La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán. Se trata de la causa que se originó en la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento.
El escrito fue presentado por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 8, que tiene en sus manos la decisión sobre la realización del juicio oral. Uno de los argumentos claves a la hora de reclamar el cierre de esta causa tiene que ver con las visitas que concretaron los jueces de Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada cuando Mauricio Macri era Presidente.
Hornos y Borinsky fueron los magistrados que en 2016 decidieron darle impulso a una investigación que ya había sido desestimada previamente. El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Claudio Bonadio, que avanzó con la imputación de la ex senadora.
“Resulta imprescindible que las prácticas escandalosas que aquí han sido denunciadas (encuentros de magistrados con el Presidente de la Nación cuando al propio tiempo intervienen en causas en las que el gobierno explicita su interés) tengan como consecuencia inevitable una sanción procesal que determine la invalidez de todo lo actuado por tales jueces. Ello, sin perjuicio de las demás consecuencias penales y disciplinarias que el caso amerita”, sostuvo el escrito de la vicepresidenta.
Y añadió: “De tal manera, se habrá de sentar una base sólida para que de aquí en adelante tales comportamientos nunca más puedan ser repetidos, al menos sin tener en claro cuál es la consecuencia que de ellos habrá de derivarse. En esta misma línea se inscribe el criterio que acaba de adoptar el Tribunal Superior de Justicia de la República Federativa de Brasil, anulando los procesos sustanciados respecto al ex presidente Lula Da Silva, precisamente por violación al principio del juez natural”.
“En suma, se trata nada más ni nada menos que de asegurar un sistema de enjuiciamiento lo más sano posible, que le devuelva a la justicia la credibilidad que, lamentablemente, desde hace tantos años ha perdido”, se aseguró.
La ex jefa de Estado comunicó la presentación judicial en redes sociales junto a un video que denuncia la designación de “jueces a dedo” y “arbitrariedades”. Además, compara las denuncias en sus contras con los procesos que enfrentó Lula Da Silva en Brasil.
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(NA)
Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes.
La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier de Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, confirmó en mayo de 2016 el cierre de la denuncia.
Pero en Comodoro Py apareció una denuncia por traición a la patria para la entonces ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los legisladores que habían votado el Memorándum con Irán. Cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Se presentó además una prueba nueva: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.
El hecho escaló hasta Casación. Los jueces Hornos y Borinsky, como jueces subrogantes de la Sala I, fueron recusados por la defensa de Timerman, diciendo que ambos jueces estaban excusados de intervenir en el expediente sobre el ataque terrorista, su encubrimiento y los temas asociados. El planteo fue rechazado por los magistrados. El 29 de diciembre de 2016, Casación –con los votos de Hornos, Borinsky y Figueroa– resolvió ordenar la reapertura de la causa y apartar del expediente al juez Daniel , al considerar que su decisión de rechazar la reapertura de la denuncia fue “prematura, arbitraria y parcial”. Momentáneamente el expediente estuvo en el juzgado de Ariel Lijo hasta que finalmente el caso quedó anexado a la denuncia que tramitaba Bonadio.
El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.
A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidenta en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Sergio Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF y con aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.
El 30 de diciembre de 2018 falleció Héctor Timerman. La Corte Suprema confirmó en marzo de 2019 la prisión preventiva de la ex presidenta, al rechazar un recurso extraordinario porque no se trataba de una sentencia definitiva. La defensa de Cristina Kirchner nunca solicitó la excarcelación, como otros acusados.
El caso está ahora ante el Tribunal Oral Federal 8, con la intervención de los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las defensas vienen reclamando que se le tome declaración testimonial a Ronald Noble, el ex jefe de Interpol que siempre desmintió que estuvieran en riesgo las alertas rojas. Interpol hasta ahora no autorizó su testimonial. Para los acusados, esa prueba era clave para hacer caer la causa. Ahora, la aparición de estas visitas de jueces en Olivos plantean un nuevo escenario para renovar el pedido.
