave el caso del incendio del micro en Trancas, hecho registrado el 24 de julio. El testigo de identidad reservada explicó que varios de los pasajeros le confirmaron que habían tomado esta decisión porque en el ómnibus había drogas. También señaló que al menos un gendarme no quiso ir hasta ese lugar por temor a ser reconocido por los bagayeros que le habrían pagado para que los dejara pasar.

– Roberto Luis Garnica denunció el 23 de agosto que dos días antes, en el puesto de Molle Yaco, un gendarme que no tenía identificación, le exigió el pago de $300.000 para no secuestrar la mercadería que traía. Explicó además que pudo observar cómo abonaban dinero otras personas y así evitaban ser controladas.