Después del garrafal error que, en medio de las negociaciones con el FMI, cometió semanas atrás Alberto Fernández cuando, durante su visita a Vladimir Putin en Moscú, cuestionó a los Estados Unidos y sostuvo que la Argentina podía ser la “puerta de entrada” para Rusia a América Latina, la Cancillería pareció ofrecer una señal diferente, tal y como se pudo ver en la mañana de ayer.
Justamente, cuando los principales países del mundo ya habían condenado las operaciones bélicas de Rusia en territorio ucraniano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, emitió una declaración en la que llamó “a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, luego de señalar que “las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica”.
Llamativamente, anoche se conoció una declaración firmada por las embajadas de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y el Reino Unido en la Argentina en la que se consigna que “todos los países con voluntad democrática deben exigir a Rusia el cese de esta agresión, que supone una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos universalmente reconocidos”.
Algunos embajadores abogaron en las primeras horas de ayer por emitir una declaración más fuerte hacia la Argentina, pero el comunicado dado a conocer por la Cancillería, cerca de las 10 de la mañana, modificó esa postura original. La declaración de la Cancillería, que se animó por primera vez a pedirle a Rusia que deponga su actitud beligerante, permite advertir un giro en materia de política exterior.
Es probable que ese giro obedezca a la necesidad del apoyo político que el gobierno argentino precisa de otros países, encabezados por Estados Unidos, en su ardua negociación con el FMI tendiente a refinanciar la deuda de unos 44.000 millones de dólares con ese organismo. El conflicto internacional en Ucrania podría agravar las cosas. La pregunta es a cuánto debería ser llevado el ajuste en las tarifas para compensar el crecimiento que experimentarán los costos por la importación de gas tras la invasión rusa.
Tal interrogante surge del hecho de que, si bien la Argentina podría beneficiarse por el incremento del precio de los cereales y oleginosas derivado del conflicto bélico y de la consecuente merma de su oferta, también sufriría los crecientes costos de la importación de energía. No debería haber para la Argentina un impacto fuerte por las sanciones internacionales al comercio de mercancías o a empresas de origen ruso.
Por cuanto solo el 1% de las exportaciones de nuestro país tiene como destino Rusia, al tiempo que hay pocas inversiones rusas en la Argentina. Paralelamente, como Europa limitará sus importaciones de energía desde Rusia, el Viejo Continente requerirá buscar otros mercados como proveedores. De allí el potencial que podría tener la Argentina como opción para suplir parte de esa futura demanda de Europa. La triste realidad es que, si bien la Argentina cuenta con grandes reservas energéticas, las desacertadas políticas y la falta de inversiones la han convertido en importador de energía.
