Cristina Fernández ha sumado otro debate a su nutrida agenda de controversias. ¿Desechó la posibilidad de ser candidata en el 2023 al influjo del impacto emocional que le produjo la condena de seis años por corrupción? ¿O forma parte de una estrategia urdida con antelación para fortalecer su centralidad, blindarse a futuro y dejar definiciones electorales para más adelante?
Para intentar contrarrestar esas pruebas judiciales Cristina Kirchner expande sus frentes defensivos. El doméstico lo tiene. Va cosechando la solidaridad regional de los países que le interesan. Habrá una escenificación devaluada en la cumbre del Grupo de Puebla del lunes 19 que cerrará con un mensaje la vicepresidenta. Aquella devaluación refiere a que son todos ex mandatarios, con la excepción de Alberto Fernández.
En el caso de la condena a Cristina Kirchner, el TOF2 cotizó en casi $85 mil millones la cifra del perjuicio al Estado y el enriquecimiento. Dato que el kirchnerismo se esforzó por soslayar. Cristina no tiene en forma próxima ninguna posibilidad de ir a prisión. Ni impedimento, siquiera, para ser candidata. La épica no tendría el mismo condimento. De allí la necesidad imperiosa de inflamar su lenguaje.
No se trataría simplemente del lawfare. La vicepresidenta se colocó como víctima de un supuesto “pelotón de fusilamiento”. Luego ideó la teoría del “partido judicial” que estaría reemplazando en este tiempo de la historia al “partido militar”. Con la condena consumada, se largó a hablar de una “mafia”. Lula recibió durante su encierro marchas de apoyo de parte de sus fieles. En ningún caso desató una batalla, o incitó a desarrollarla, contra el Poder Judicial.
Cristina Kirchner ha terminado de evaluar que su experimento con Alberto Fernández en el Gobierno habría fracasado por la tibieza. “El tiempo de la moderación sirvió de nada”, comentó en una reunión con intendentes ultrakirchneristas. Podría tratarse de un regreso a las fuentes. “La contraofensiva”, susurran a su alrededor con trágica nostalgia setentista. Retomaría armas de sus dos mandatos anteriores.
La necesidad de una reforma judicial y un replanteo en el sistema periodístico que no comulga con su ideología. Entre el 2011-2015, bajo el eslogan “voy por todo”, pretendió aplicar la Ley de Medios, para imponer disciplina de pensamiento. Quedó varada en la Justicia. Después resultó derogada por Macri. Cuando regresó con la proa de Alberto Fernández, invirtió aquellas prioridades.
Fue prioritario el combate contra jueces y la Corte Suprema por su delicada situación con las causas de corrupción. La Cámpora simuló una apertura con los medios de comunicación que no le son afines. La condena, el intento de magnicidio del que fue víctima con cuya investigación permanece insatisfecha, y un viaje descubierto con espionaje ilegal de jueces, funcionarios y empresarios de comunicación, la hicieron volver sobre sus pasos. ¿Otra vez la guerra total?
Alguno de los asistentes al encuentro en Ensenada habría quedado inquieto. Las situaciones objetivas asoman muy distintas. Cristina tuvo inconvenientes con su primer experimento cuando gozaba de mucha popularidad y buen apoyo a su gestión. Ella misma ahora ha perdido crédito popular. Forma parte de un Gobierno, por otro lado, que padece una doble deslegitimación: de origen, en la figura de Alberto, y de gestión, según los resultados que están a la vista.
La hipotética contraofensiva de Cristina Kirchner chocaría con dificultades institucionales y políticas. El kirchnerismo, después de la condena, resolvió desconocer la existencia del Poder Judicial. Lo expresó como portavoz la senadora Juliana Di Tulio. También se mantiene el enfrentamiento con la Corte Suprema, entre otras cosas, por la integración del Consejo de la Magistratura.
Ese organismo entró en una parálisis después de un fallo del tribunal que la vicepresidenta desacató y de la suspensión del nombramiento de los representantes de Diputados en el organismo. Freno en el lugar donde se deben designar y destituir magistrados. ¿Con qué herramientas formalizaría la embestida contra la Justicia? Cristina tiene una mayoría ajustada en el Senado.
No la posee en Diputados donde ni siquiera la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, pudo todavía renovar su mandato. Las fragilidades sobresalen. Con tal paisaje y una coalición oficial repleta de intrigas emerge un doble interrogante. ¿Podrá Cristina Kirchner avasallarlo todo sin provocar un colapso en su propio gobierno? ¿Ese colapso no la colocaría en una situación objetiva peor de la que está? Se trata del embudo que tiene por delante.
