En los próximos días, Alberto Fernández deberá resolver si, como se le está sugiriendo desde el comité de científicos que lo asesora, se vuelve a cerrar todo por poco tiempo para aventar el riesgo cada vez más cercano de un colapso sanitario y de la falta de camas en unidades de terapia intensiva. La presión al presidente de la Nación para adoptar esa nueva medida restrictiva proviene también desde la provincia de Buenos Aires de parte del gobernador Axel Kicillof.
Los dilemas que afligen a los hombres del Gobierno ya no se encuadran simplemente en la disyuntiva entre privilegiar la economía o la salud que solía plantear el jefe del Estado un año atrás, a poco tiempo de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina. Hoy juegan también las perspectivas que ofrece el año electoral, el ánimo de la opinión pública y las menguadas arcas del Tesoro.
Un regreso a la fase uno frente a la segunda ola de coronavirus no aparenta ser tan improbable con los actuales números de contagios, de muertes y de ocupación de camas. Sin embargo, nadie en el Gobierno imagina que semejante medida restrictiva pueda tomarse por un tiempo prolongado como ocurrió el año pasado, con consecuencias aún más graves para la economía del país.
Es que no solo las autoridades se arriesgarían a mayores pérdidas económicas, sino también a que el grado de acatamiento social a una suerte de nueva cuarentena diste de ser elevado. Una vez más, la apuesta para avanzar hacia un nuevo cierre de las actividades pasará por el miedo. Vuelven las dramáticas imágenes que un año atrás nos mostraban países como Italia o España, con hospitales abarrotados de contagiados de Covid-19 y personal de salud que no daba abasto.
Como hace un año, el temor es el motor de la prevención personal y también del nivel de aceptación social de las políticas que casi inevitablemente avanzarán a restricciones cada vez mayores, aunque sin llegar a los extremos de buena parte del año 2020 cuando llegó la pandemia. Mientras el presidente analiza la posibilidad de volver a cerrar todo por poco tiempo, que aún divide opiniones.
Pero los dilemas del Gobierno no terminan ahí. En las próximas horas, se debatirá si ratificar o no la determinación, adoptada a través del Consejo Federal de Salud, de postergar por al menos tres meses la aplicación de la segunda dosis de vacunas a quienes recibieron o reciban próximamente la primera, cuando originalmente se iban a aplicar ambas dosis en un período de 21 días, tal como lo aconsejan los prospectos de los fármacos inoculados en nuestro país.
No pocos integrantes de la comunidad científica ya están planteando su rechazo a la postergación y reclamando que la segunda dosis sea suministrada en un período no mayor a cuatro semanas desde la aplicación de la primera dosis. La única verdad es la realidad y está claro que el coronavirus pone entre la espada y la pared a la sociedad y al Gobierno mientras los contagios no paran de crecer a pesar de las nuevas restricciones.
