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Cuadernos: el juez le consultó a Stornelli si tiene las declaraciones grabadas de los arrepentidos

Es consecuencia del planteo de las defensas para anular la causa que la tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita

Carlos Stornelli, fiscal federal (foto de archivo: Federico Agustín Sabalette)
Descacharreo

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi instó al fiscal Carlos Stornelli a informar “con carácter de urgente” y en 48 horas si cuenta con registros fílmicos o digitales de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, revelaron fuentes judiciales. El pedido de Martínez de Giorgi responde al requerimiento de la Cámara Federal de Casación Penal y que tiene que ver con los pedidos de las defensas para que se declare la nulidad de la causa. La vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada en el expediente en el que se investigó una asociación ilícita de recaudación ilegal sobre empresarios que hacían negocios con el Estado.

Según dejó asentado Martínez De Giorgi, por secretaría se informó que “no surge” del expediente “que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la ley 27304”.

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“En función de lo informado en la constancia que anteceden lo requerido por la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, córrase vista al titular de la fiscalía Federal 4 a fin de que informe con carácter de urgente y en el plazo de 48 horas sí cuenta con registros fílmicos digitales y otros medios técnicos en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en estas actuaciones en el marco de acuerdo de colaboración previsto en el artículo 6 y 7 de la ley 27.300”, dispuso el subrogante del juez Claudio Bonadio, fallecido en febrero pasado.

La orden, firmada en el día de ayer, recién fue notificada hoy en el expediente, confirmaron fuentes judiciales. Ahora, Stornelli deberá dar una respuesta. En función de eso, los pasos a seguir dependen de la Sala I de Casación, que está presidida por la jueza Ana María Figueroa e integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

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El domingo, Infobae reveló el pedido de Casación en busca de esas grabaciones, consecuencia directa de la audiencia que había tenido lugar el jueves pasado en donde cuatro defensas, entre ellas la del ex ministro de Planificación Julio De Vido, dispararon sobre la causa cuadernos y reclamaron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, su aplicación en este caso concreto y también la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración del primer arrepentido.Oscar Centeno, el autor de los cuadernos Oscar Centeno, el autor de los cuadernos

No es un detalle al pasar. Precisamente, el primer arrepentido fue Oscar Centeno, el autor de los cuadernos que escribió datos minuciosamente durante años cuando trabajaba a las órdenes de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, y lo describía juntando dinero entre empresarios que tenían negocios con el Estado o pretendían tenerlos.

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Con la detención de Centeno, el 1 de agosto de 2018, Bonadío ordenó una docena de allanamientos y arrestos para ex funcionarios y empresarios. Ahí explotaba el caso cuadernos, que derivó en que otros hombres de negocios y del ex gobierno de Néstor y Cristina Kirchner convocados a declarar como imputados, eligieran arrepentirse para evitar ser arrestados o conseguir la libertad si ya habían sido detenidos.

El artículo 6 de la Ley 27.304 establece: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. El artículo 7 prevé los requisitos formales, en donde asegura que “el acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar con claridad y precisión” qué hecho se le atribuye, las pruebas que aportó y el beneficio que se le otorgará en función de la colaboración prestada.

En estos dos años de juicio, las filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos nunca aparecieron. Los protagonistas de esos acuerdos aseguran, en voz baja, que nunca los grabaron. El fiscal Jorge Di Lello, que intervino en una investigación contra Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, por los fondos que recibió La Cámpora y que habrían salido de los viajes de Centeno, terminó dictando el sobreseimiento. Dijo que la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas José López -condenado por los bolsos millonarios que llevó a un convento- no había cumplido con las formalidades de la ley del arrepentido porque no había registros de sus dichos y por lo tanto no se podían contrarrestar ni conocer el contexto de su declaración. El sobreseimiento de Máximo Kirchner y Wado de Pedro fue firmado en diciembre último por la jueza María Servini.

Hasta ahora, ni el juez Bonadio ni la Cámara Federal habían permitido los cuestionamientos de las defensas al rol de los arrepentidos. Pero el caso llegó a Casación y su debate estaba pendiente de análisis desde hace tiempo. Incluso, hubo un tironeo entre salas de Casación sobre quiénes eran los jueces que debían analizado el expediente cuadernos. Pero cuando finalmente la causa 9608/2018 quedó en manos de los jueces de Sala I y la jueza Figueroa fijó una audiencia para los primeros días de abril para escuchar a las defensas, llegó la pandemia y la audiencia se demoró más de medio año.infobae-image

Finalmente, el jueves en una audiencia en la que participó este medio, hicieron oír sus quejas las defensas de De Vido, Hernán Gómez -ex funcionario de Planificación que estuvo preso cinco meses-, Gerardo Ferreyra -el ex dueño de Electroingeniería que fue incluido en la asociación ilícita- y Juan Lascurain -el ex titular de la Unión Industrial Argentina ya condenado en la causa Río Turbio y quien estuvo presente frente a los jueces de Casación-.

Los defensores de De Vido, Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, sostuvieron que esa ley nunca se debió haber aplicado, entre otras cosas por la retroactividad: la ley se aprobó en 2016 y los hechos investigados fueron entre 2003 y 2015. Pero además, afirmaron que no se cumplió con otro requisito como son los registros fílmicos. Y solicitaron que se requiera al juzgado 11 las copias de esas grabaciones para que quede expuesto en el caso. Figueroa, en su rol de presidenta, formalizó el pedido que ahora Martínez De Giorgi hizo extensivo a Stornelli, confirmaron fuentes judiciales.

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