La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó hoy a los fondos buitre tras el fallo en Estados Unidos por YPF contra la Argentina y cuestionó la parcialidad de la Justicia del país del norte. “Hay un viejo aforismo que reza… ´Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad´”, lanzó desde su cuenta de X.
La mandataria hizo el descargo, tras un largo silencio en las redes sociales, con un video donde una congresista estadounidense señala que pudo haber falta de objetividad en un fallo que favoreció a un fondo buitre en detrimento de la Argentina, por parte de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Hay un viejo aforismo que reza… ´Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad´. Y si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2400 millones de dólares”, continuó la exmandataria.
Luego, cerró: “Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”.
En el video se puede ver cómo Ocasio-Cortez denuncia una posible connivencia entre un juez de la Corte Suprema del país del norte, James Alito, y el director de un fondo de inversión y multimillonario Paul Singer. En la foto que la congresista muestra se los ve juntos en un viaje de pesca.
Minutos después del posteo de la vice, el presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de X: “La denuncia de @AOC [Ocasio-Cortez] es gravísima y escandalosa. Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala @CFKArgentina . Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la Justicia aún hoy no investigó”.
Esta la primera respuesta que Cristina Kirchner le da al duro revés que recibió la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, cuando la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a los US$16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012 durante el último mandato de la líder de Unión por la Patria.
Preska definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La jueza rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes.
El pasado 8 de septiembre, día en el que el fallo fue difundido, Cristina solo reposteó las palabras del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en 2012 era viceministro de Economía y fue quien envió al Congreso Nacional la medida, que fue votada positivamente.
“Por nuestra Constitución Nacional, el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. En el caso de YPF, se votó por una inmensa mayoría. Después hay que pagar la indemnización. Así se hizo, y en este caso, el expropiado (REPSOL) aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales. Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución”, se quejó Kicillof.
En la sentencia de 25 páginas, la jueza Preska criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner y le dedicó un párrafo especial a Kicillof.
“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, destacó la magistrada en su sentencia.
En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones. Ahora resta que el Gobierno apele la decisión de la Justicia de Estados Unidos.