Cristina Kirchner afirmó en el alegato del juicio por la causa Vialidad que no cree que los cuatro detenidos por el atentado en su contra sean los únicos involucrados en el plan y en cambio planteó su sospecha sobre la existencia de un “autor intelectual” detrás de la “banda de los copitos”. La vicepresidenta apuntó a que dos abogados de uno de los presos eran hasta hace pocos días asesores de una diputada y un senador del Pro, una de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio.
“Lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron”, aseguró la vicepresidenta referirse a quien intentó dispararle, Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte, la amiga de esta última Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de algodón de azúcar coloreados.
La expresidente dijo que el “jefe de esta banda pequeña”, por Carrizo, tiene dos abogados eran asesores de un senador de la Nación, que se sienta a 20 metros de ella en el recinto de la Cámara alta. “Su asesor defiende a quien me quiso matar”, dijo Cristina Kirchner y completó con que la otra abogada era asesora de una diputada del partido que fundó Mauricio Macri.
Se trata de Gastón Marano, exasesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia bajo la recomendación de Ignacio Torres, senador de Pro. Tras conocer el dato, el legislador se distanció del letrado. Y de su socia Brenda Salva, a quien -después de un pedido del bloque del Frente de Todos-, la diputada Karina Etchel Bachey despidió como su asesora.
“Me siento en estado de indefensión en este país. ¿Cómo se sentiría doctor [Jorge] Gorini si le pasara lo mismo que a mi?”, deslizó Cristina Kirchner en alusión al juez que preside del tribunal de la causa Vialidad. Justamente la semana pasada fue descubierto en la puerta de la casa de Gorini, en Villa del Parque, un paquete sospechoso que fue detonado por la brigada de explosivos en la creencia de que era una bomba.
En ese contexto, Cristina Kirchner vinculó el atentado con estas acusaciones en su contra, porque dijo que la Justicia “da licencia social para que alguien pueda hacer cualquier cosa”.
El kirchnerismo, funcionarios del Gobierno y los investigadores del atentado contra la vicepresidenta tampoco creen que el ataque tenga como protagonistas exclusivos a este grupo de cuatro personas y nada más. Por eso es que se analizan dos grupos, uno ligado a un grupo de WhastsApp y otro de Telegram en el que podría estar la pista de quien está realmente detrás de los “copitos”, dijeron fuentes del caso a LA NACION.
El senador Oscar Parrilli, alter ego de Cristina Kirchner y titular del Instituto Patria, entendió que los presos son solo “los autores materiales” y dijo: “Lo que tenemos derecho a saber todos los argentinos es quiénes son los autores intelectuales, si los hubo”.
En el Gobierno, los funcionarios apuntan a grupos de ultraderecha antidemocráticos capaces de generar terrorismo. No ven ahí conexiones con la oposición, sino grupos anti-política que cargan contra Macri, Javier Milei, José Luis Espert o los legisladores de Juntos por el Cambio, además de contra el kirchnerismo. Sin embargo, la pista política no condujo a Revolución Federal, una agrupación de jóvenes de ultraderecha que tienen manifestaciones violentas en redes y en la calle.
En la Cámpora descreen de la teoría del “loquito suelto” que expuso Macri y hablan de jóvenes marginales con algún tipo de organización. Por eso es que apuntan en el kirchnerismo a buscar la financiación de estos grupos, aunque cuando fue preso Sabag Montiel y no llegaba a tener 25 pesos en el bolsillo y su novia Brenda contaba con menos de 80 pesos. La Proselac, que es la procuraduría especializada en lavado de dinero, está analizando esta pista para la causa que llevan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
Hablan en La Cámpora de grupos de Juntos por el Cambio detrás de los fondos de los libertarios por un trabajo de carpintería que cobró Jonathan Morel, el fundador de Revolución Federal, para un hotel neuquino por 1.760.000 pesos. En la organización que lidera Máximo Kirchner vinculan ese hotel con Nicolás Caputo, amigo de Macri, cuestión que el empresario negó ya que dijo que no conoce a Morel y que el propio Morel también negó.
La intervención de la AFI
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció en la Justicia federal el contenido de una transmisión vía Twitter Space de la que participaron Jonathan Morel y Ezequiel Castelli, un soldado voluntario del Ejército, ambos miembros de Revolución Federal, en la que proponían “infiltrarse” entre la multitud militante para matar a Cristina Kirchner. La información fue aportada por el titular de la central de espías, Agustín Rossi, al expediente que lleva adelante la jueza Capuchetti.
En el expediente judicial no hay ninguna prueba de la relación de los imputados con Revolución Federal. José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Kirchner en esta causa, deslizó sospechas sobre los abogados de Carrizo. “La teoría del loquito suelto se agotó. Este no es un hecho de un loco irresponsable que anda suelto. Parece que es un grupo de personas organizadas con determinado propósito”, dijo y agregó: “Si hay una mano detrás de esto, queremos saber cuál es la mano que guía a esa mano”.
Archivo
Ubeira sospecha que, además de la política, podría haber conexiones con los servicios de inteligencia inorgánicos y hasta con la Policía de la Ciudad, que tuvo un rol cuestionado por las autoridades del Gobierno en los días previos al atentado, por el operativo desplegado en la cuadra donde vive Cristina Kirchner.
El kirchnerismo viene apuntando, en particular, a un uniformado que filmó en la zona del departamento de Cristina y lo vinculó a los servicios de inteligencia. Desde la Ciudad aclararon que se trata de un oficial de la División Exteriores de Video, que se despliega cada vez que hay una manifestación donde puedan haber incidencias y que en todo momento estuvo identificado.
Sin embargo, las aclaraciones no le alcanzan al kirchnerismo para explicar lo sucedido. Un colaborador de La Cámpora apuntó: “Hay una dimensión muy oscura de lo que pasó. Lo del celular reseteado, lo de la intención de alquilar un departamento en Recoleta ¿Quién los ayudaba, quién los financiaba? Esas cosas no terminan de cerrar”.
