Las únicas preocupaciones judiciales del Gobierno parecen ser las causas de Cristina y la designación de jueces adictos. El Gobierno activó en el Senado el debate para ampliar la cantidad de miembros de la Corte, olvidando que fue justamente Néstor Kirchner quien redujo de nueve a cinco la composición que ahora se quiere volver a cambiar. Modificar el tamaño de la Corte sólo exige mayoría simple en el Congreso.
Lo difícil es después designar jueces, ya que se requiere de los dos tercios. Si se cambia la cantidad de miembros obviamente se modifica la mayoría y eso puede paralizar el funcionamiento del Tribunal. Como 2023 es un año electoral, la Corte tiene el corriente año para insertar en la agenda fallos de alto impacto como el “derecho al olvido” de Natalia de Negri o el autocultivo de cannabis medicinal.
Otros tienen proyección política. La disputa entre la Ciudad y Nación por la quita de fondos coparticipables en 2020. El tema es así: Mauricio Macri benefició a la Ciudad subiendo los puntos de coparticipación de 1,4% a 3,75% en 2016, lo que generó el reclamo de los gobernadores. En 2020 Alberto cortó lo suyo. Ahora se discute cuánto le corresponde al Gobierno porteño. Hubo cinco reuniones de desacuerdos y ahora le toca decidir a la Corte.
Hay más de 50 recursos vinculados a procesos por corrupción. Cristina Kirchner tiene pendientes unos 20 vinculados a la causa de Vialidad en juicio oral. Cuestiona peritajes, cosa juzgada, competencia y una extensa serie de chicanas. Ninguno de los recursos podría hacer caer la causa, que está en la etapa final del juicio. Es una mala nueva para Cristina. También tiene en la Corte recursos por Los Sauces, el caso que involucra a sus hijos.
En este caso la prueba de fuego está en Casación, ya que deben resolver el inédito sobreseimiento a todos los acusados sin realizar el juicio dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 (con voto a favor de Daniel Obligado y Adrián Grunberg y en disidencia de Adriana Paliotti). Habría también una mala noticia para la vicepresidenta en Casación. Fallos que incidirían sobre la propiedad privada.
El que dispone una indemnización para los herederos de la familia Ciccone, las tierras del Ejército tomadas por los indios y los pedidos de los ambientalistas reclamando una enorme porción de tierras en el Norte para la protección del yaguareté. De esta manera, lo que queda claro es el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que hacer horas extras en los días por venir.
