A Fernando Baez Sosa (18) lo mataron el 16 de enero 2020 en Villa Gesell. Los rugbiers que lo golpearon fueron detenidos inmediatamente (eran diez hasta que dos fueron sobreseídos) y desde entonces están presos. Siempre juntos, siempre solos, aislados del resto de la población carcelaria.
Tras un breve paso por seccionales de Gesell y Pinamar, el 29 de enero de 2020 fueron llevados a la Unidad 6 de Dolores, la más antigua de la provincia y -como es regla en las cárceles argentinas- superpoblada. Sin embargo ellos estuvieron siempre juntos, siempre solos.
El 13 de marzo de 2020 se decidió trasladarlos a la Alcaidía Departamental de la Plata N° 3 ubicada en el penal de Melchor Romero, un lugar ideado para estar de paso. Pero allí permanecieron casi tres años. Siempre juntos, siempre solos.
El primer día de este 2023, volvieron a la Unidad 6 de Dolores para participar del juicio oral en su contra. Mientras el veredicto se les viene encima a velocidad de tren bala (se conocerá este lunes desde las 13 horas), dos por celda en un pabellón especial esperan que el tribunal decida cómo y dónde seguirán su vida. Esperan siempre juntos, siempre solos.
“Juntos”, “solos”. Esa siempre fue la constante en los más de tres años que mediaron entre uno de los homicidios más documentados (y que mayor impacto tuvo en la sociedad) y el momento del veredicto. Pero, ¿qué pasará con estos ocho jóvenes tras la sentencia del próximo lunes?
Porque, aunque no esté bien decirlo antes de que ocurra, todo parece indicar que sobre ellos recaerá una condena. Eso sí, no es tan siempre predecir si será a “prisión perpetua”, como pidieron la fiscalía y la querella, o los jueces se moverán dentro del amplio margen del “homicidio simple” (de 8 a 25 años de prisión) o incluso el homicidio en riña (de 3 a 6 años). Asi lo sugirió la defensa que, de máxima, pidió directamente absolución.
Ante esta realidad, la de la casi segura condena, más allá de los montos: ¿qué va a a pasar con los rugbiers?, ¿puede la Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense mantener el estatus de aislamiento por más tiempo?, ¿quién supervisará la ejecución de la pena?, ¿qué implicará, en cantidad de años y beneficios carcelarios, una condena a perpetua?. Es más: ¿qué es exactamente una condena a prisión perpetua?
Complicado y complejo
Como en los demás distritos judiciales de la Provincia de Buenos Aires en Dolores hay un juez y un fiscal de Ejecución Penal. Ellos son los que tienen competencia sobre las cuestiones que tienen que ver con los condenados y su vida en la cárcel o el computo de su pena.
Sin embargo si Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son condenados recién serán supervisados por el juez de Ejecución cuando la sentencia quede firme.
Mientras tanto (y esto puede llevar años y llegar hasta la Corte Suprema de la Nación) dependerán del mismo tribunal de Dolores que los juzgó y en general es uno de los jueces, en este caso la presidenta, María Claudia Castro, la que asume la tarea de resolver todas las cuestiones que los afecten.
En caso de que haya condenas altas las cuestiones a resolver son muchas, algunas más urgentes que otras.
Por ejemplo, luego del veredicto, ¿a dónde serán trasladados? Nadie lo sabe o nadie lo dice por una cuestión de seguridad de origen, claro: el carácter hiper mediático del caso generó una ola de odio hacia los acusados que el Servicio Penitenciario bonaerense viene esquivando a fuerza de tenerlos bajo un régimen de aislamiento en grupo.
Lo que muchos creen es que un destino posible para los rugbiers es el Complejo Penitenciario de Campana, ya que ellos y sus familias son de Zárate.
En ese complejo hay tres unidades juntas, cada una con sus características: la 21 es de máxima seguridad y en ella está la población mas “picante”, la 41 también es de máxima pero tiene presos menos complicados y la 57 es de jóvenes adultos enmarcados en casos por delitos menores o próximos a recuperar la libertad.
A todo esto en Campana también existe una Alcaidía Departamental, que depende directamente del Ministerio de Justicia bonarense y su jefe es un civil.
Tal vez esta última sea una solución, pero no dejaría de ser transitoria si se habla de una condena importante e incluso de 50 años, la pena máxima contemplada en el Código Penal para la prisión perpetua tras la sanción de la llamada Ley Blumberg, en 2004.
Solo la calificación de homicidio en riña (de 3 a 6 años) plantearía un futuro penitenciario sencillo, ya que con tres años cumplidos en la cárcel tendrían la libertad condicional en muy poco tiempo.
Una hipótesis es que tal vez los refugien en algún pabellón evangelista, donde los pastores mantienen a raya tanto a los presos violentos como al propio Servicio Penitenciario. Pero los que conocen los penales dicen que tampoco la vida allí es sencilla porque la disciplina interna se hace sentir.
Claro, siempre está el recurso de pagar un VIP, lograr un trabajito de fajina en una oficina del penal o en el área de sanidad. Además, si los rugbiers terminan alojados con la población común, también deberán sobrevivir sometiéndose a las extorsiones de los pesos pesado de las ranchadas. Y eso durante años.
De ser condenados a perpetua por “homicidio agravado” ni siquiera está muy claro cuándo podrían pedir salidas transitorias o la libertad condicional. No hay mucha jurisprudencia. Su características de “primarios” (sin antecedentes) les juega a favor pero la calificación del delito podría complicarles la obtención de beneficios.
La verdad es que el panorama post sentencia se presenta complicado y complejo. Sin dudas pondrá a prueba un sistema penitenciario al borde del colapso que ya hace agua por varios costados.
GL
