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Corrupción K. Aunque debe $ 8.000 millones, la Justicia juzgará a Cristóbal López por $ 5.100 millones

El Tribunal que lo juzga por la deuda del Impuesto al Combustible acotó el período fiscal investigado y redujo los fondos adeudados que serán tratados en el juicio.

Cristóbal López en el juicio por la deuda de $ 8.000 millones con la AFIP.

Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray son enjuiciados por haber defraudado al Estado en una maniobra multimillonaria. Aunque la causa inició por una deuda con el fisco de $ 8.000 millones ante la falta de pago de Oil Combustibles SA (OCSA) del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), responsable del juicio, tomará el período fiscal de mayo de 2013 a agosto de 2015, lo que arroja una deuda de poco más de $ 5.100 millones.

Con dos audiencias realizadas, el TOF 3 integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso inicia esta semana el tratamiento de las cuestiones preliminares, es decir, los planteos de las defensa. Previo a esto, se leyeron las acusaciones y la decisión del Tribunal del período fiscal por el cual serán juzgados los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP.

La acusación formal contra los tres imputados en este primer tramo del expediente sostiene que durante la instrucción, se “corroboró la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.

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En este expediente, que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP.  La elevación a juicio del juez Ercolini, que retomó los planteos de la fiscalía y del fisco como denunciante y querellante, contempla los períodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015. No toma períodos anteriores que hacen crecer el monto de la deuda.

Este plazo es el que juzgará el TOF 3, ya que la prueba generada se ajusta a dichos plazos. Mientras se espera la entrega de una pericia clave para el juicio, y la misma puede arrojar un valor superior, o no del perjuicio generado, según pudo saber Clarín.

La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K, le permitió no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo a través de diversos mutuos. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.

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La acusación inicial de la AFIP que conduce Leandro Cuccioli, se inició por defraudación en base a un monto aproximado de $ 8000 millones. Esta cifra está sujeta a la revisión “que surgirá de la pericia que se está realizando, tanto penal como civil, en la que participan la AFIP, los peritos oficiales y de las partes. De ahí va a surgir la cifra final. Hoy no existe un número determinado”, señalaron fuentes de la AFIP a Clarín.

La pericia contable busca determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.

En base a ese número, el organismo recaudador podrá determinar el monto a reclamar como daño civil. La primera cifra podría ser superior a los $ 17.000 millones, el monto por el cual fueron embargados cada uno de los acusados al contabilizar el “daño ocasionado con la maniobra de corrupción implementada”, señaló la fiscalía en su momento.

Aunque la defraudación investigada en esta causa se encuentra circunscripta a 2013-2015, en la acusación se mencionaron los períodos previos para explicar cómo se consumó la maniobra.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

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