Tras varios días de conflictos en el transporte público de San Miguel de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla dieron inicio a lunes con una reunión en la Casa de Gobierno. Tras el encuentro, la jefa municipal de la Capital confirmó una serie de medidas relacionadas a hacer frente a la problemática en el servicio.
La titular del Departamento Ejecutivo municipal (DEM) explicó a través de sus redes que, ante todo, charló con el mandatario provincial sobre su misión en Erfurt y Colonia (Alemania), donde la médica participó de la 4ª Conferencia de Cooperaciones entre municipios alemanes, latinoamericanos y caribeños. “Luego, dialogamos sobre la crisis del transporte público”, detalló Chahla.
La intendenta recordó que, semanas atrás, decidió enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que promueve la declaración del estado de emergencia en el ámbito del transporte público de la Capital. Además, indicó, se tomaron una serie de resoluciones.
La primera de ellas, dijo Chahla, es “aumentar de un 30% a un 50% el boleto estudiantil con fondos municipales”. Esta había sido una de las demandas de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
Luego, la jefa municipal ratificó que, “si es necesario el aumento del boleto, debería aplicarse posterior al ajuste salarial”, en alusión a las paritarias en general que se llevan adelante en el ámbito del Estado. Según el estudio de costos enviado por Aetat al Concejo Deliberante de la Capital, el pasaje mínimo, hoy fijado en $690, debería tener un valor de $1.490; sin embargo, los empresarios aceptan un precio de $940, en línea con ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata.
En tercer lugar, Chahla afirmó que en el municipio “licitaremos la línea 11 y progresivamente otras líneas”. La cuestión de las concesiones también había sido una de las demandas de Aetat, dado que las firmas prestatarias hoy cuentan con un permiso precario de explotación, lo que -según argumentaron- les impide acceder a líneas de crédito y con ello mejorar las unidades y el servicio. En ese sentido, la Intendencia ya remitió el pliego para avanzar con la renovación de la adjudicación de la línea 11, cuyos propietarios renunciaron al permiso precario en julio y permanecen operando a la expectativa de abandonar este recorrido.
Por último, la jefa municipal mencionó un cuarto punto. “Abriremos el Centro de Monitoreo de la Movilidad Urbana para control del servicio”, dijo. Y agregó: “como intendenta, reafirmo mi compromiso de continuar trabajando para mejorar el transporte para nuestros vecinos.
Claves del conflicto
1) Hace una semana, Aetat anunció una serie de medidas de emergencia ante la crisis económica. Las principales fueron la reducción de los servicios en un 40% en el ámbito de la Capital y el despido de 200 empleados. Hubo fuertes críticas hacia la gestión del municipio.
2) Los empresarios reclaman cuatro ítems: la suba del boleto, la normalización de las concesiones, el aporte de subsidios municipales (o la creación de un fondo de capitalización, que permita renovar las unidades) y el reajuste del boleto estudiantil gratuito que abona el municipio.
3) El gremio de UTA dio inicio el miércoles a un paro por tiempo indeterminado, en contra de los despidos. La medida de fuerza se levantó al día siguiente, luego de una reunión entre Aetat y funcionarios municipales en la que se acordó dar marcha atrás con las cesantías y pasar a un cuarto intermedio hasta esta semana.
