La Justicia salteña lo consideró culpable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, como líder de Generación Zoe.
Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, fue condenado este mediodía a 11 años de prisión en Salta, luego de que la justicia de la vecina provincia lo considerara culpable por el delito de asociación ilícita.
El tribunal, integrado por los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans, también condenó a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel a 7 años de prisión efectiva, a Jorge Federico Vilardel a 5 años de prisión efectiva y a Ana Lucía de los Ángeles Vilardel a 3 años de prisión condicional. La quinta imputada, Vilma Griselda Albornoz, a 3 años de prisión condicional.
Pasaron exactamente 39 meses desde su detención y fue él mismo quien lo recordó al iniciar su discurso final. “Hoy cumplo 39 meses, el 4 de abril de 2022, yo fui detenido”, arrancó. En un descargo vehemente, cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía, tildándolas de “conjeturas y afirmaciones falsas”. Negó la existencia de un ardid, refutó la idea de que su empresa fuera una estafa y sostuvo que “no armó ninguna asociación ilícita”. A lo largo de su intervención, hizo referencia a la falta de pruebas de dinero incautado y a supuestas contradicciones en los testimonios.
Cositorto: “La sentencia está firmada”
“Señor Presidente, lo único que hay acá son conjeturas, afirmaciones falsas, mentiras”, dijo, con el ceño fruncido y las manos firmes en señal de frustración. Aseguró que fue víctima de un armado judicial y financiero. “Rompí un poco el mercado financiero y se pusieron de acuerdo para sacarme”, afirmó, antes de señalar directamente a la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio por supuesta difamación. “Ya voy a escribir un libro”, lanzó, en un tono casi profético.
Cositorto, detenido desde 2022, no se guardó nada. Cuestionó el trato que recibe en prisión —“hace tres días que no me baño porque el agua sale helada, estoy aislado y ni una manta me dieron, señor Presidente”—, denunció que no le permiten hablar con la prensa y afirmó que la sentencia ya estaría “firmada de antemano”.
Cositorto, con un tono místico, concluyó su defensa apelando a una justicia divina: “Yo solamente apelo a que la constitución del cielo, donde todos somos iguales ante el rey justo y verdadero, y ahí no hay diferencia, dice el proverbio 1715, que condenar inocentes, como los cuatro que están acá, es un acto detestable ante Dios”. Concluyó asegurando estar “muy tranquilo con mi conciencia” y pidiendo que se haga justicia, no solo para él, sino para los otros acusados.
La fiscalía había pedido 14 años para Cositorto y prisión preventiva para todos
Por su parte, la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, no dio tregua. Durante un alegato de tres horas, había solicitado una pena de 14 años de prisión efectiva para Leonardo Cositorto, considerándolo el autor principal de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, y responsable de estafas en modalidad de delito continuado, todo en concurso real.
Salinas Odorisio también pidió penas de prisión efectiva para los coimputados: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel (8 años), Jorge Federico Vilardel (6 años), Ana Lucía de los Ángeles Vilardel (4 años) y Vilma Griselda Albornoz (3 años y seis meses), todos ellos por los delitos de asociación ilícita y estafas en modalidad continuada. Adicionalmente, la fiscal requirió la prisión preventiva para los cinco imputados hasta que la sentencia quede firme.
La funcionaria detalló que el perjuicio económico estimado asciende a $776.834.153 y que el fraude se extendió desde Córdoba hasta Salta, pasando por Buenos Aires y Santa Fe, con una organización perfectamente aceitada. “Había roles específicos, una estructura clara y un objetivo común: captar dinero bajo falsas promesas”, señaló.
Un esquema Ponzi con fachada de “coaching ontológico”
La Fiscal explicó que Generación Zoe operaba como un clásico esquema Ponzi, usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores sin respaldo real. Los acusados, especialmente los hermanos Vilardel, usaban discursos convincentes y falsas garantías para persuadir a las víctimas, ocultando los riesgos y prometiendo ganancias inalcanzables. La fiscalía enfatizó que nunca se advirtió sobre el riesgo, solo sobre las ganancias. La “burbuja” estalló en Córdoba en enero de 2022, generando un perjuicio millonario, aunque en Salta los Vilardel siguieron operando pese a la fuga de Cositorto. La fiscal calificó el coaching ontológico de Cositorto como una herramienta maliciosa para manipular y engañar.
La investigación y los roles clave
La UDEC inició la investigación en 2022 por denuncias contra Generación Zoe, con sede en Salta. Se determinó que la empresa ofrecía contratos de fideicomiso (“membresía educativa o inteligente”) de entre 500 y 1.000 dólares, prometiendo retornos mensuales del 7.5% al 10% (120% anual). Estos contratos eran a tres años, con multa del 50% por retiro anticipado. También incentivaban a los inversores a captar nuevos aportantes con comisiones y ofrecían “Robots” de inversión con altas promesas de rendimiento. La mayoría de las inversiones eran en efectivo o transferencias a la cuenta de Jorge Federico Vilardel.
