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Cristina, Máximo y Florencia fueron sobreseídos sin ser juzgados

Se trata del paso más “pornográfico” del plan de impunidad de la vicepresidenta que desde que volvió al poder enfoca buena parte de sus energías en “cerrar” o “suspender” las investigaciones en su contra

cristina máximo florencia
Cristina, Máximo y Florencia Kirchner

Opinión. “Lo que nos dejó la semana

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Justo en el último día de la semana, la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, lograron un triunfo judicial extraordinario. Fueron sobreseídos en dos de las causas de corrupción que más los preocupaban, evitando el juicio oral y público, la última instancia que debían transitar como el resto de los ciudadanos que se encuentran en un escenario procesal igual a ellos.

Los casos por los que no serán juzgados son conocidos como “Hotesur” y “Los Sauces”. En ambos se los procesó como parte de una asociación ilícita que utilizó sus empresas comerciales privadas para lavar dinero de origen ilegal, se supone, proveniente de fondos públicos. El Tribunal Oral y Público (TOF) Número 5 resolvió su sobreseimiento a pesar de que el fiscal ante el tribunal Diego Velasco había emitido un dictamen en el que rechazaba de modo rotundo el planteo que habían hecho los abogados de los Kirchner.

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Velasco defendió así no solo las normas del Derecho de la Argentina, sino además el trabajo y las pruebas acumuladas tras años de instrucción. Los casos “Hotesur” y “Los Sauces” preocupaban a la vicepresidenta porque en ambos no solo fue procesada ella misma, sino también sus hijos, el diputado Máximo y su hermana Florencia Kirchner. Ésta última no goza de la protección de los fueros como su madre y su hermano, vice y legislador nacional.

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Dos de los tres jueces del TOF 5 votaron a favor de beneficiar a la familia K: son Daniel Obligado y Adrián Grünberg. En disidencia se expresó la magistrada Adriana Palliotti. Tanto Obligado como Grünberg están identificados con la línea judicial vinculada al kirchnerismo, Justicia Legítima. Ambos jueces se inclinaban por resolver el sobreseimiento de los Kirchner, tal vez, porque el 30 de noviembre el doctor Grünberg deja su puesto en el TOF 5: estaba subrogándolo.

Los Kirchner fueron entonces sobreseídos sin ser juzgados. Se trata del paso más “pornográfico” del plan de impunidad de la vicepresidenta que desde que volvió al poder enfoca buena parte de sus energías en “cerrar” o “suspender” las investigaciones en su contra. Logró escenarios similares al actual en la muy sensible causa del Memorándum con Irán. Antes del juicio oral y público los jueces la “salvaron”.

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Aunque con otro espesor jurídico, una conclusión parecida tuvo también la causa en su contra conocida como “dólar futuro”. El nombre “Hotesur” se refiere a la empresa comercial que maneja el hotel más grande de todos los que tienen los Kirchner, el Alto Calafate. El caso “Los Sauces” se llama de ese modo porque así se denomina una inmobiliaria de la familia K que tiene todas las características de ser solo una sociedad cáscara.

hotesur
Hotesur

Ambos expedientes se unieron en un mismo juicio oral y público, finalmente nonato, debido a los cruzan maniobras similares. Los Kirchner decidieron adquirir de golpe una cadena de hoteles. Son tres en El Calafate y uno en El Chaltén. Néstor Kirchner pagó por el Alto Calafate casi cinco millones de dólares para adquirir ese comercio turístico a hombres con mucha experiencia en el mercado hotelero que se desprendieron de este negocio sureño debido a que generaba pérdidas.

Los Kirchner compraron esos hoteles, pero nunca los administraron. Le dieron el manejo a su socio, Lázaro Báez, que creó una sociedad especialmente para manejarlos, llamada Valle Mitre. La Justicia encontró infinidad de pruebas que muestran cómo Báez le pagaba alquileres exorbitantes por esos hoteles a los Kirchner, yendo a pérdida, pero enriqueciéndolos a ellos. Mientras al mismo tiempo él ganaba cuestionados contratos de obra pública por montos multimillonarios.

El caso “Los Sauces” no se denomina así por el hotel homónimo de la familia político-hotelera ahora sobreseída. En ese juicio también los Kirchner estaban acusados de lavar dinero pero no a través de emprendimientos turísticos: “Los Sauces” se llama también una inmobiliaria con la que familia de la vice compró varias propiedades en la Capital Federal, entre otros lugares, para alquilarlas.

