El 19 de octubre el Concejo Deliberante capitalino fue el escenario de la última sesión de los ediles del período 2019-2023, que conformaron el cuerpo durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro (Juntos por el Cambio). En ese encuentro se aprobaron ocho proyectos de ordenanzas y una resolución (que habilita el inicio de la licitación para la recolección de basura). Una de las iniciativas fue presentada sobre tablas -no figura en el orden del día- y se votó a libro cerrado -no fue discutida en el recinto-. Esta situación llamó la atención de unos pocos. Pero días después repercutió, entre muchos, en el Municipio.
La iniciativa alertó al equipo económico y legal de la nueva intendenta, Rossana Chahla (Unión por la Patria). Se trataba de la modificación de la norma N°570/80, conocida como “Ordenanza de Contabilidad” y abarcaba 22 de los 127 artículos del texto.
Lo que primero encendió las alarmas de los flamantes ocupantes de 9 de Julio y Lavalle es que no se cambiaban aspectos de una norma cualquiera, sino que es una de las que son clave para la organización del Estado municipal dado que tiene que ver con la administración financiera, con la hacienda pública. Aborda asuntos amplios que van desde la recaudación, la disposición y el resguardo de los recursos hasta la regulación del régimen de compras, de las contrataciones o de la venta de bienes de la Ciudad.
Especialistas municipales detallaron que los Concejos son parte de la administración central. Detectaron que las modificaciones implicaban una cuasi escisión del Cuerpo deliberativo y su tratamiento como una especie de organismo descentralizado, que tienen otra jerarquía y autonomía desde el punto de vista de los fondos.
Se analizó la posibilidad de una medida parcial, pero la jefa municipal decidió imponer el veto total.
Explicaron que entre los errores conceptuales y contradicciones que dicen haber encontrado, el más polémico era uno que ordenaba que podían librar pagos y que estos tenían que ser pagados con preferencia ante otros gastos municipales. En la comunicación del veto enviada al Concejo, hace una semana, se detalla también que se pretendía la incorporación del presupuesto del Concejo al Presupuesto General “sin modificaciones”; la disposición de los bienes afectados al Concejo y que se sumaba la facultad de establecer y modificar las escalas de contrataciones.
Entre los dirigentes más avezados del chahalismo la sospecha inicial fue que se había tratado de una jugada política que buscaba pasar inadvertida ante los ojos de la nueva gestión y asegurar, así, un caudal de fondos para el Concejo. Los llamados y reuniones entre el ejecutivo y el legislativo capitalinos proliferaron. Con el paso de los días y del diálogo, los chispazos se diluyeron y los tantos se aclararon.
Fuentes del cuerpo vecinal afirmaron que hubo un malentendido y que no quisieron pasar por encima del Departamento Ejecutivo. Consignaron que quisieron evitar pasar por inconvenientes como durante la gestión alfarista. “Alfaro nos retaceaba o demoraba los fondos por motivos políticos. La idea fue proteger el envío de fondos del Concejo durante las gestiones que vienen”, explicó un ex edil. Otro representante vecinal reconoció que el texto fue elaborado por áreas técnicas y que hubo términos tanto “mal usados y mal interpretados”. Se escuchó también mencionar puertas adentro de la bancada peronista que el Concejo buscará hacerse respetar y que si bien colaborarán con el nuevo gobierno, esto no implicará un alineamiento permanente ni que se anulen posturas que puedan ser encontradas en eventuales temas a tratar.
Con las aguas ya calmadas tras el encontronazo, se habrían acercado posiciones y existiría la intención de ambas partes de trabajar en la actualización conjunta de la “Ordenanza de Contabilidad”, que data de la década de los 80’. Se formaría, para ello, una comisión de trabajo.
Otras iniciativas
En la misma sesión también se aprobó una serie de ordenanzas que generan incógnitas en el Ejecutivo. Los textos están en revisión, porque algunos de ellos resultarían de difícil aplicación, explicaron, no por falta de voluntad o porque no sean importantes, sino por cuestiones presupuestarias, de prioridades o de logística. Además, la nueva gestión lleva apenas 15 días de ejercicio y trabaja en los nuevos lineamientos y en el trazado de políticas de Estado.
En el listado aparecen:
– La creación de espacios sensoriales en todos los teatros de la ciudad
– La concreción de una ciclovía que una San Miguel con Yerba Buena y Banda del Río Salí.
– La obligatoriedad de que las visitas guiadas en la ciudad sean cumplidas por inscriptos en el Colegio de Graduados en Turismo.
– La puesta en marcha de una plataforma gratuita tipo “Marketplace” de Turismo para prestadores de la actividad.
– Un programa municipal de hidroterapia.
– La colocación de un espacio conmemorativo de la Democracia en la plaza Yrigoyen, con monolitos de Pedro Riera y Ricardo Alfonsín.
– La creación de un Observatorio Municipal de Medio Ambiente.
