Luego de que la maxima autoridad de la legislatura, se sintiera ofendido, debido a que el juez de impugnación Enrique Pedicone expresó su malestar para con la institución que lo juzgará, por haber denunciado al vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, las repercusiones continúan. En ese marco, cabe preguntarse ¿Cuál es la honorabilidad de la Legislatura que ofendió Pedicone? Una incógnita que debería ser respondida por sus autoridades.
Pero antes, deberían dejar a un lado la sobreactuación expuesta en la carta que le enviaron a la presidenta de la Corte Suprema, la Dra. Claudia Sbdar, y responder cuál es la honorabilidad de la Cámara legislativa que dice que ofendió Pedicone. Más aún, el contador que maneja la Legislatura provincial como su propia casa, es decir, con mano de hierro, tendría que brindar a la ciudadanía tucumana una serie de aclaraciones.
Para empezar, ¿Cómo puede una institución que cobija en su seno a uno de sus integrantes, siendo que el mismo se encuentra procesado por causas de corrupción? Pero, además, tiene confirmado por la mismísima Corte Suprema la elevación firme a juicio oral y público. Y también su entorno más cercano tiene que rendir cuentas ante la Justicia por la misma causa. Es la misma institución la que alega ahora que fue ofendida.
Más ofensiva resulta la protección que le otorga al legislador Jorge Yapura Astorga, alguien que, como relatamos desde Tucumán Despierta, ha gozado de la impunidad que la misma Justicia le otorga al no haber fijado hace tiempo la fecha y hora del comienzo de su juicio. ¿Acaso se trató de una jugarreta la de haberle fijado el juicio a sabiendas de que nunca jamás se llevaría a cabo en los hechos, debido a que se tenía pensado no avanzar con la causa?
El caso es que el deplorable legislador encontró ayuda en otros cuatro integrantes del oficialismo a la hora de pergeñar nada más ni nada menos que un golpe de Estado. Así es, un aprovechamiento del hecho de que el intendente de Tafí del Valle esté enfermo de coronavirus para poder hacerse, por la fuerza de la conducción del municipio a pesar de que se trata de un verdadero atropello institucional.
Pero claro, no se trata del primero que se comete desde la Legislatura, cuando decidió enjuiciar al juez Enrique Pedicone por osar desenmascarar las espurias relaciones institucionales entre el poder político y la Justicia. El colmo de la desfachatez fue la protección al vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, acusado por el propio Pedicone de haber realizado tráfico de influencias en favor de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo.
¿Todavía tendrá motivos el presidente de la Cámara para defender la Legislatura? La desvergüenza llega al punto de que todo la anteriormente mencionado, se llegue a barrer debajo de la alfombra sin que nada importe y que cínicamente se sobreactúe una ofensa que no es tal a la luz de los acontecimientos. Claramente Tucumán no ha hecho más que profundizar su cultura feudal castigando toda disidencia y premiando lealtades que van en contra de los intereses del pueblo.