Los dos mayores inquilinos, otra vez pagadores de rentas demasiado altas para el mercado nacional, eran Báez y otro empresario que hizo crecer su fortuna en los años de esplendor de la gestión Kirchner, Cristóbal López. La inmobiliaria “Los Sauces” no tiene domicilio, ni oficinas, no está, pero generaba ganancias. Tiene un solo empleado. Es Ramón Ángel Díaz , el jardinero que cuida el magnífico parque que la vice posee en su casa de El Calafate.

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Florencia Kirchner se vio involucrada en estas dos tramas y le fueron embargados casi seis millones de dólares. Las irregularidades entre la cadena hotelera K y su inmobiliaria son una infinidad. Hay documentos, testimonios, pruebas que los podrían haber complicado en un juicio oral y público que, por decisión de dos jueces, no se hará. Ni en “Hotesur”, ni en “Los Sauces”, ni tampoco en la instancia oral de estos juicios, lo que se veía parecía ser lo que era.

Detrás de la potencia inmobiliaria de los Kirchner y sus socios había empresas “fantasmas” aunque con cuentas bancarias llenas. El juicio que debían enfrentar la vice y sus hijos, salvo por las actuaciones del fiscal Velasco y la jueza Palliotti, también iba a ser un proceso como el resto de los que se desarrollan en una Argentina donde todos son iguales ante la Ley. Juicio no habrá. Los Kirchner sobreseídos sin dar explicaciones a la ciudadanía y sobre todo al Poder Judicial que los acorralaba en estos casos. Suficiente. Para ellos.

Cerrar casos contra Cristina Kirchner es una burla a la sociedad y a la Justicia. La ley no puede ser lo que Cristina quiere que sea. Esta causa es la que más le importa porque incorporó en la operatoria a sus hijos. Lo que está claro en la semana que pasó para no volver jamás, es que en la Argentina apenas quedan unas pocas leyes sin violar. La de gravedad, y alguna otra que la física impide soslayar.

De ahí hacia abajo, toda la arquitectura legal del país apenas funciona como una mera recomendación. Eso es lo que quedó confirmado el pasado viernes, cuando ese yermo paisaje recibió un baño de nafta seguido por un fósforo: pese a que durante años se acumularon copiosas pruebas contra ella en dos expedientes paralelos sobre lavado de dinero, Cristina Kirchner acaba de ser sobreseída sin ningún juicio.

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En ese marco, es cierto que bien se podría decir que se trata del último, pero mucho más grave capítulo de una nueva y excepcional “doctrina Cristina”, según la cual las audiencias orales durante las cuales se exponen públicamente las pruebas y testimonios que un tribunal analiza para determinar si los acusados serán declarados culpables o inocentes, sencillamente no ocurren.

Traducido, en cualquier proceso penal, el juicio oral y público es el momento cúlmine, el acto central de un circuito que comienza con la instrucción y luego de la sentencia puede continuar con apelaciones a la Casación y eventualmente a la Corte. Pues bien; por tercera vez en siete meses, la vicepresidenta consiguió violentar los preceptos del Código Procesal Penal y desligarse de pesadas acusaciones sin que se expongan ante la sociedad las pruebas por las cuales cargaba esas imputaciones.

Ante la desconcertante resolución del pasado viernes, una pregunta sensata obliga a averiguar cómo fue posible que el republicano sistema de frenos y contrapesos no haya podido alertar sobre ella y eventualmente evitarla. La respuesta es más inquietante aún. Todos los agujeros, dobleces y fallas que el Poder Judicial exhibe diariamente, ante la impaciencia de una sociedad que reclama respuestas, permitieron y hasta favorecieron la vidriosa jugada con la que el TOF 5 busca ayudar a Cristina Kirchner para evitarle uno de los juicios más peligrosos para ella.

Los elementos de esa tormenta perfecta se conjuraron ahora para imponerse a una increíble cantidad de pruebas coincidentes que avalan las gravísimas acusaciones contra Cristina Kirchner, sus hijos y los contratistas favoritos del poder Lázaro Báez y Cristóbal López. Es el dispositivo judicial de impunidad diseñado por Carlos Menem y perfeccionado con los años y los gobiernos, para que los tribunales terminen siendo garantía de protección a los corruptos más que un límite que los disuada, la historia reciente impide cualquier otra interpretación.

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